06/10/2015

Uruguay: ¿Modelo de participación popular?

Martes 6 de octubre de 2015,

por La olla TV

*Entrevistamos al fiscal uruguayo Enrique Viana acerca de los procesos de consulta en el país hermano. En su larga trayectoria, Viana ha llevado adelante significativas causas relacionadas con los bienes comunes.
Fue una de las pocas voces que se alzó en contra de la instalación de la papelera Botnia. Asimismo, este año, solicitó una medida cautelar a la Suprema Corte de Justicia que impida que Aratirí firme contrato con el Estado hasta que la Corte no se pronuncie sobre la inconstitucionalidad de la ley de minería, ya que denuncia, el “proyecto Aratirí significará escalas de destrucción y contaminación difíciles de imaginar”. Sin embargo su pedido fue negado. Asimismo, se ha pronunciado a través de una demanda en defensa de la soberanía nacional y la república contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por su participación en las negociaciones del TISA (Trade in Services Agreement).
En este sentido, no sólo destacó que este acuerdo se realiza en forma secreta, “lo que la vuelve en primer lugar antidemocrática”, sino que destacó que las cláusulas de blindaje, de estabilidad, de seguridad jurídica o de congelamiento del derecho y también las cláusulas de prórroga de jurisdicción “entrañaría para la República Oriental del Uruguay múltiples condicionamientos de la voluntad de sus tres poderes… significaría permitir el atentado contra la soberanía nacional y la república y con más la violación del axioma de igualdad ante la ley”.

-Hay una idea o sensación de que Uruguay es un ejemplo como país que utiliza la consulta popular asiduamente para diversas temáticas. ¿Es correcta esta percepción?

 Comparativamente, si uno mira las constituciones de todo Sudamérica, es probable que sí. Se resalta siempre a Venezuela y a Uruguay como países que tienen previsiones constitucionales de lo que normalmente se llama democracia directa.

Pero en el caso de Uruguay, del que puedo hablar, no es así. Nosotros tenemos una constitución más bien rígida, que cuesta mucho modificar. Tiene cuatro procedimientos con un denominador común y es que finalmente tiene que pronunciarse la ciudadanía, y así ha ocurrido a lo largo de la historia desde 1830. Dentro de esas previsiones, está lo que se llama el plebiscito constitucional, que puede ser promovido por un conjunto determinado de ciudadanos quienes pueden promover una reforma constitucional e iniciar así un procedimiento que luego termina también con un pronunciamiento final de la ciudadanía.

Lo otro que tenemos es un mecanismo de referéndum revocatorio, por el cual un conjunto de ciudadanos pueden promover la revocación de una ley, salvo de las leyes tributarias y ha ocurrido en algunas oportunidades, con distintos resultados. Y después existen algunos mecanismos de iniciativas departamental.

En los hechos quizás deberíamos tener más mecanismos de consultas o de democracia directa. Hoy las exigencias de los tiempos actuales a mi juicio hacen pensar que la constitución debería tener más posibilidades de que la ciudadanía ejerza la democracia directa y que se puedan someter con mayor facilidad y mayor número de asuntos a consultas de la ciudadanía.

–O sea que el pueblo no puede impulsar normas o nuevas leyes.

 No, la única nueva norma que puede impulsar es una modificación a la constitución. La más conocida tal vez es la reforma del agua, aprobada en el 2004 por un 66 por ciento de la ciudadanía, que fue la que la impulsó. Allí se incorporó una protección muy especial del agua que ya estaba prevista a nivel legal, pero se elevó a nivel Constitucional, con una adhesión muy importante de la ciudadanía.

-¿Que tipo de organización hace falta para poder promover un plebiscito? ¿Cuáles son los requisitos?

 Para promover un plebiscito para modificar la constitución, se requiere una iniciativa del 10 por ciento de los ciudadanos inscritos en el Registro Cívico Nacional, que tiene que presentar un proyecto articulado que luego se eleva al presidente de la asamblea general, debiendo ser sometido a una decisión popular.

Para el otro mecanismo, del referendo revocatorio, se requiere un 25 por ciento del total de inscritos habilitados para votar y tienen que interponer esa revocación dentro del plazo de un año de la promulgación de esa ley.

-La primer consulta popular en Uruguay fue en 1917, es decir que estamos a punto de cumplir 100 años. Se pude decir que hay una tradición de consultar al pueblo que no se da en nuestro país. ¿De dónde viene esa tradición uruguaya de apelar a la consulta popular?

 Creo que un motivo ha sido el tener una Constitución originalmente muy rígida, muy difícil de modificar. Recién se consigue por prácticamente un siglo de guerras civiles entre básicamente dos partidos que se formaron ya en 1830. Como fin de esas guerras se dan ciertas modificaciones. Aún así es insuficiente.

Si bien han existido todas esas posibilidades de modificar la constitución, eso no quiere decir que la constitución sea fácil de modificar y hoy entramos en una situación más compleja: como es muy difícil modificar la constitución y es muy difícil convencer a la ciudadanía que hay que modificarla, estamos dictando leyes que esquivan la constitución o evitan el cumplimiento de la misma. Eluden el rigor que tiene.

Hay una intención de, por vía legislativa, eludir la voluntad de la ciudadanía que sí está impuesta en la constitución y eludirla por la simple vía de la democracia representativa. Hay una suerte de enfrentamiento entre la democracia representativa, que quiere resolver todos los problemas por la ley, enfrentada a una democracia directa que necesariamente tiene que manifestarse a través de una modificación de la constitución.

Estamos viviendo esos tiempos, y más aun cuando existen poderosos intereses económicos que quieren imponer determinadas reglas y les resulta mucho mas fácil acordar con la democracia legislativa, con los gobernantes de turno, que arreglar para favorecer sus intereses que con toda la ciudadanía o con el pueblo.

-¿Hay en Uruguay presencia de organización popular tendiente a una mayor democratización?

 Hoy hay una situación de mucha quietud, de mucha inercia, quizás porque no se ha instalado en la ciudadanía la necesidad de utilizar mecanismos de democracia directa.

Los temas ambientales, que hoy acucian, son muy importantes. Por ejemplo en Uruguay estamos viviendo una hipótesis de pérdida definitiva del agua potable, siendo que la constitución dice que el acceso al agua potable es un derecho humano. Sin embargo, no hay una movilización de la ciudadanía. No se ha planteado la necesidad de que la democracia directa permita evitar los atropellos que se pueden estar desarrollando a espaldas de la ciudadanía.

En el 2004 cuando se aprobó la última reforma constitucional, iniciativa de la propia ciudadanía, sí se instaló en la gente la necesidad de esa reforma y tuvo un caluroso apoyo. No quiere decir que se haya cumplido, la reforma se dictó y hasta el día de hoy se está incumpliendo, por ejemplo con esto del agua potable. Hoy no veo el interés de la ciudadanía ante la posibilidad de manifestarse directamente. Tampoco hay una promoción de los partidos políticos ni de los representantes más significativos.

No hay una promoción para alentar formas de democracia directa, para mejorarlas, hacerlas más accesibles, no se observa eso. Yo lo emparento con poderosos intereses económicos que prefieren arreglar con unos pocos que tener que dialogar o debatir con el resto de la ciudadanía.

-Hace poco realizó una demanda en defensa de la soberanía nacional y la república contra el Ministerio de Relaciones Exteriores por su participación en las negociaciones del TISA…

 Tratamos de hacer dos cosas: una, pedir información, sabiendo que el propio acuerdo, la propia participación de la negociación en el auerdo por parte de Uruguay ha estado tapada por varios velos y todo indica que es una negociación secreta.

Nosotros pretendemos que el Ministerio de Relaciones Exteriores informe a un juzgado qué es lo que está pasando, qué es lo que está ocurriendo y se está negociando. Es muy difícil que esto se haga, porque estas negociaciones tienen mecanismos de cerrojo que impiden el acceso a la información, pero más que nada con esta primera intimación lo que queremos es advertir a las autoridades y a la ciudadanía, que si nos introducimos en estos acuerdos -y con el sólo hecho de ser secretos- estamos incurriendo en mecanismos antidemocráticos, impidiéndole a la ciudadanía que conozca cómo el Estado está condicionando sus voluntad frente a poderosos intereses económicos.

Sabemos, porque ya hemos tenido experiencia, que estos acuerdos como el Tisa tienen feroces condicionamientos nada menos que de la voluntad soberana del Estado, prácticamente casi todos ellos cuentan con las cláusulas de blindaje o de congelamiento de derecho que le impiden al Estado modificar a futuro el derecho sobre todo si ese derecho pude perjudicar o los intereses económicos pueden verse perjudicados. Tienen derecho a reclamaciones, con aplicaciones de derechos ajenos al origen democrático. Todo eso, que es el condicionamiento de la voluntad que supone este acuerdo, es lo que nosotros tratamos de advertir nuevamente a los Gobernantes y a la ciudadanía. Son pasos dados hacia la extinción de un Estado como Estado Nación.

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