22/01/2016

¿Qué son los crímenes económicos y ecológicos internacionales?

Las
prácticas de las empresas transnacionales o de aquellas personas que actúen en
su nombre, así como de los Estados y de las instituciones internacionales
económico-financieras —y de las personas físicas responsables de las mismas—
que cometan actos o actúen como cómplices, colaboradores, instigadores,
inductores o encubridores, que violen gravemente los derechos civiles,
políticos, sociales, económicos, culturales y medioambientales podrán ser
tipificadas como crímenes internacionales de carácter económico o ecológico. El
elemento internacional se configura cuando la conducta delictiva afecta a los
intereses de la seguridad colectiva de la comunidad mundial o vulnera bienes
jurídicos reconocidos como fundamentales por la comunidad internacional. Veamos
un par de ejemplos para ilustrar esta cuestión.

 

La extinta
troika —compuesta por la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo
Monetario Internacional— aprobó planes de ajuste vinculados a medidas de
austeridad que han destruido la vida de miles de personas y han generado
auténticas crisis humanitarias. El caso de Grecia es paradigmático: aumento de
la pobreza y del número de familias sin hogar; desmantelamiento de las
estructuras de salud pública y mercantilización de la misma, provocando la disminución
de la esperanza de vida en dos años, que haya tres millones de personas sin
cobertura de seguridad social, miles de mujeres sin derecho a la prevención de
cánceres de mama y la eliminación de la salud reproductiva; aumento de la
mortalidad de los recién nacidos y ausencia de vacunas para quien no puede
pagarlas; incremento de la cifra de suicidios; empobrecimiento generalizado de
la población…


En Ecuador,
la petrolera Chevron-Texaco se dedicó a la extracción de crudo en la Amazonía
durante tres décadas. En ese periodo, entre 1964 y 1992, vertió 80.000
toneladas de residuos petrolíferos, una cantidad 85 veces superior a la vertida
por BP en el Golfo de México. Después de salir del país, la multinacional dejó
tras de sí unos daños ambientales que, según peritos internacionales, han
provocado la muerte de más de mil personas, todas ellas afectadas de cáncer. Y,
a pesar de que los tribunales ecuatorianos han condenado a la compañía
estadounidense a indemnizar a las víctimas de sus prácticas, Chevron-Texaco no
acepta la sentencia ni los procedimientos judiciales, no asume sus
responsabilidades y ha puesto en marcha todos los resortes de la lex mercatoria
para favorecer sus propios intereses. Dicho de otro modo, la empresa no acepta
la soberanía nacional del país y se aprovecha de un sistema jurídico
internacional completamente asimétrico.

 

Ambos hechos
no son casos aislados, sino todo lo contrario: son apenas un par de ejemplos
para mostrar cómo funciona la arquitectura jurídica de la impunidad, ese nuevo Derecho
Corporativo Global del que se sirven las grandes empresas para asegurar sus
negocios por todo el planeta y que debe ser neutralizado con propuestas
jurídicas alternativas. Como, entre otras, el Tratado internacional de los
pueblos para el control de las empresas transnacionales, una iniciativa
impulsada por organizaciones sociales de los cinco continentes con el fin de
avanzar en la regulación de los crímenes económicos y ecológicos.


Según este
Tratado de los pueblos, la tipificación de los crímenes económicos
internacionales —además de valorar la dimensión cuantitativa o la extrema
gravedad de los daños sobre los derechos humanos— debe configurarse sobre
premisas como la corrupción, el soborno, el crimen organizado, el tráfico de
personas, la malversación de fondos, el blanqueo de dinero, el tráfico de
información privilegiada, la manipulación de mercados, la estafa organizada y
la falsedad de estados financieros. Se debe, además, valorar la opacidad del
complejo entramado de bancos, empresas, grupos de inversores, agencias de
calificación, consultoras, comisionistas y otros actores que operan en los
mercados financieros, teniendo en cuenta el movimiento especulativo de
capitales y de los fondos de inversión, el fraude y la elusión fiscal, la retribución
de los altos directivos, el secreto bancario, los flujos ilícitos de capital y
de los servicios financieros.

 

Para la
definición de los crímenes económicos internacionales, se considerarán
igualmente las prácticas de los Estados, instituciones internacionales
económico-financieras, empresas transnacionales, bancos y otras sociedades
financieras dirigidas a la especulación e intervención del mercado de los
commodities, es decir, de materias primas y de productos agrícolas; la
mercantilización de la ayuda humanitaria; las políticas de ajuste; el uso
abusivo de los paraísos fiscales y la especulación con la deuda soberana; sobre
cualquier intento de patentar las diversas formas de vida presentes en la
naturaleza y de establecer un derecho de preferencia del dominio privado sobre
las cuestiones fundamentales para la salud.


Por su
parte, los crímenes ecológicos internacionales generados por las prácticas de
las personas físicas o jurídicas —como las empresas transnacionales— incluyen
el acaparamiento de tierras y territorios, la privatización y contaminación de
fuentes de agua y la destrucción del ciclo hidrológico integral, el
arrasamiento de selvas y la pérdida de biodiversidad, la biopiratería, el
cambio climático, la contaminación masiva de los mares y la atmósfera, etc. Y
es que la distribución de todos estos impactos y las cargas de contaminación y
avasallamiento son recibidas por los territorios y, en consecuencia, se produce
lo que podríamos llamar un ecocidio. Esto tiene directa relación con los
derechos de la naturaleza y a su vez con los derechos humanos y la posibilidad
de gozar de un ambiente sano, premisa que resulta fundamental para la garantía
de los demás derechos consagrados en las normas nacionales e internacionales.

 

En este
marco, la aprobación y regulación de los crímenes económicos y ecológicos
internacionales es urgente. Requiere, eso sí, una adecuada correlación de
fuerzas en el ámbito de la comunidad internacional; no podemos olvidar que su
regulación colisiona con los núcleos centrales del funcionamiento del
capitalismo global. Volviendo al ejemplo de la Troika: sus medidas sometieron a
la ciudadanía griega a condiciones extremas que pueden tipificarse como
crímenes contra la humanidad, con lo que las personas físicas responsables de
las mismas —los miembros del Consejo Europeo y los presidentes de la Comisión
Europea, del consejo de administración del FMI y del consejo de gobierno del
BCE— pueden ser denunciados ante la Corte Penal Internacional.

 

Convenimos
con el jurista argentino Alejandro Teitelbaum en que es posible invocar ante
los tribunales como Derecho vigente el artículo 7 del Estatuto de la Corte
Penal Internacional (Roma, 1998), que establece que “se entenderá por “crimen
de lesa humanidad” cualquiera de los actos siguientes cuando se cometa como
parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con
conocimiento de dicho ataque”; entre ellos, el texto menciona “otros actos
inhumanos de carácter similar que causen intencionalmente grandes sufrimientos
o atenten gravemente contra la integridad física o la salud mental o física”. A
la vez, considera que el “exterminio” comprende “la imposición intencional de
condiciones de vida, la privación del acceso a alimentos o medicinas entre
otras, encaminadas a causar la destrucción de parte de una población”.


No obstante,
a pesar de que las denuncias de todos estos crímenes económicos y ecológicos
disponen de fundamento jurídico, las relaciones de poder se imponen —los
responsables políticos de los países centrales y las clases dominantes se
sitúan al margen de la responsabilidad penal internacional— y el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos queda sometido al poder político y
financiero. De ahí la necesidad de aprobar una regulación y mecanismos para el
control de los crímenes económicos y ecológicos internacionales, que permita,
al menos formalmente, procesar a los responsables de tanta atrocidad.


Juan Hernández Zubizarreta y Pedro Ramiro son autores de “Contra la ‘lex mercatoria’. Propuestas y alternativas para desmantelar el poder de las empresas transnacionales” (Icaria, 2015).


(*) Juan Hernández Zubizarreta es Doctor en Derecho por la Universidad del País Vasco, miembro del Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional e integrante del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL).

(*) Pedro Ramiro es coordinador del Observatorio de Multinacionales en América Latina (OMAL)

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