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enero 3, 2012

PERÚ: Minería, no va



II
El problema de la minería en el Perú no es de ahora, sino de décadas, los problemas más destacados que se presentan en la minería son dos:
Primero; la explotación laboral a los obreros con salarios, no mayor de 15 dólares diarias, fluctuadas entre 8 horas a 16 horas por día laborado. Estas transnacionales también cometen abusos de vivienda y alimentación.
A los obreros no les permiten organizarse en sindicatos, al mínimo intente de organización sindical son expulsados de dichas empresas, los obreros están con un sistema de acuartelado “similar al ejercito”, les tienen en constante amenaza, no se le permite reuniones y/o conversaciones con más de 3 personas, si se da el caso son dispersados por los elementos de seguridad de dichas empresas, muchos de los obreros por mantener su estabilidad laboral, aceptan dichos abusos de las transaccionales mineras.
Casos que se viene dando en las transnacionales mineras del sur peruano como son minera arcata, minera ares, minera Pallancata, minera Selene del grupo Hochschild, así mismo minera bateas, minera arirahua, en este último en el 2009 y 2010, expulsaron a dirigentes que venían conformando el sindicato minero arirahua, sin un minio derecho laboral.

Segundo; es la contaminación minera, la minería en su conjunto produce toda una serie de contaminantes gaseosos, líquidos y sólidos, que de una forma u otra van a parar al suelo. Yanacocha en Cajamarca es un claro ejemplo, donde numerosos estudios dan cuenta de la contaminación del río Porcon, de los canales Collatán y Quishuar con metales pesados además del derrame de 151 Kg. de mercurio en el centro poblado de Choropampa el 2 de junio del año 2000, afectando a más de 1200 personas, en su mayoría mujeres y niños, los cuales reclamaron atención médica especializada, limpieza de los rezagos de mercurio y un seguro de vida.
Es la región Cajamarca que está situada a 2720 msnm, en la vertiente oriental de la Cordillera de los Andes, en la sierra norte del país, se emprendió en estos últimos meses jornadas de lucha en contra de la contaminación medioambiental, de los proyectos mineros y los futuros, como el caso del proyecto conga, que no va, porque el proyecto Conga destruirá alrededor de 4 lagunas, que quieren reemplazarlas por 4 reservorios, que no son iguales, las lagunas son un ecosistema múltiple, compleja y los reservorios no sirven para remplazar de manera integral los servicios medioambientales.

III
La minería en el Perú no va más, por depredadora de nuestro territorio, esta minería que toma de las tierras su materia prima creando residuos y enviando sus productos a la biosfera y así amontonando relave minero con esto nos dejan una herencia terrible de veneno y destrucción.
La minería en el Perú no va más, por su exploración laboral, inhumana a los obreros y por ser un atraso para la agricultura peruana.
Que el gobierno no “engañe” con el crecimiento del PBI (Producto Bruto Interno), que este crecimiento solo es para un puñado de gobernantes, empresarios, mas no así para los explotados, oprimidos y excluidos por el sistema.

enero 2, 2012

Bolivia, el difícil camino de los bosques y la madera



Horas antes de finalizar 2011, la V división del Ejército, acantonada en Roboré, decomisó 194 postes de chuchi, una madera preciosa de la región de Chiquitania, famosa por la calidad de los árboles que allí crecen.

La referida división constituye apenas una de las que trabaja en coordinación con la Agencia para el Desarrollo de las Macroregiones y Zonas Fronterizas (Ademaf), con la intención de evitar la fuga de productos bolivianos y la entrada de otros de manera clandestina.

La madera constituye uno de los productos de mayor demanda allende las fronteras del Estado Plurinacional y en 2011, por ejemplo, lograron recuperarse más de 220 mil piezas, aunque esa cifra, según analistas, dista del total que se logró extraer.

Bolivia es el sexto país del mundo en cantidad de bosques naturales tropicales y sus áreas boscosas representan el 10 por ciento de las de Suramérica, sin embargo a pesar de contar con la Ley Forestal 1700, desde 1997, el tráfico de maderas preciosas no ha logrado controlarse.

Fiscalizar 53 millones de hectáreas, casi la mitad del territorio boliviano, y a 50 mil usuarios resulta una tarea demasiado engorrosa, una de las causas por las cuales la mitad de la madera que se produce en la nación es clandestina.

El país del altiplano cuenta con el mayor bosque tropical certificado del planeta -un millón de hectáreas- con una ubicación privilegiada en la cuenca del Amazonas, lo cual garantiza su desarrollo sostenible.

A pesar de las fugas y la tala indiscriminada, Bolivia controla la mayor parte de sus bosques y los ciclos de rotación de la madera están establecidos para cada 20 años.

La mitad de los bosques se encuentran en reservas o territorio indígena y unas 200 variedades son consideradas preciosas, entre ellas las muy codiciadas cumarú/almendrillo, jatoba/paquio, cambará, cedro, mahagony, caoba, roble y la mara.

Regiones específicas constituyen caldo de cultivo de las ilegalidades en la tala de árboles y explotación desmedida, muchas veces por empresas extranjeras, que actúan clandestinamente, entre ellas en el Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure (Tipnis), centro de una polémica por la construcción de una carretera.

En noviembre pasado, la Autoridad de Bosques (ABT) dejó sin efecto los contratos, con empresas privadas, para talar en unas 79 mil hectáreas, otorgados con anterioridad para ese fin en el Tipnis.

Mientras, el Servicio Nacional de Áreas Protegidas reveló que en los últimos años el avance de las plantaciones de coca dentro del Tipnis puso en peligro grandes extensiones de bosques.

Los indígenas de la zona culparon de la deforestación a los cocaleros, quienes con el objetivo de plantar coca la emprenden continuamente con las áreas boscosas.

Situaciones similares se repiten en otros lugares de la nación, pese a lo cual, las reservas forestales de Bolivia, y sobre todo sus especies preciosas, constituyen un orgullo de la nación.

enero 2, 2012

COSTA RICA: Peligra el empleo público

Sin perjuicio de que en próximos días profundicemos sobre la naturaleza perversa de este decreto, percibimos una intencionalidad "estandarizadora" de todas las condiciones de empleo público en todo, y ¡en todo!, el sector Público; atisbos hacia la imposición del concepto de "salario único" en el Gobierno Central y más allá de él; imposiciones tecnocráticas para la fijación de incrementos e incentivos salariales, específicamente, para crear las condiciones "técnicas" hacia congelamientos salariales sectoriales y hasta generales. En fin, creemos que esta es una intentona de una "Reforma del Estado" verticalista, autoritaria y, sobre todo, de corte neoliberal clásico.

Le hacemos un llamado a usted compañero trabajador del sector Público, a usted compañera trabajadora del Sector Público; a usted como anepista, a usted como sindicalista asociada a alguna agrupación; a todas las organizaciones laborales estatales para que, conjuntamente, nos enfrentemos a esta provocación gubernamental en contra de la clase trabajadora asalariada del sector Público, ya sea que esté gremializada-sindicalizada o que no lo esté.

Denunciamos públicamente esta intentona de crear condiciones para despidos masivos en la Administración Pública, anuncio que ya efectuara días atrás don Fernando Herrero Acosta, Ministro de Hacienda, enfurecido porque el "mamarracho" de paquetazo tributario que promueve su Gobierno no está avanzando como quisiera.

Lea el decreto. Ubíquese en su contexto laboral-institucional, vea los alcances pretendidos y comprobará que se trata de una intentona de "Reforma del Estado" verticalista, "por la cocina", a espaldas de la gente trabajadora de la Administración Pública y con perspectiva generalizadora, más allá del Gobierno Central y del propio Servicio Civil, el cual queda reducido con este decreto a un "organismo de asistencia técnica".

¡Alístese a luchar!
SU EMPLEO PELIGRA
ANEP
___________________________________________________

Nº 36857-MP-PLAN-H

LA PRESIDENTA DE LA REPÚBLICA
EL MINISTRO DE LA PRESIDENCIA, LA MINISTRA
DE PLANIFICACIÓN NACIONAL Y POLÍTICA
ECONÓMICA, Y EL MINISTRO DE HACIENDA

Con fundamento en las atribuciones que les confieren los artículos 140, incisos 3), 8), 18) y 20) y 146 de la Constitución Política; los artículos 4º; 25, inciso 1); 27, inciso 1); 28, inciso 2), acápite b); 100, inciso 1); 113, incisos 2) y 3) de la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública del 2 de mayo de 1978; los numerales 2, 16 y 17 de la Ley Nº 5525, Ley de Planificación Nacional del 2 de mayo de 1974, el artículo 16 de la Ley Nº 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público del 24 de febrero de 1984 y sus reformas; Ley Nº 1860, Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.

Considerando:

1º—Que en la Asamblea Nacional Constituyente de 1949, prevaleció la intención de establecer un régimen laboral administrativo, distinto al régimen de empleo privado -regido por el Código de Trabajo- que respondiera a las especiales particularidades de la función pública, todo con el propósito de proteger al trabajador de las destituciones arbitrarias, dotando al empleo de continuidad y estabilidad; así como tender a la profesionalización de la función pública, a través de mayor eficiencia e idoneidad en el funcionario.

2º—Que la Asamblea Constituyente de 1949, optó por elevar a rango constitucional el régimen especial de servicio de empleo del sector público que denominó Servicio Civil a través de los numerales 191 y 192 constitucionales como un cuerpo legal regulador del servicio público que desarrolle las garantías mínimas establecidas en la Constitución Política. De conformidad con el Estatuto del Servicio Civil, el Poder Ejecutivo deberá ajustarse a dicha normativa en lo que respecta a la integración de personal de conformidad con las atribuciones conferidas de forma exclusiva a la Dirección General del Servicio Civil.

3º—Que las regulaciones sobre las relaciones de empleo del sector público en otros Poderes del Estado, así como en la Administración Descentralizada, se encuentran fragmentadas por la existencia de regímenes diferenciados, algunos de los cuales corresponden a entes públicos con la garantía constitucional de autonomía política.

4º—Que la legislación de entidades públicas con un régimen laboral propio, diferente al Estatuto de Servicio Civil, ha introducido variantes relevantes ocasionando desigualdades en el empleo del sector público, en aspectos como, las clasificaciones de puestos, salarios, sistemas de información, y enfrentan retos para implementar enfoques de competencias y evaluación del desempeño por méritos y por productividad del servidor público.

5º—Que la Contraloría General de la República ha efectuado en los últimos años una serie de estudios de fiscalización, entre ellos DFOE-PGAA-04-2009 y DFOE-PGAA-IF-65-2009; que han analizado y emitido disposiciones a la Presidencia de la República en temas referentes a requerimientos regulatorios de rectoría y gestión del Estado en materia de empleo del sector público, en procura de la eficiencia administrativa. Dichos estudios pretenden la definición de una rectoría política en materia de empleo del sector público cuyo ámbito abarque todos los órganos y en entes públicos, según corresponda.

6º—Que la Ley Nº 6227, Ley General de la Administración Pública, publicada en el Alcance Nº 90 a La Gaceta Nº 102 del 30 de mayo de 1978, en su artículo 4º dispone que la actividad de los entes públicos deberá estar sujeta en su conjunto a los principios fundamentales del servicio público, para asegurar su continuidad, su eficiencia, su adaptación a todo cambio en el régimen legal o en la necesidad social que satisfagan y la igualdad en el trato de los destinatarios, usuarios o beneficiarios.

7º—Que el Sistema Nacional de Planificación, creado mediante Ley Nº 5525, Ley de Planificación Nacional, tiene dentro de sus objetivos procurar estudios, análisis y recomendaciones sobre el desempeño del Estado y sus instituciones, especialmente en aspectos relacionados con sus recursos humanos y el mejoramiento de la Administración Pública.

8º—Que la Ley Nº 8131, Ley de Administración Financiera de la República y de Presupuestos Públicos, publicada en La Gaceta Nº 198 del 16 de octubre del 2001 en el ámbito de competencias y atribuciones del Sistema de Administración Financiera de la República, cuya rectoría de acuerdo con el numeral 27 corresponde al Ministerio de Hacienda, ha establecido funciones relevantes vinculadas con la materia de empleo del sector público dada la necesaria articulación con los temas presupuestarios de los entes y órganos integrantes del sistema.

9º—Que la Ley Nº 8131, en su artículo 21 señala que la Autoridad Presupuestaria -integrada por el Ministerio de Planificación Nacional, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Trabajo- tiene como una de sus funciones específicas, formular directrices en materia de empleo, incluyendo las relativas al nivel de empleo en el Sector Público y velar por su cumplimiento, y el numeral 16 de la Ley Nº 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público, dispone que la Autoridad Presupuestaria es la encargada de fijar los lineamientos en materia de empleo del sector público, incluyendo límites al número de puestos por institución. Por tanto,

Decretan:

CREACIÓN DE RECTORÍA POLÍTICA EN MATERIA
DE EMPLEO DEL SECTOR PÚBLICO

Artículo 1º—Rectoría. Se otorga la rectoría política en materia de empleo del sector público a la Autoridad Presupuestaria con el principal objetivo de proponer directrices y políticas en materia de empleo, salarios e incentivos para el sector público, eficaces. En el ejercicio de sus funciones contará con el apoyo obligado de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria y la Dirección General del Servicio Civil.

Artículo 2º—Características del sistema de empleo del sector público. En el ejercicio de la dirección política la Autoridad Presupuestaria deberá propiciar un sistema de empleo del sector público integrado, que brinde dirección y garantice el cumplimiento de los principios constitucionales y legales en la materia.

Artículo 3º—Objetivos el ejercicio de la rectoría política en materia de empleo del sector público, la Autoridad Presupuestaria deberá impulsar el desarrollo de acciones destinadas al logro de los siguientes objetivos:

a. Determinar y fomentar la realización de los principios rectores que rigen el empleo del sector público.

b. Realizar un seguimiento adecuado del desempeño del empleo del sector público en la prestación de los servicios públicos.

c. Desarrollar parámetros para administrar, controlar, mejorar, y racionalizar el empleo del sector público.

Artículo 4º—Reglas de empleo del sector público. La Autoridad Presupuestaria como rector político, coordinará las acciones necesarias a fin de dar unidad y coherencia a las reglas de empleo del sector público, principalmente en materia de remuneración, clases de puestos, capacitación, formación, y evaluación del desempeño, con sujeción a las disposiciones constitucionales y legales correspondientes.

Artículo 5º—Asesoría y apoyo técnico. Para el cumplimiento de los objetivos establecidos en el presente Decreto, la Autoridad Presupuestaria contará, según corresponda, con la asesoría y el apoyo técnico especializado de la Dirección General del Servicio Civil, y de la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

Artículo 6º—Coordinación Superior. La Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria presentará una vez al año a la Autoridad Presupuestaria, y esta al Consejo de Gobierno, los avances en planteamientos, impulso de iniciativas y desarrollo de acciones en general que se lleven a cabo de forma progresiva en el cumplimiento de los objetivos encomendados como órgano rector en materia de empleo del sector público. Los jerarcas, de conformidad con sus competencias, atribuciones y experiencia en la materia, con el fin de mantener la integralidad de acciones, apoyarán las gestiones realizadas y favorecerán el cumplimiento de las acciones y objetivos establecidos en el numeral tercero de este Decreto.

Artículo 7º—Solicitud de información y colaboración. La Autoridad Presupuestaria, en su rol de rector político en empleo del sector público, podrá solicitar a los jerarcas de órganos, entes y empresas públicas la información que estime pertinente para el desempeño de sus funciones. Dichos funcionarios estarán obligados a proporcionarle la información requerida, respecto de las instituciones a su cargo que no esté sometida a medidas de confidencialidad o secreto, así como brindar razonablemente, cualquier otra colaboración atinente a las funciones del rector.

Artículo 9º—Rige a partir de su publicación.

Dado en la Presidencia de la República.—San José, a los nueve días del mes de noviembre del dos mil once.

LAURA CHINCHILLA MIRANDA.—El Ministro de la Presidencia, Carlos Ricardo Benavides Jiménez; la Ministra de Planificación Nacional y Política Económica, Laura Alfaro Maykall, y el Ministro de Hacienda, Fernando Herrero

diciembre 28, 2011

ARGENTINA: Federación Judicial rechaza ley antiterrorista


El proyecto es una nueva vuelta de tuerca sobre el tema del terrorismo, en el marco de la imprecisa definición que el Pentágono le asigna. Así, se pretende instalar como agravante de un delito “obligar a las autoridades públicas nacionales” a "realizar un acto o abstenerse de hacerlo”. Es decir, que una acción de la oposición política o social que tienda a modificar políticas del gobierno o impedir su aplicación o a exigir un derecho que no quería otorgar podría constituirse en un agravante. Encuadrarían en ello, entonces, una huelga, un reclamo en una plaza, una declaración pública, un discurso, o un volante, entre otras cosas, que reclame contra políticas oficiales. Con la tan remanida cuestión de combatir al terrorismo, en realidad, se penaliza a la protesta social y política.

La criminalización de la protesta no es un fenómeno nuevo. Tuvo en épocas recientes (la del menemismo, por ejemplo), momentos de intensificación. Ahora, sin embargo, mientras el gobierno se ufana de no reprimir, no solo se ha avanzado en procesos judiciales contra los que luchan sino que también se pretende ajustar aún más la legislación represiva para que penda como una amenaza sobre los sectores populares.

Este proyecto es un paso peligrosísimo, que restringe la democracia, y que pretende acorralar a los sectores opositores.

Es decir, el Estado Nacional está privilegiando, en este punto, sus relaciones con el poder financiero internacional por sobre el ejercicio de las acciones de protesta social que puedan llevar adelante todo tipo de organizaciones sociales en nuestro país ( sindicatos, organizaciones de campesinos y pueblos originarios, organismos de derechos humanos, movimientos sociales), precisamente aquellas que, desde 1976 en adelante, han sido quienes han encabezado los procesos de resistencia popular ante la profundización de los programas de ajuste.

Llamamos pues a oponerse firmemente a dicho proyecto de ley y, particularmente, a los que tienen responsabilidad de legislar, a impedir su sanción.

Buenos Aires, 20 de diciembre de 2011

Víctor Mendibil Secretario General Federación Judicial Argentina

Hugo Blasco Secretario de Derechos Humanos CTA Nacional

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