18/01/2016

“Los tratados de libre comercio quiebran la soberanía de los Estados”

(*) Juan Hernández Zubizarreta
es Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, miembro del Instituto
de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional e integrante del
Observatorio de Multinacionales en América Latina. Es autor de diversos libros
y artículos sobre distintas cuestiones relacionadas con el rol de las empresas
trasnacionales y actúa como colaborador del Tribunal Permanente de los Pueblos. 


¿Se puede considerar a los TLC como una amenaza
para los trabajadores?


Sin duda creo que sí.
Incluso esto ya se ha hecho realidad en el caso del tratado del NAFTA entre
EE.UU., México y Canadá. Allí los resultados y los impactos han sido
demoledores para el pueblo de México, pero también para muchos sectores de la
clase trabajadora en el área de la manufactura tanto en EE.UU. como en Canadá. La
lógica de estos tratados es la acumulación a favor de las grandes corporaciones
trasnacionales con complicidades de los gobiernos. Esto lo que provoca son
daños muy fuertes en lo que hace a derechos sociales, ambientales y culturales
de los pueblos.


Usted señala que se está creando una arquitectura
jurídica internacional al servicio de 
las trasnacionales ¿Cómo explica eso?


Yo lo suelo denominar “la arquitectura jurídica de la impunidad”.
Con esto me refiero a una gran cadena de dominación que posee distintos
eslabones , uno de ellos lo constituyen los tratados de comercio e inversiones.
Otro eslabón hace referencia a las políticas del Fondo Monetario, del Banco
Mundial y de los bancos regionales. Y otro eslabón está en la propia lógica
privatizadora de la Organización Mundial del Comercio y de los tribunales arbitrales.
Es decir, todos forman una cadena de dominación y conforman una arquitectura
jurídica de la impunidad que funciona a través de normas en el ámbito global
internacional que son coercitivas, imperativas y ejecutivas. Es decir, las normas de comercio e inversión son de
obligado cumplimiento y quien no las cumple sufre el impacto del carácter
ejecutivo de la norma: bloqueos, embargos, sanciones
. Un ejemplo es lo que
sucedió con la renegociación de la deuda argentina, donde un fondo buitre que
no aceptó la negociación demandó al país en un tribunal de EE.UU., cuyo juez le
dio la razón.  Esto subraya el carácter imperativo
de los tratados de comercio e inversión.


Los derechos humanos también forman parte del
derecho internacional ¿cómo conviven?


El derecho internacional
de los derechos humanos, incluido los derechos laborales y los derechos medioambientales,
es un derecho importante pero muy frágil. Hay
una situación de desigualdad o asimetría
en los ámbitos globales donde el
conjunto de normas de comercio e inversiones van tomando más volumen cuantitativo
y cualitativamente son muy imperativas. Mientras que las reglas de los derechos
medioambientales y laborales van hacia abajo, no pueden competir. Si analizamos el tema de los derechos
laborales en el seno de la OIT vemos cómo los convenios cada vez tienen menos
fuerza, se van sustituyendo por declaraciones.
Esto muestra la asimetría y la
impunidad con la que en el ámbito internacional se intentan imponer las reglas
de inversiones que operan a favor de las corporaciones. Es una arquitectura compleja,
de numerosos eslabones, pero responde a esta lógica.


¿Porqué se habla de “tratados de nueva generación”?


Los tratados como el TPP, el TTIP, el TISA, el
CETA quiebran la soberanía de los Estados
en dos terrenos. Uno es muy conocido en América Latina, que es el de los
tribunales arbitrales. En los hechos se trata de una privatización de la justicia, que quiebra uno de los eslabones
centrales de los Estados de derecho, como es la autonomía y el control del
poder judicial. El otro elemento,  que es
relativamente novedoso en los nuevos tratados, es lo que podríamos llamar la “privatización del poder legislativo”.
Esto es un tema dramático, nunca antes vivido, que va unido a la idea de convergencia
reguladora. Es decir, los intentos de
equilibrar a la baja las legislaciones de los países que participan de los
tratados, impactando en los derechos de la ciudadanía y de las mayorías
sociales y favoreciendo a los poderes corporativos
.


En el TPP se habla del
denominado “principio de transparencia”. En concreto, esto significa que cualquier
estado, antes de ejercer su derecho soberano de legislar sobre cuestiones de
comercio e inversiones, debe consultarlo con los otros estados parte del
tratado. Lo que se busca es que la legislación pase por un filtro de “expertos”
en comercio e inversiones que lo que hacen es condicionar el desarrollo de
políticas púbicas, sociales y medioambientales. Estos expertos no son neutrales,
sino que con frecuencia están vinculados a los lobbies de las grandes
corporaciones.


En el acuerdo entre
EE.UU. y la U.E. (TTIP) se habla de un Consejo de Regulación. Es decir que en
el propio tratado ya se prevé un organismo de carácter administrativo, que
estaría formado por representantes de comercio de EE.UU. y representantes de
comercio de la Comisión Europea,  que van
a actuar como filtro regulatorio. Es decir, van a hacer un análisis previo de carácter
económico y jurídico sobre las decisiones soberanas de los parlamentos. Es un
Consejo que va a tener secciones sectoriales, donde las corporaciones trasnacionales
van a poder hacer una “co-escritura de la legislación”. Es decir que el lobby de la empresa trasnacional no solo va a presionar
sino que va a coescribir legislación, que a su vez va a controlar lo que los
parlamentos vayan a hacer. Esto es de una perversión tremenda, porque es
privatizar los parlamentos.


¿Qué pasa cuando las normas de comercio e inversión
entran en colisión con los tratados de derechos humanos?


Tengo la absoluta
convicción de que prevalece el derecho internacional de derechos humanos. Así lo
ha expresado el experto designado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU Alfred-Maurice
de Zayas. Hay un tradición jurídica para la cual no hay ninguna duda de esto.
Pero hay que tener en cuenta que el derecho internacional está absolutamente
fragmentado y las  corporaciones
trasnacionales apuestan a ello, a separar las distintas especialidades del
derechos internacional.  De ese modo se
espera que actúen como cuerpos jurídicos aislados, por un lado el comercio y la
inversión y por el otro los derechos humanos, con el objetivo de dar primacía a
lo primero. Pero tenemos apoyo jurídico de sobra para asegurar que la jerarquía
jurídica es al revés. El sistema
internacional de derechos humanos está por encima de los tratados de libre
comercio. Lo garantiza el artículo 103 de la Carta de Naciones Unidas, el artículo
53 de la Convención de Tratados de Viena, el art 38 del Estatuto de la Corte Internacional
de Justicia.
 


Pero además hay un apoyo
social. Si usted pregunta a la población mundial si está de acuerdo con el
acceso de todo ciudadano a los medicamentos o si considera que se deben
priorizar los derechos de patentes, la respuesta es obvia. Está claro que hay
un conjunto de bienes públicos tutelados por el derecho internacional de los
derechos humanos que no puede estar sometido esté sometido al juego de las grandes
corporaciones de acumular mucha riqueza en muy poco tiempo. Lo que sí resulta
preocupante es que cuando se habla de derechos humanos, muchas veces  se lo hace de manera retórica, olvidando que
hay tratados de derechos humanos de obligado cumplimiento.


Sin embargo, usted señalaba el carácter coercitivo
e imperativo de los tratados de libre comercio.


Lo que sucede es que hay una interpretación unilateral del
principio de seguridad jurídica
, principio que los juristas defendemos. Nos
parece lógico que si una empresa realiza un acto de comercio o un acto de
inversión se le garantice una cierta seguridad jurídica. Pero hay que tener en
cuenta que la seguridad jurídica no solamente puede ser un principio de defensa
del capital y de las inversiones. Hay otra seguridad jurídica que es la que
emana de los tratados internacionales de derechos humanos. Lo que puede ocurrir
es que a veces existan choques entre la seguridad jurídica de las inversiones y
de los derechos humanos, sociales, medioambientales y culturales. Si se produce
esta confrontación y este choque, a mi parecer, son los tribunales nacionales
los que deben dirimir los conflictos, en pura aplicación del derecho
internacional y que normalmente las constituciones contemplan.


Por eso hay que reinterpretar el concepto de
seguridad jurídica a partir del sistema internacional de derechos humanos. No se
puede tolerar la creación de tribunales arbitrales al servicio de las grandes
corporaciones trasnacionales.
 ¿Por qué una trasnacional puede demandar a un
Estado? Esto no es razonable. Hay que volver en la doctrina jurídica latinoamericana
a la doctrina Calvo, que sea los tribunales internos los que tengan la
capacidad de aplicar las normas y, en su caso, si es que hay que crear un
tribunal internacional, que no sea un tribunal arbitral. Soy partidario de un
tribunal internacional que proteja los derechos económicos y sociales, donde
una trasnacional, si considera que han vulnerado y violentado sus inversiones y
si cree que el poder judicial del país donde ha invertido no le defiende, que
pueda acercarse  este tribunal pero que
no sea un tribunal privado. Que sea un tribunal de poder judicial que aplique
del derecho de inversiones cruzado con el derecho internacional de derechos
humanos.


¿Cuál cree que debe ser el rol de las
organizaciones sindicales frente a los tratados de libre comercio?


El papel del movimiento
sindical internacional me parece fundamental.  Me parece que hay que recuperar ese espíritu de solidaridad internacional del
movimiento obrero,
que hay que reactivarlo más que nunca. Tal vez pienso
más en los sindicatos europeos y españoles, que aunque tienen en sus documentos
la idea de la internacionalización, creo que tienen que hacer un análisis en
profundidad de cómo se pueden construir alianzas del movimiento sindical más
firmes. No puede ocurrir que las grandes trasnacionales actúen a sus anchas.


Creo que es necesario que
el movimiento sindical se abra a otros movimientos, como el ecologista o el
movimiento de los derechos humanos, con los que tiene que converger. A veces se
ven espacios estancos, que son contraproducentes porque son tiempos de sumar. Y
el gran capital se está dotando de instrumentos políticos, jurídicos y
económicos cada vez más fuertes, frente a lo que necesariamente tenemos que sumar
impulsos.


A partir de ahí hay que
trabajar con estas alianzas sobre cómo luchamos por un modelo de comercio e
inversiones distinto. Porque no hay que reinventar demasiado. Yo soy partidario
de volver a los textos como la Carta de La Habana, a esa organización
internacional del comercio, no la OMC. Allí 
estaba claro que debía haber comercio pero subordinado a la
sostenibilidad medioambiental, al empleo, a salarios justos, a capacidades
retributivas claras, a trabajo estable, a un movimiento sindical fuerte, a
negociación colectiva, a derecho de huelga, a hacer reales y prácticos los
Convenios de la Organización Internacional del Trabajo. A mí me duele mucho que, mientras las normas de comercio e inversión
son imperativas, coercitivas y ejecutivas, los convenios de la OIT que son
centrales tienen una ejecutividad muy frágil. Si un país lo incumple, toda la
arquitectura de control para lograr una sanción no ocurre. Todo lo contrario
que en derecho de comercio, y esta es una asimetría sobre la cual el movimiento
sindical debe intervenir con mucha fuerza.

 

                                                                                             



 

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