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febrero 9, 2012

ARGENTINA: La CTA advierte que “los trabajadores no vamos a pagar la crisis”

8 de febrero 2012 La reunión comenzó con un afinado análisis del secretario general de la CTA Pablo Micheli sobre la situación política, social y económica por la que está atravesando la Argentina y la crisis capitalista mundial que ya está demostrando sus efectos en los trabajadores.   Ante la firme convicción de que los trabajadores no van a pagar el ajuste, la Mesa Nacional de la Central decidió marchar el 14 de marzo al Ministerio de Trabajo de la Nación y las delegaciones ministeriales en el resto del país para reclamar paritarias libres sin techo, jubilación mínima equivalente al salario mínimo, vital y móvil, eliminación al impuesto a las ganancias sobre los salarios. La movilización también se hará en contra del Decreto de Necesidad y Urgencia 324 que recorta los salarios de los estatales.   La unificación de las asignaciones familiares y la eliminación de los topes a las mismas fue otra de las razones expuestas en la reunión de Mesa para marchar el 14 de marzo. Otra de las cuestiones fue la lucha por el aumento salarial para los 140.000 integrantes del Plan Argentina Trabaja además de reclamar las paritarias para esos trabajadores.   Durante el encuentro, que duró más de 4 horas, también se precisaron los detalles de la marcha prevista para el miércoles 15 de febrero para exigir la anulación de la Ley Antiterrorista: la movilización comenzará a las 17 en Avenida de Mayo y Nueve de Julio. En el acto, se leerá un documento conjunto aprobado previamente por las decenas de organizaciones sociales, políticas y partidarias que volverán a juntarse contra la prepotencia del Capital y el Gobierno.   Finalmente se decidió convocar a una reunión de la Mesa Nacional (Comisión Ejecutiva Nacional más los secretarios generales de cada provincia) para el 29 de febrero próximo a las 11 de la mañana en la sede de la CTA, Lima 609 de la Ciudad de Buenos Aires.
febrero 9, 2012

ARGENTINA: Reprimen a manifestantes que protestaban contra la megaminería



Según relató Leandro Mirasoro, de la Asamblea de Belén, sobre las 5 de la tarde la Policía, con la orden del fiscal Sergio Flores, procedió a desalojar la protesta contra los camiones provenientes de Chile que transportaba nitrato de amonio, explosivos TNT y cianuro para las minas de la zona.

La mayoría de los camiones -advirtieron- van a una mina Bajo la Alumbrera, de Xstrata en Belén y Tinogasta, en tanto que otros se dirigen a la Barrick Gold.

La Policía golpeó a los manifestantes y hay varios heridos. Los treinta detenidos están incomunicados. "La Policia estaba muy agresiva estos días", contó el activista.

Quince hombres fueron derivados al pueblo de Londres y otros quince mujeres a la comisaría Belén. "Esto acaba de desatar un conflcito social", avisó el ambientalista.

Mirasoro además contó que los ambientalistas venían recibiendo amenazas de "activistas promineros", empleados de las mineras con insultos y una marcha de las madres de los empleados de la mina Bajo la Alumbrera en Belén, desembocó en el accionar policial.

"Se trata de un bloqueo selectivo e informativo, no se cortaba la circulación de autos comúnes, solo a los camiones que transportan materiales que ponen en peligro a los pueblos. La campaña es para concientizar a la gente para que se bloquee el paso de la maquinaria de la megaminería", explicó el ambientalista.

Asimismo, la Red Nacional de Medios Alternativos denunció la detención de dos periodistas locales que acompañaban la protesta en la Ruta 40 de Catamarca. Se trata de Juan José Rodriguez de FM El Algarrobo de Andalgalá y Sergio Fernández, de Radio FM Estación Sur.

Así comenzó la Movilización del Pueblo de Belén en contra de los Bloqueos Antimineros

ores de Minera Alumbrera quienes estaban acompañados por numerosos vecinos, para organizar una marcha a las 19 horas.

Hablamos con Nilda Gómez, familiar de empleados y proveedora de Minera Alumbrera, quien entre otras cosas manifestó: Esta es una convocatoria a todos los familiares, proveedores y toda la gente que tenga relación directa o indirecta con las minas, hablamos de todas las minas porque estamos defendiendo nuestro puesto de trabajo que nos generan las minas, estamos esperando la gente para dirigirnos al Juzgado para presentar un petitorio donde le pedimos al Fiscal, que se termine con el corte, yo creo que han pasado varios días. Minera a partir de mañana dejan de producir, lo que no es algo alentador para nosotros, vivimos de esto y no queremos ser una carga social para el Municipio, el que no está en condiciones de absorbernos, por esta gente irresponsable, porque para mí es una irresponsabilidad que se cierre la mina por culpa de ellos, porque no dan otra alternativa para trabajar, no vamos a permitir de que se cierre la fuente de trabajo, ya hemos hablado con el Fiscal, con el Juez, ya hemos esperando bastante y no podemos seguir así. No podemos circular por la ruta en paz, esto es un avasallamiento de gente que es foránea, otras cosas sería si el pueblo es el que está reclamando, pero no es así.

Otra que participaba en la convocatoria en la plaza es Teresita Palavecino que tiene un hijo trabajando en la mina quien dijo que; al terminar las actividades en la mina, también cesa el trabajo a los empleados, todos los ingresos que pueda haber al pueblo, al Municipio, al Gobierno, entonces creo que todos tienen que poner un granito de arena, desde el pueblo hasta la justicia, el Municipio, el Gobierno Provincial, el Nacional, para que esto se termine, esto no es de ayer la mina está trabajando hace muchos años, recién hoy se les ha dado por venir a hacer reclamos y no sabemos quiénes son esta gente, no si han sido identificado para saber quiénes son, porque es obvio que alguien los está bancando, lo digo con conocimiento de causa porque yo los veo manejando plata y eso que dicen que es una manifestación pacífica, no es así a uno de los choferes de la empresa 25 de agosto, solo por transportar a los mineros, le han hecho seña del cuello que lo van a degollar, no han dejado pasar colectivos, entonces que está esperando la justicia, que espera el gobierno para apoyar esto que todos de alguna manera vivimos de la Mina. Ahora vamos a ir a ver qué respuesta nos da el Fiscal, queremos una respuesta en forma mediata no podemos esperar ni 24 ni 48 horas, tiene que ser hoy, y nosotros luego de hablar con el Fiscal vamos a ir a la cercanía del barrio 120 viviendas y esta tarde vamos a cortar la ruta en forma total hasta que se solucione este problema.

A medida que pasaba el tiempo en la mañana, se seguían sumando más gente en la plaza local, también Pedro Aibar quiso dar su opinión al respecto manifestando que: también me quiero expresar como otros que están a favor del trabajo digno y defender los puestos de trabajo, el trabajo bien pago que cumplen con todo lo de la ley, estoy a favor de la minería como lo dijeron desde el Gobierno Provincial, Municipal de todos los departamentos. A raíz de la explotación minera Belén y muchos pueblos de Catamarca han tenido una transformación que jamás lo esperábamos, yo no sé si estos movimientos quieren únicamente luchar por la contaminación o están direccionados a otra cosa, con políticas centralistas que quieren que sigamos padeciendo hambre, la falta de progreso como eran años atrás que ni rutas teníamos. Básicamente yo vengo a defender el trabajo de mis hijos porque ellos también tienen familias, esta gente que propone que cierren la mina luego ellos se van a mandar a mudar, no solamente la gente que trabaja en la planta se beneficia, todo el pueblo, el pueblo de Belén se beneficia, los comerciantes, las escuelas, etc.

Como podemos estar llevando el apunte a foráneos que quieren direccionar nuestro destino, yo soy artífice de mi propio destino y creo que la gente que decidió estudiar alguna carrera de minería lo ha hecho por iniciativa propia y no porque alguno le haya dicho.

Yo no sé porque el pueblo de Belén no reacciona ante un grupo minúsculo de gente, porque de Belén debe haber cinco, yo no me siento representado por ninguno de ellos y nadie les ha delegado el poder de representación de la comunidad, como para atribuirse los destino del pueblo.

Desde la plaza donde se convocaron se trasladaron por calle San Martín portando pancartas, cánticos y aplausos, rumbo al Juzgado para hablar con el Fiscal Dr. Jorge Flores. Una vez frente al edificio hablaron con el policía que se encontraba en el mismo, para que le informe al Fiscal que querían hablar con él, minutos más tarde se hizo presente en el lugar el Dr. Flores para informarles que en unas horas iría a hablar con los que realizaban el corte, a lo que le contestaron que esperaran la respuesta y si esto no tiene solución van a ir de otra manera. El Dr. Flores les dijo después de las 13 cuando salga de acá voy a ir a conversar con ellos, le voy a poner todos los aspectos legales, los voy a persuadir y tratar de convencerlos como lo hice el año pasado, con éxito, para que desalojen la ruta.

Por favor no hagan nada esperen hasta la tarde yo ni bien venga les voy a informar el resultado. A lo que les contestaron los manifestantes que: si ellos (los antimineros) siguen con la posición dura, nosotros ya hemos tomado la iniciativa de ir nosotros mismos a abrir el paso de la ruta, pero lo vamos a esperar su respuesta. El Dr. Flores les pidió que esperen hasta las 18 horas porque creía que iba a haber solución, a lo que decidieron ir a las cercanías del barrio 120 viviendas a esperar la respuesta.

Al retirarse el Fiscal Flores en breves palabras nos dijo: voy a ir a hablar con ellos como prometí, a conversar en los mejores términos para que no se suscite un conflicto mayor. Yo decidí ir hablar con ellos para persuadirlos de la mejor manera para ver si esto finaliza.

Al medio día del día miercoles llegó una versión hasta este medio, que se habría decido y ordenado desde la ciudad capital, el desalojo en la ruta 40 en esta ciudad.

 

fuente: Beleninfo

febrero 9, 2012

PANAMÁ: la movilización indígena logró forzar un acuerdo con el gobierno de Martinelli

 

 

El encuentro de posiciones fue posible gracias a la intervención de la Arquidiócesis panameña, que en los últimos días había salido a respaldar las demandas indígenas.

 

 

 

Los recientes hechos de violencia tienen sus antecedentes en el conflicto desencadenado contra el accionar de algunas trasnacionales mineras, como  son la empresa canadiense Inmet Mining, el consorcio coreano Korea Resources, LS-Nikko Copper y Korea Export Insurance (KEIC) y la empresa estadounidense de energía AES.

 

 

 

Los 250 mil indígenas que integran la comunidad Ngäbe Buglé, venían exigiendo que el gobierno de Ricardo Martinelli escuchara sus demandas sobre la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas extranjeras para la explotación de recursos naturales en sus tierras ancestrales.

 

En ese sentido, el gobierno, en su momento había aceptado firmar un acuerdo con los Buglé. Sin embargo, cuando todo parecía encaminar las negociaciones, imprevistamente el ministro de Comercio e Industria, modificó el texto convenido entre ambas partes. Tras cartón, la Asamblea Nacional, donde Martinelli tiene amplia mayoría,  eliminó el artículo 5 del Código de Minería que regulaba el accionar de las trasnacionales y prestaba atención a lo expuesto por los indígenas. Ese hecho fue el desencadente de las nuevas protestas y la consiguiente represión, que abarcaron los distintos pueblos de las provincias occidentales de Chiriquí y Veraguas, a lo que se sumó el bloqueo de la importante ruta Interamericana que comunica a Panamá con el resto de Centroamérica.

 

Previo al ataque policial, la mayoría de los medios pro gubernamentales, lanzaron una campaña de criminalización contra los indígenas acusándolos del secuestro de turistas y de “intentar arruinar el prestigio del país en el mundo”.

 

Después que dos indígenas, entre ellos un adolescente de 16 años, cayeran bajo las balas policiales, tanto los partidos de oposición como importantes sindicatos salieron a defender los reclamos indígenas y a exigir a Martinelli que cese la represión.

 

Ahora, un acuerdo de diez puntos, firmado por las partes, estipula por parte de los indígenas el levantamiento del bloqueo de carreteras. El gobierno, por su parte, se comprometió a solicitar al Parlamento que reconsidere con carácter de urgencia el proyecto de ley que regula la explotación minera e hidroeléctrica.

 

Si bien el gobierno ha festejado el acuerdo, que incluye el retiro de zona indígena de las fuerzas policiales, los dirigentes Buglé manifestaron su desconfianza, expresando que sólo cuando la Asamblea Nacional decida dar marcha atrás en sus concesiones a las multinacionales, creerán lo que hoy expresan los ministros de Martinelli.

 

 

 

El conflicto viene de mucho tiempo atrás, ya que las trasnacionales habían puesto su ojo sobre el yacimiento de cobre Cerro Colorado, que contiene en sus entrañas más de 17 millones del kilos del codiciado mineral, lo que significan ganancias por 150 mil millones de dólares. En su momento, los indígenas rechazaron que dicho emprendimiento horadara sus tierras ancestrales, y fueron reprimidos por ello.

 

Luego, fue la multinacional AES la que impulsó grupos parapoliciales que amenazaron y golpearon a indígenas para desalojarlos de la cuenca del Río Changuinola, donde la empresa norteamericana pretende construir represas. Una de ellas (la Chan 75) provocó la inundación de las comunidades de Guayabal y Charco de la Pava, obligando de esta forma a que los últimos moradores en resistencia abandonaran su tierra natal.

 

La trasnacional tuvo que reconocer, luego de varias protestas que 159 familias Buglé también fueron afectadas por la inundación de sus tierras en el denominado Partque Internacional de la Amistad, un sitio que paradójicamente fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

 

 

 

La AES posee en Panamá la mayor represa del país, la central hidroeléctrica Bayano, la cual inundó parte de los territorios de los indígenas kunas de Mudungandi y Embera de Bayano, a los que nunca se les pagó la indemnización prometida.

 

 

 

Después de un período de constantes manifestaciones indígenas y denuncias a nivel internacional, el gobierno se vio obligado a firmar en 2011 un convenio en el que se comprometía a no desarrollar más actividades mineras en tierras de los Buglé. No obstante, rechazó de plano prohibir la construcción de hidroeléctricas, ya que asegura que ello supondría un sobrecosto de 200 millones de dólares para el Estado para suplir la demanda energética.

 

Ahora, Martinelli ha vuelto a insistir en que los proyectos hidroeléctricos son de vital importancia porque darán mayor independencia al país en el suministro energético, sobre todo en tiempos que los precios del petróleo han subido notoriamente.

 

 

 

febrero 9, 2012

COSTA RICA: l 15, la calle, la Caja, los salarios: hacia un mismo punto…

 

Para de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero, habrá una manifestación de personas trabajadoras asalariadas quienes laboran para distintas instituciones del Estado: Protestarán molestas por cuanto desde la llegada del presente Gobierno encabezado por la Licda. Laura Chinchilla Miranda, como Presidenta, las fijaciones salariales semestrales en la Administración Pública han sido por decretazos (cuatro para ser exactos), impuestos de manera unilateral, sin un proceso de diálogo y negociación efectivos, como suele suceder en democracias supuestamente maduras.

Los sindicatos, gremios y asociaciones que representan los intereses económico-sociales y reivindicativo-gremiales de los empleados públicos y de las empleadas públicas, se han unido ante tal situación y están formulando una convocatoria a la calle, compartida y unitaria, para, como indicamos, de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero.

Partiendo de los principios y las visiones que animan a la organización sindical para la cual laboramos, es imposible ver la anterior situación como otro “decretazo” salarial contra el cual hay que protestar y punto. La cosa va más allá.

La señora Presidenta y su Gobierno defienden su arbitrario proceder alegando lo que en su seno conceptúan como el déficit fiscal; popularmente hablando, el “no hay plata”.

La gran diferencia es cómo nos explicamos el porqué “no hay plata”, según se trate del Gobierno ó según se trate de la visión sindical. Y es en este punto, el del “no hay plata” donde se marcan las distancias entre la visión gubernamental y la visión sindical (por la menos la que expresamos en esta columna, sin arrogarnos representaciones que no tenemos). Veamos:

La semana pasada quedamos atónitos, impresionados, indignados y asustados: se hizo público que la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), por primera vez desde que fue fundada en 1943, ¡pidió prestado! Sí, así como se oye: le pidió a dos bancos estatales 35 mil millones de colones para funcionar en lo básico: salarios, pago a proveedores e incapacidades, así como atención médica. Por esos préstamos, deberá pagar 612 millones de colones en intereses mensuales. ¿Quién se iba a imaginar que la Caja, la más emblemática institución de la democracia costarricense, tendrá que vivir de a prestado?

¿Por qué esto? Hay varias razones. Pero entremos en lo que interesa. Es tan grande el “perro amarrado” que el Gobierno le tiene a la Caja que le pagó parte de la gigantesca cantidad que le debe con papeles, llamados bonos, que la CCSS no pudo convertir, como se suponía, en “plata blanca”, contante y sonante.

Son tantos los papeles que el Gobierno le dio a la Caja que los metieron en un cuarto, con llave, pero que ahí se quedarán porque, supuestamente, no se vendieron o cambiaron por dinero en efectivo, en el mercado financiero.

El “no hay plata” del Gobierno afectó, también, a la Caja y la seguirá afectando, profundizando su crisis y su viaje hacia la quiebra, hasta que el Gobierno le pague con plata en efectivo, hasta que se deje de argumentar que “no hay plata”. (La historia del otro “perro amarrado” que afecta a la Caja, el de la empresa privada, es otro tema para otra ocasión).

Entonces, hasta que no se supere la coyuntura del “no hay plata”, la seguiremos pasando fea y peor. Sí, por supuesto, hay una interrelación entre los cuatro decretazos salariales impuestos para el sector Público en lo que va de este Gobierno y los papeles con los cuales éste le paga a la Caja parte de su gran deuda con ella. Todo tiene que ver con un sistema tributario completamente injusto que necesita ser transformado, estructural y radicalmente.

Mientras las grandes mayorías, especialmente, los sectores asalariados, pierden doblemente con el “no hay plata” (deterioro del salario y deterioro de la Caja); grupos poderosos roban impuestos, por medio de triquiñuelas legales ó sin ellas, afectándonos en nuestra calidad de vida.

Humildemente creemos que hasta tanto no ocurra en el país una “Revolución Tributaria”, una Transformación Tributaria Estructural (así, en mayúsculas), el “no hay plata” nos llevará al precipicio, al abismo profundo de la desigualdad sin retorno, a la violencia absoluta sin control y a la corrupción más desenfrenada.

A usted, que labora para el sector Público; a usted que lo hace en la empresa privada y que cuando llega el ajuste raquítico al salario mínimo no se lo aplican porque le dicen que usted gana “por encima” de ese mínimo; a ambos que ocupan (que ocupamos) de la Caja; a todos y a todas que no evadimos impuestos porque nos “cazan” directamente en la planilla, en la pulpería, en el super, en la tienda, etc.; nos concierne, nos urge, es cuestión de vida ó muerte, cambiar ese “no hay plata”; porque hay unos 3 billones de colones, sí, tres millones de millones, en dineros potencialmente frescos y sanos que el Gobierno puede captar para cambiar el estado actual de las cosas, por uno en el que impere el bien común. ¿Ven, cómo el 15, la calle, la Caja, los salarios, van hacia un mismo punto?...

Esa es la esencia que, en lo personal, nos motiva para salir a la calle de hoy en ocho, miércoles 15 de febrero. Ojalá también la motive a usted.

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