04/02/2015

PERÚ: Por una Ley General de Trabajo, ¡ahora!

La
derogatoria de la denominada Ley Pulpín es un triunfo político de la juventud
peruana, donde también participó la CGTP y otras organizaciones sociales. Esta
norma solo favorecía a los intereses de los empresarios, quienes iban a
incrementar sus ganancias gracias al abaratamiento de la mano de obra, tal como
sucede con la Ley Mypes, Agroindustria, Textiles, Trabajadoras del Hogar, etc.
Sin embargo, como lo hemos denunciado, el gobierno tiene otros proyectos de ley
lesivos a los intereses de los trabajadores que se encuentran a la espera de
aprobación por parte del Congreso.

 

En ese
sentido, la CGTP demanda debatir y aprobar la Ley General de Trabajo con la
finalidad de regular las relaciones laborales de los trabajadores públicos,
privados y autónomos. Esta deliberación debe contar con la participación de
todos los actores sociales y lograr así un cuerpo legal que reemplace a las 40
normas que rigen en la actualidad y que provocan una dispersión normativa que
perjudica a los millones de trabajadores y acentúa la informalidad.

 

Cabe
mencionar que durante 13 años los diversos gobiernos han encarpetada una
propuesta de ley. Por el contrario, se ampliaron los regímenes especiales y
normas anti-laborales, como la Ley Mypes durante el toledismo (cuyos efectos
negativos fueron ampliados por Alan García y Humala), CAS creado y promovido
por el gobierno aprista, entre otros. A esto debemos agregar los perjuicios que
impuso la dictadura fujimorista que eliminó diversos derechos laborales y
despidió a más de 300 000 trabajadores y asesinó a dirigentes sindicales (Pedro
Huilca).

 

Por estas
razones, demandamos a las mismas bancadas que votaron por la derogatoria de la
Ley Pulpín respaldar la dación de una Ley General de Trabajo y así demostrar
que no están comprometidas con los grupos de poder económico. Consideramos, a
su vez, que para iniciar este debate el gobierno debe dar gestos para
restablecer el diálogo.

 

Uno muy
importante y fundamental es la renuncia de los ministros de Trabajo, Producción
y Economía, caso contrario sería la señal de que el régimen seguirá con la
misma línea política, destinada a precarizar las condiciones de trabajo, algo
que obviamente agudizará el conflicto social.

 

Asimismo,
se deben archivar proyectos legislativos como el 4008 denominado “Ley que
promueve el mejor desempeño del mercado laboral a través de la reducción de los
costos de transacción en la regulación laboral”.

 

Dicho
proyecto reduce el porcentaje de trabajadores para que proceda un cese
colectivo por causas objetivas del 10% al 5%; limita las inspecciones de
trabajo; se otorga una franja salarial del 20% de la remuneración bruta de los
trabajadores no afecta a aportaciones ni cargas sociales, etc.

 

Por estos
motivos, hemos convocado para el 28 de febrero a una Asamblea de Delegados y
Delegadas para acordar el desarrollo de una Paro Nacional, medida que se
coordinará con los diversos movimientos, organizaciones y partidos que buscan
concretar un verdadero cambio en el país. El objetivo es enfrentar y derrotar
esta ofensiva antilaboral que promueve el gobierno de Ollanta Humala, como se
hizo con la Ley Pulpín.

 

Fuente:
Diario UNO

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