22/01/2016

Laboralistas alertan sobre el impacto de los tratados

Luis Ramírez, Presidente de ALAL, y Matías
Cremonte, Director de Empleo Público de dicha organización, conversaron con
CLATE sobre los posibles impactos que los tratados de libre comercio pueden
tener sobre los derechos de los trabajadores.


¿Cómo
analizan el avance de las negociaciones de tratados multilaterales de libre
comercio? 


Matías Cremonte:
Los tratados internacionales de
libre comercio son impulsados centralmente por el capital transnacional, en su
beneficio y el del capital financiero. Son parte de una estrategia de
dominación. Es decir, no se trata de políticas de Estados soberanos que
pretenden mejorar las condiciones de vida de sus pueblos y para eso buscan
fomentar la integración con otros países o regiones. Desde esa perspectiva,
nada bueno puede esperarse de ellos, y mucho menos para los trabajadores. El
avance de esos tratados en el mundo lleva varias décadas, y aunque en Latinoamérica
los pueblos lograron frenar su avance, los nuevos vientos políticos soplan en
esa dirección.

Luis
Ramírez:
  Los
nuevos tratados son un producto de las políticas neoliberales y de la
globalización económica y financiera del planeta. La transnacionalización de la
economía es un dato de la realidad y sería necio negarlo, pero no es un hecho
“natural” e inevitable. Es una decisión de las grandes corporaciones
internacionales, tomada en función de sus propios intereses. Una de las
características de los TLC es la asimetría y desigualdad entre los países
firmantes, lo que permite conocer a priori quienes serán los ganadores y
quienes los perdedores.


¿Qué riesgos representan estos acuerdos para los
trabajadores y los pueblos de la región?


M.C.:
Uno de los principales problemas de estos
acuerdos radica en que no son discutidos abiertamente ni sometidos a la
consideración de la sociedad. Son los lobbies empresarios, ONGs y embajadas
poderosas los principales impulsores. Con la excusa de atraer capitales e inversión,
se acepta cesión de soberanía y reducción impositiva y tributaria (incluyendo
aportes jubilatorios por ejemplo, desfinanciando así el sistema de seguridad
social). A su vez, se pretende evadir los sistemas de control interno de los
Estados nacionales, sustrayéndose incluso de las jurisdicciones locales.


L.R.: La globalización del sistema capitalista fomenta el dumping social,
y la mayoría de nuestros gobiernos compiten entre sí para ver quien ofrece una
mano de obra más dócil y barata y un menor nivel de protección de los
trabajadores. Lo mismo respecto al cuidado del medio ambiente y a la defensa de
los consumidores. Ya no es un secreto que los países centrales imponen a los
países periféricos la adopción, mediante estos tratados, de políticas de apertura
económica, que responden a las necesidades financieras y comerciales de
aquellos. A ello se suma la debilidad de nuestros Estados, que deja en manos de
los sectores económicos dominantes la conducción del proceso de “libre
comercio”. Nuestros países renuncian a definir estrategias industriales y
comerciales, así como los procesos de reconversión, quedando el “mercado” como
único regulador de la vida económica y social. Un auténtico desastre para los
trabajadores y los pueblos de la región.


¿Puede existir colisión de normas entre el derecho del
trabajo de cada país y el que emana de los Convenios OIT con el que se intenta
imponer a través de los tratados de libre comercio (TLC)?


M.C.:
En materia de derechos sociales no es tan
sencillo. Un tratado podría incluir el compromiso de los países en modificar la
legislación, pero no la excusión del ámbito de aplicación de las leyes
laborales. En materia de Derecho del Trabajo, además, rige el principio de
aplicación de la norma más favorable, por lo que aún modificando la legislación
local, regirá la norma internacional si es más beneficiosa para el trabajador,
y viceversa. Este principio, junto al derecho a la progresividad y la no
regresividad de los derechos sociales son pilares del Derecho Internacional de
los Derechos Humanos. La mayoría de los “beneficios” que persigue el capital a
través de los tratados de libre comercio contradicen el orden público laboral
internacional, y por ende, aún firmándose, serían inaplicables.


L.R.: Creo que tenemos que
diferenciar entre las normas  legales
vigentes en un país, que regulan los derechos de los trabajadores, y los
Convenios de la O.I.T. y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos,
entre los que se encuentran los derechos laborales. En este último caso estamos
frente a lo que se ha dado en llamar el Derecho Internacional de los Derechos
Humanos, que es de aplicación universal e imperativa y que no podría ser
desconocido por el tratado. Respecto a la legislación interna de cada país, el
peligro no es la “colisión”, sino la exigencia, expresa o tácita, de que hay
que ajustarla al menor nivel de protección que pretende el tratado de “libre
comercio”. De este modo, se puede presionar a los países para desactivar el
mayor nivel de tutela laboral que pueden haber alcanzado, apareciendo los
conocidos proyectos de “flexibilización laboral”, de tercerización extrema,
etc.


¿Cuál
cree que debe ser el rol de las organizaciones sindicales frente a los TLC?


M.C.: Más allá de cualquier cuestión formal, lo que es evidente es que estamos
ante una etapa de avance del capital, y la única herramienta de la clase
trabajadora es, como siempre, la de enfrentarlo con sus principales armas: la
huelga, y la organización.


L.R.: Es claro que el primer reclamo de los sindicatos a sus gobiernos, debería
ser el de participar en la mesa de negociaciones del tratado. Conseguirlo
dependerá de la correlación de fuerzas que exista, pero el planteo debería
efectuarse en todos los casos. Ello les daría la autoridad moral y política
para denunciarlo y confrontarlo, si no fueran escuchados previamente. También
deben esclarecer a los trabajadores y a los pueblos sobre las nefastas
consecuencias que generalmente tienen estos tratados, con los medios que tengan
a su alcance. Reitero, una vez más, que estos procesos de integración económica
están impulsados por intereses que no son los de los trabajadores, sino los de
las empresas multinacionales y los grandes grupos económicos. Se los trata de
presentar como meros acuerdos comerciales, para ocultarle a la sociedad sus
previsibles costos sociales y desactivar así cualquier resistencia.

 

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