16/07/2016

Triunfo de Uruguay y Australia sobre Phillip Morris: ¿golpe a la lógica de los TLC?

Fumate esta sentencia


El
Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI)
del Banco Mundial acaba de fallar a favor de Uruguay, frente a la demanda que
le hiciera Phillip Morris (PM) por sus políticas de salud pública para reducir
el consumo de cigarrillos. En 2010 la tabacalera trasnacional reclamó al Estado
oriental el pago de $25 millones de dólares por afectar sus negocios. Se amparó
para ello en el Tratado Bilateral de Inversiones que ese país había celebrado
con Suiza, sede de su casa matriz, en 1998.  


¿Había
expropiado fábricas de PM el Uruguay? ¿Había congelado activos financieros de
la compañía? ¿Había expulsado a la empresa del país? No. Simplemente había
seguido los lineamientos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y había
exigido que el 80% de las cajillas de cigarrillos estuviera cubierto de
advertencias gráficas sobre los riesgos que su consumo implica para la salud.
Había dispuesto también que cada marca de cigarrillos tuviera una presentación
única. PM no se quedó quieta y accionó contra el Estado por afectar sus
inversiones.


Una a favor del interés público


Según
uno de los representantes legales de Uruguay, en la sentencia el tribunal
señaló que “los Estados deberían disfrutar de una considerable libertad para la
configuración de los reglamentos de salud pública apropiadas a sus
circunstancias individuales, sin temor a las demandas frívolas de los
inversores extranjeros”.  También
obligó de PM a pagar 7,7 millones de dólares por honorarios y costos. La
sanción a la tabacalera no parece un gran castigo, sobre todo si se considera
que Uruguay gastó casi 5 millones de dólares para defenderse de este absurdo
reclamo. Lo importante es que el país, además de tener razón, hizo lo correcto.
Gracias a su política de control del tabaco,
el consumo de cigarrillos bajó
de 35% en 2005 a 22,2% en 2014.


El caso
uruguayo se suma a otro revés legal que sufrió PM en diciembre de 2015, en este
caso contra Australia. La trasnacional, que producía cigarrillos Marlboro en este
país desde 1954, fijó su sede en Hong Kong en 2011. Desde allí inició una
demanda al amparo del Acuerdo de Promoción y Protección de Inversiones suscripto
entre ese estado y Australia en 1993. PM no reclamó por bienes expropiados o
utilidades que no podía remitir a su casa matriz regional. Demandó al estado
australiano por sancionar leyes de empaquetado genérico de cigarrillos, que
proscribían logotipos y diseños de marca, a la vez que obligaban a incorporar
advertencias gráficas sobre los efectos del consumo de tabaco en la salud. El
tribunal arbitral no fue tan contundente como el CIADI, simplemente se declaró
incompetente. El tratado Australia-Hong Kong no era aplicable.


Multinacionales al acecho y
tribunales a medida


Los
sistemas de solución de controversias estado-inversor son un riesgo para la
soberanía de los estados que han suscripto Tratados de Libre Comercio o
Acuerdos Bilaterales de Protección de Inversiones. Estos “tribunales” son
instancias no judiciales, internacionales, que ponen a las empresas en igualdad
de condiciones que los estados, aceptan demandas corporativas contra los países
pero no a la inversa, y sobre todo, ponderan en primer lugar el interés los
inversores por sobre el interés público. Lo que es peor, los estados pueden ser
demandados por cualquier medida o normativa sancionada que ponga en riesgo la
expectativa de ganancias de una empresa. En este contexto, el fallo del CIADI
contra Phillip Morris es una verdadera sorpresa y ha encendido la luz de alerta
en el mundo corporativo.


Los
tratados de protección de inversiones han creado una industria muy lucrativa.
Grandes estudios de abogados en todo el planeta ofrecen sus servicios para
demandar a los Estados. En 2011, solo en el CIADI, se registraban 450 casos de
demandas inversor-estado, la mayoría de ellos presentadas por empresas de
países desarrollados contra países en desarrollo. La Conferencia de la Naciones
Unidas sobre Comercio y desarrollo (UNCTAD) sostiene que los costos de
arbitraje se han disparado en los últimos años y, según datos disponibles de
los casos conocidos, la Organización de Desarrollo y Cooperación Económicos
(OCDE) calcula entre 8 y 30 millones de dólares los costos legales de llevar
adelante este tipo de pleitos. Defenderse de la avaricia empresaria sale caro a
los estados pobres e incluso, aunque ganen, este tipo de tribunales exige
compartir los costos del juicio.


Lejos de la especulación, los casos
concretos


Entre
los casos más resonantes de empresas que demandaron a estados por tomar medidas
en favor del interés público se encuentran:


       
Vatternfall contra Alemania: la multinacional sueca de
energía demandó en 2012 a ese país por 4.600 millones de dólares a raíz de su
decisión de abandonar gradualmente la energía nuclear, luego de la catástrofe
de Fukushima en Japón.


       
Piero Foresti y otros contra Sudáfrica: un grupo de
inversores italianos demandó a ese estado por sancionar una ley de
empoderamiento económico de la población negra, que busca corregir algunas
injusticias creadas por el apartheid.  La
ley exigía a las mineras traspasar parte de sus acciones a inversores negros.


       
CMS Energy, Suez, Vivendi, Anglian Water, Aguas de Barcelona
y otros contra Argentina:
un total de 40 empresas demandaron por sumas
millonarias al país ante el CIADI por sus medidas para mitigar la crisis
financiera del 2001.


       
Veolia contra Egipto: una empresa francesa dedicada a la
recolección de residuos de la ciudad de Alejandría, demandó al estado por
aumentar el salario mínimo interprofesional después de la rebelión popular
conocida como “la primavera árabe”.


       
Occidental contra Ecuador: el país tuvo que pagar en 2.300
millones dólares en 2012 por rescindir una concesión petrolera a una empresa
estadounidense.


       
Achmea contra Eslovaquia: la aseguradora holandesa le ganó un
juicio al estado por 29,5 millones de euros (equivalente a todo el presupuesto
en sanidad del país) cuando intentó revertir la privatización de su sistema
sanitario.


La lista es sigue, e incluye los casos de
Phillip Morris contra Uruguay y Australia.

 
Etiquetado ¿luz al final del túnel?


El
triunfo de Uruguay siembra tanta alarma en el mundo corporativo como
expectativa en los sectores que rechazan los Tratados de Libre comercio y
alertan sobre la amenaza que representan para la soberanía de los estados y la
democracia. El fallo del CIADI reconoció el derecho soberano de Uruguay de
definir sus políticas de salud pública por encima de la expectativa de ganancia
de una tabacalera multinacional. No es menor el hecho de que la industria de
cigarrillos tiene mala prensa  a nivel
mundial y que Uruguay actuó en cumplimiento del Convenio Marco para el Control
del Tabaco de la OMS, que cuenta con 168 estados signatarios.


No
obstante, quienes luchan contra los acuerdos megarregionales de comercio e
inversión como el TPP y TTIP ven en el caso un antecedente nada despreciable.
Las reglas de etiquetado, como medida de defensa de la salud de los
consumidores, son un elemento de disputa ante la penetración de cultivos
transgénicos basados en el uso de herbicidas contaminantes. El Art 2.29 del TTP permite la entrada indiscriminada de cultivos transgénicos y de peligrosos productos biológicos y nanotecnológicos. Por su 
parte, Greenpeace ha
denunciado como el TTIP busca armonizar a la baja los estándares europeos
respecto a los estadounidenses en materia agrícola, de salud y medioambiental.
Detrás de estos tratados se encuentran multinacionales como Monsanto, Dupont y
Dow Chemical. Frente a estos avances de las corporaciones el triunfo Uruguay, y
en menor medida de Australia, sobre Phillip Morris dan fundamentos concretos a
la necesidad de reservar a los estados la potestad de ejercer medidas
regulatorias a favor de los ciudadanos y el interés público.

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