06/01/2016

La amenaza de los acuerdos de comercio e inversión

“Los tratados y acuerdos de comercio e inversiones conllevan una regresión en la protección de derechos como el derecho a la vida, a la alimentación, al agua y el saneamiento, a la salud, a la vivienda, a la educación, a la cultura, al mejoramiento de las normas laborales, a un poder judicial independiente, a un medio ambiente inocuo y a no ser sometido a reasentamiento forzoso”, sostiene un informe presentado en 2015 ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Esto se debe a que los Estados que suscriben acuerdos de libre comercio asumen compromisos vinculantes que limitan su capacidad para garantizar esos derechos fundamentales.

Un orden global a la medida de las trasnacionales

¿Puede garantizar el bienestar de las personas un acuerdo que se negocia en secreto? ¿Qué participación democrática tienen los pueblos cuando los tratados de libre comercio llegan a los parlamentos para ser aprobados a libro cerrado? ¿Cómo puede un Estado garantizar derechos elementales cuando sus políticas públicas deben garantizar en primer lugar la protección de inversiones? Estas son algunas de las preguntas que es necesario contestar para analizar el control de legalidad de los procedimientos de elaboración y  aplicación de los acuerdos de libre comercio e inversión.

Según un informe de Alfred-Maurice de Zayas, experto designado por la ONU, “existe una legítima preocupación por la posibilidad de que los acuerdos internacionales de inversión agraven el problema de la pobreza extrema, la renegociación de la deuda externa, la regulación financiera y los derechos de los pueblos indígenas, las minorías, las personas con discapacidad y las personas de edad y otros grupos vulnerables”. Es que la Declaración Universal de Derechos Humanos, la Carta de las Naciones Unidas, los Convenios OIT, las resoluciones de la Organización Mundial de la Salud y otros tantos instrumentos legales internacionales corren el riesgo de ser letra muerta si los Estados avanzan en acuerdos que priorizan los intereses trasnacionales.

Cuando las empresas demandan al Estado

Acuerdos como el TISA y el TPP establecen mecanismos de “solución de controversias” a través de instancias arbitrales creadas ad hoc donde los las empresas pueden demandar a los Estados cuando consideran que sus políticas públicas atentan contra sus intereses. El informe de ONU señala que “los últimos 25 años han dado numerosos ejemplos de violaciones de derechos por los inversionistas y sentencias arbitrales sin escrúpulos que no solo han dado lugar a violaciones de los derechos humanos, sino que han generado una “parálisis normativa” o incluso una “congelación”, impidiendo a los Estados adoptar reglamentos sobre la eliminación de los desechos o el control del tabaco por temor a ser demandados”.

Un caso que ejemplifica el tipo de “controversias” en las que se ven envueltos los Estados cuando toman medidas para garantizar derechos es el de Phillip Moris contra Uruguay. La multinacional tabacalera demandó al país sudamericano por sus políticas públicas de control de tabaco, las cuales iban en sintonía con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de defensa del derecho a la salud frente a las enfermedades asociadas al consumo de cigarrillos. Desde 2010 la compañía mantiene una demanda ante el CIADI alegando la violación del tratado de bilateral de inversiones entre Suiza y Uruguay.

La propiedad intelectual por encima de toda necesidad    
 

Los tratados de libre comercio no sólo garantizan a las empresas la posibilidad de demandar a los Estados si toman decisiones que afectan sus negocios, también ponen en primer lugar el beneficio empresario por sobre las necesidad humanas. Todos los acuerdos de libre comercio que se encuentran en proceso de negociación tienen capítulos sobre propiedad intelectual. ¿Qué pasa cuando un bien esencial está patentado? ¿Qué sucede si para garantizar el acceso a un bien o servicio el Estado debe intervenir en el mercado?

El informe de la ONU refiere al tema medicamentos donde el rol de los Estados para garantizar el acceso a ellos “es esencial para proteger el derecho a la vida,”. Del mismo modo, señala el informe “negarse a proporcionar esos medicamentos asequibles equivale al delito penal de denegación de ayuda humanitaria de asistencia a personas en peligro. Dicho de otro modo, no es posible apropiarse de los conocimientos para obtener un beneficio, ni estos pueden ser privatizados ni convertidos en bienes comerciables, sino que más bien deben ser compartidos en un espíritu de solidaridad internacional”. En estos casos, la confrontación entre las normas reguladas en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones con las normas del Derecho Internacional de los Derechos Humanos es flagrante.

Los derechos humanos tienen primacía

Ante el avance de las negociaciones de tratados multilaterales de libre comercio la cuestión de la colisión de normas es un tema central. Los tratados de libre comercio obligan a los Estados de manera vinculante a proteger inversiones, pero los Estados también están obligados a proteger, garantizar y promocionar activamente los derechos de los seres humanos. ¿Qué prevalece entonces? Los informes de expertos de la ONU son taxativos: “un gobierno que pone en peligro su facultad de defender y proteger los intereses de las personas que viven bajo su jurisdicción traiciona su propia razón de ser y pierde su legitimidad democrática. Entre los derechos que deben garantizar los Estados figuran el derecho a la vida, a la seguridad de la propia persona, a la participación en los asuntos públicos, a una patria, a la libre circulación, a la salud, a la educación, al empleo y a la seguridad social. Estos compromisos están consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales”.

Asimismo, la Carta de las Naciones Unidas en su artículo 103 establece que “en caso de conflicto entre las obligaciones contraídas por los Miembros de las Naciones Unidas en virtud de la presente Carta y sus obligaciones contraídas en virtud de cualquier otro convenio internacional, prevalecerán las obligaciones impuestas por la presente Carta”.  De este modo, las reglas establecidas por tratados de comercio e inversiones están subordinadas a las normas sobre derechos humanos.
Sin embargo, es necesario que la sociedad civil defienda esta primacía de los derechos fundamentales de las personas por sobre los tratados que garantizan mercados y seguridad jurídica a inversores trasnacionales.

Esta discusión debe ser previa a la decisión de un país de ingresar o no a un acuerdo de libre comercio multilateral porque, como señala un informe de la Relatora Especial sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Victoria Tauli-Corpuz, “a pesar de las importantes cuestiones de interés público que están en juego en los tratados y acuerdos de comercio e inversiones y del carácter consuetudinario de muchos principios de derechos humanos, no existen mecanismos formales para exigir que los acuerdos de inversión y libre comercio respeten los derechos humanos”.

Fuentes consultadas: esta nota toma como base el informe realizado por Juan Hernández Zubizarreta,  investigador del Observatorio de Multinacionales en América Latina, publicado en http://www.alainet.org bajo el título “El TTIP, TPP, TISA, CETA…vulneran el sistema internacional de los derechos humanos”.




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