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febrero 9, 2012

ARGENTINA: La CTA advierte que “los trabajadores no vamos a pagar la crisis”

8 de febrero 2012

La reunión comenzó con un afinado análisis del secretario general de la CTA Pablo Micheli sobre la situación política, social y económica por la que está atravesando la Argentina y la crisis capitalista mundial que ya está demostrando sus efectos en los trabajadores.

 

Ante la firme convicción de que los trabajadores no van a pagar el ajuste, la Mesa Nacional de la Central decidió marchar el 14 de marzo al Ministerio de Trabajo de la Nación y las delegaciones ministeriales en el resto del país para reclamar paritarias libres sin techo, jubilación mínima equivalente al salario mínimo, vital y móvil, eliminación al impuesto a las ganancias sobre los salarios. La movilización también se hará en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 324 que recorta los salarios de los estatales.

 

La unificación de las asignaciones familiares y la eliminación de los topes a las mismas fue otra de las razones expuestas en la reunión de Mesa para marchar el 14 de marzo. Otra de las cuestiones fue la lucha por el aumento salarial para los 140.000 integrantes del Plan Argentina Trabaja además de reclamar las paritarias para esos trabajadores.

 

Durante el encuentro, que duró más de 4 horas, también se precisaron los detalles de la marcha prevista para el miércoles 15 de febrero para exigir la anulación de la Ley Antiterrorista: la movilización comenzará a las 17 en Avenida de Mayo y Nueve de Julio. En el acto, se leerá un documento conjunto aprobado previamente por las decenas de organizaciones sociales, políticas y partidarias que volverán a juntarse contra la prepotencia del Capital y el Gobierno.

 

Finalmente se decidió convocar a una reunión de la Mesa Nacional (Comisión Ejecutiva Nacional más los secretarios generales de cada provincia) para el 29 de febrero próximo a las 11 de la mañana en la sede de la CTA, Lima 609 de la Ciudad de Buenos Aires.

febrero 9, 2012

ARGENTINA: La CTA advierte que “los trabajadores no vamos a pagar la crisis”

8 de febrero 2012

La reunión comenzó con un afinado análisis del secretario general de la CTA Pablo Micheli sobre la situación política, social y económica por la que está atravesando la Argentina y la crisis capitalista mundial que ya está demostrando sus efectos en los trabajadores.

 

Ante la firme convicción de que los trabajadores no van a pagar el ajuste, la Mesa Nacional de la Central decidió marchar el 14 de marzo al Ministerio de Trabajo de la Nación y las delegaciones ministeriales en el resto del país para reclamar paritarias libres sin techo, jubilación mínima equivalente al salario mínimo, vital y móvil, eliminación al impuesto a las ganancias sobre los salarios. La movilización también se hará en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 324 que recorta los salarios de los estatales.

 

La unificación de las asignaciones familiares y la eliminación de los topes a las mismas fue otra de las razones expuestas en la reunión de Mesa para marchar el 14 de marzo. Otra de las cuestiones fue la lucha por el aumento salarial para los 140.000 integrantes del Plan Argentina Trabaja además de reclamar las paritarias para esos trabajadores.

 

Durante el encuentro, que duró más de 4 horas, también se precisaron los detalles de la marcha prevista para el miércoles 15 de febrero para exigir la anulación de la Ley Antiterrorista: la movilización comenzará a las 17 en Avenida de Mayo y Nueve de Julio. En el acto, se leerá un documento conjunto aprobado previamente por las decenas de organizaciones sociales, políticas y partidarias que volverán a juntarse contra la prepotencia del Capital y el Gobierno.

 

Finalmente se decidió convocar a una reunión de la Mesa Nacional (Comisión Ejecutiva Nacional más los secretarios generales de cada provincia) para el 29 de febrero próximo a las 11 de la mañana en la sede de la CTA, Lima 609 de la Ciudad de Buenos Aires.

febrero 6, 2012

CHILE: ANEF recurre a la Contraloría General



Sin embargo, luego que esta situación fuera sometida a la Contraloría regional, el organismo señaló que el proceso quedó invalidado porque no habría sido informado al subsecretario de la cartera.

Para el presidente regional de la Anef, Julio López Ojeda, es ésta una “interpretación errada de la ley”. “Lo que estamos viendo con el caso de Natacha Pot en el Serviu y en la seremi de Vivienda es una más, la más grave quizás, pero una más de otras señales respecto de la actitud del gobierno que encabeza Sebastián Piñera y en esta región la intendenta Pilar Cuevas con los funcionarios públicos y con las organizaciones sociales y sindicales. Ellos no tienen ningún respeto por la voluntad de los funcionarios públicos” indicó.

Agregó que el proceso fue avalado por los propios funcionarios, quienes votaron en un acto democrático respaldado por la legislación vigente. “Estos funcionarios querían que ella fuese su presidenta y este gobierno no tiene voluntad de aceptar ese mandato que han dado los funcionarios y eso es grave” puntualizó.

Ante esto, a través de la dirección nacional del organismo sindical, se recurrirá a la Contraloría General de la República para que se pronuncie respecto de este despido irregular. La semana pasada ya la senadora DC Ximena Rincón se comprometió a iniciar gestiones ante el contralor Ramiro Mendoza, pero los funcionarios no se quedarán sólo en ese trámite. “Estamos evaluando seguir con recursos de protección, porque hay que diferenciar dos focos de conflicto. Primero, hay de parte de la Contraloría regional una interpretación errada de la ley a nuestro parecer. Pero lo más grave es que esto nace de una voluntad política de parte del gobierno, de parte del seremi y el seremi subrogante, de perseguir a los funcionarios que han declarado en contra de HidroAysén”. En este sentido recordó los sumarios, sanciones y desvinculacines que afectaron a los otros dos profesionales que declararon ante la Cámara de Diputados para informar sobre las gestiones que el ex seremi de Vivienda Nicolás Terrazas (con conflictos de interés por la participación de su padre en contratos con HidroAysén y los terrenos por los cuales su hermano recibiría indemnizaciones de la empresa de aprobarse el proyecto), el seremi subrogante Rodrigo Solís y la jefa del Departamento de Planes y Programas del servicio, Rosa Toro, hicieron para cambiar de inconforme a conforme el último informe de pronunciamiento técnico sobre el proyecto. Los funcionarios finalmente desviculados fueron la responsable de la oficina de partes Susana Niccodemi y el evaluador Fernando Miranda.

Julio López emplazó a “la señora intendenta y al diputado Sandoval, que ha defendido férreamente la gestión de estos seremis, que nos trasparenten a qué se debe que se defiendan tanto los intereses de HidroAysén dentro de los servicios públicos y cómo van a garantizar que las empresas no se tomen el Estado a través de prácticas como ésta”.

Natacha Pot, la dirigenta hoy afectada, asegura que su desvinculación fue, al menos, extraña, toda vez que se le notificó después que retiraropn el computador de su puesto de trabajo y eliminaron su tarjeta del reloj control. “Creo que nunca me atacaron directamente, ni el ex seremi trató de contradecir lo que yo declaré en la fiscalía y en la Cámara de Diputados. Yo creo que tampoco tenía argumentos para decir que yo estaba faltando a la verdad. No sólo a mí sino también al resto de las personas que fueron a la comisión de Derechos Humanos como Fernando Miranda y Susana Niccodemi” señaló.

febrero 6, 2012

ARGENTINA:ATE Caleta Olivia pide un incremento del 40%

 

Ortiz valoró en primera instancia la reunión que lograron mantener con el ministro de Salud, Daniel Peralta, y relató: “El ministro participó de un encuentro en nuestra sede, lo que permite avanzar en las distintas situaciones por las vías del diálogo. Mostramos nuestra predisposición de no llegar a algún tipo de conflicto sin agotar las vías del diálogo, y la reunión con autoridades muestra una buena predisposición para avanzar en algunas cuestiones, estamos marcando un hecho histórico de nuestra gestión”.

Mientras tanto, los trabajadores del hospital y de Servicios Públicos mantienen asambleas e hicieron todas las presentaciones para obtener una audiencia con el intendente José Córdoba, ya que recibieron una notificación de Nación que da cuenta que ATE tiene jurisdicción en todos los ámbitos de la administración pública. “Estamos trabajando y estamos esperando la convocatoria del Intendente y ya hemos presentado todos los papeles tendiendo en cuenta que es una gestión nueva. Todo esto tiene que ver con nuestra propuesta de campaña, nosotros dijimos que íbamos a ser dialoguistas, gestionar por las vías administrativas, las vías del diálogo, para desenvolvernos en cada tarea y esta conducción esta actuando así en todos los ámbitos”, explicó Ortiz.

Sobre la discusión salarial dijo: “Venimos haciendo relevamiento en todos los sectores para que no sea un 18 sino un 25 o un 30 por ciento, y creo que, como gremio, vamos a reclamar un 40”.

03/02/2012

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