28/01/2016

Nuevo freno a Monsanto en Argentina

La mayor compañía de transgénicos del
mundo nunca imaginó que Malvinas Argentinas, la pequeña localidad del centro
geográfico de Argentina, sería el lugar de uno de sus mayores traspiés. Allí
anunció la construcción de su megaplanta de maíz, pero nunca pudo concretarla.
Movilizaciones de rechazo, irregularidades en el estudio de impacto ambiental,
un acampe en el portón de ingreso y un fallo judicial frenaron la obra hace más
de tres años. La última estocada: la multinacional intentó volver a ingresar al
predio, pero asambleas socioambientales reforzaron el bloqueo a la planta y una
fiscal frenó el desalojo.

 

El viernes hubo marchas simultáneas en
ciudades de Argentina. La consigna se repite: “Fuera Monsanto de
Latinoamérica”.

 

30 de diciembre

 

La orden judicial era clara. Daba 24
horas para liberar el camino y permitir el ingreso de personas y maquinarias en
el predio de treinta hectáreas que posee Monsanto. “Notificar a los
manifestantes que dentro de las 24 horas de notificado el presente proveído
deberán permitir la libre circulación e ingreso de personas y cosas en el
predio de la empresa Monsanto, debiendo remover todo obstáculo que lo impida,
bajo apercibimiento de las responsabilidades penales. Vencido dicho termino, no
habiéndose cumplimentado la presente orden, se procederá a la remoción por la
fuerza pública”, advirtió el escrito del fiscal Víctor Hugo Chiappero. Era el
último día hábil (30 de diciembre) e inicio de la feria judicial (durante enero
funciona con guardias mínimas y sin activar apelaciones). La medida había sido
solicitada por Ignacio Soria, abogado de Monsanto.

 

La reacción fue inmediata. Redes
sociales, radios comunitarias, medios de comunicación alternativos difundieron
la noticia y las organizaciones sociales llamaron a congregarse al acampe (que
ya lleva tres años), a la vera de la ruta 88, en el portón de ingreso al predio
la compañía.

 

El mismo 30 de diciembre, en asamblea
general, surgió el primer comunicado. Detallaron tres puntos. El amparo
judicial del 8 de enero de 2014, emitido por la Cámara II de la provincia de
Córdoba, declaró inconstitucional la ordenanza que permitió la instalación de
Monsanto. También recordaron que la Secretaría de Ambiente rechazó el Estudio
de Impacto Ambiental de la compañía por graves inconsistencias en su contenido.
Y, tercer punto, remarcaron la vigencia del artículo 20 de la Ley Provincial de
Convivencia Ambiental (N° 10.208, aprobada en 2014), que especifica que ninguna
empresa a la que se le haya rechazado el estudio de impacto ambiental puede
presentarlo nuevamente.

 

“Nos sobran argumentos para decir que
la instalación de Monsanto es ilegal. Hace más de un año que debiera haberse
retirado de esta localidad”, afirmó el comunicado, firmado por la Asamblea de
Autoconvocados del Bloqueo y por la Asamblea Malvinas Lucha por la Vida-Línea
Fundadora.

 

Señalaron que la orden judicial se
trataba de “una clara jugada política” y responsabilizaron a los tres niveles
de gobierno. A la intendenta, Silvina González (UCR); al gobernador, Juan
Schiaretti (Partido Justicialista) y al presidente, Mauricio Macri (PRO).
Reiteraron su rechazo a la compañía y llamaron a una convocatoria masiva para
resistir el intento de desalojo.

 

El 31 de diciembre realizaron un
conferencia de prensa y ratificaron que no dejarían pasar a la empresa.

 

El mismo día, el abogado de los
activistas Darío Ávila presentó un pedido de nulidad a la orden del fiscal
Chiappero. “Es una gran contradicción lo que hizo el fiscal. Está vigente un
fallo, de de la Cámara Laboral, que dispone que la Municipalidad no puede
autorizar ningún tipo de ejecución de obra hasta tanto Monsanto no presente un
nuevo estudio de impacto ambiental”, explicó Ávila.

 

Sin embargo, el juez Roberto Cornejo,
desestimó el pedido y dio luz verde al pedido de avanzar sobre el bloqueo a
Monsanto.

 

Lucas Vaca, de la Asamblea de Vecinos
de Malvinas Argentinas, señaló que estaban en “alerta roja” a la espera de la
policía. “No entienden que no queremos dinero, sólo queremos que Monsanto se
vaya de nuestra tierra. Estas empresas nos envenenan y matan. Que se vayan”,
resumió.

 

Eduardo Quispe, también vecino de la
localidad, explicó que reforzaron las guardias y que estaban convocando a más
vecinos y organizaciones de Córdoba y otras provincias de Argentinas. Vanina
Barboza Vaca, una de las iniciadoras de la Asamblea, sinceró que estaba con una
mezcla de miedo, enojo e indignación. Sabe que estos intentos de la empresa no
son casualidad, y lo vincula a la coyuntura política: “Con este Gobierno dimos
muchos pasos atrás, va a estar muy complicado, pero seguiremos en la lucha”.

 

El 4 de enero hicieron un corte
parcial de la ruta (sobre media calzada) e informaron a vecinos y
automovilistas la situación. Declararon el “alerta permanente” ante la posible
represión y convocaron a la marcha del viernes 8 de enero, en la capital
provincial.

 

Cuatro años

 

Los vecinos de Malvinas Argentinas se
enteraron en 2012 por televisión, mediante el anuncio de la presidenta Cristina
Fernández de Kirchner, que la mayor empresa del agronegocios del mundo había
decidido instalar una megaplanta de semillas de maíz transgénico en su
localidad (a catorce kilómetros de la capital de Córdoba). Se trataba de un
predio de 30 hectáreas, donde instalaría 240 enormes silos.

 

Comenzó un proceso inédito para el
lugar: asambleas masivas, movilizaciones, pedidos de explicaciones. Los principales
reclamos eran dos: acceder al estudio de impacto ambiental y una votación para
que la población decida. La respuesta empresaria y gubernamental fueron media
docena de represiones.

 

Entre 2012 y 2013, tres universidades
nacional (de Córdoba, Río Cuarto y Católica) cuestionaron la instalación de
Monsanto. Denunciaron el permiso de la obra sin la previa evaluación de impacto
ambiental, como establece la Ley General del Ambiente (25.675), y tampoco se
cumplió con las audiencias públicas. Las tres universidades nacionales
explicitaron la vigencia del “principio precautorio” (cuando haya riesgo de
afectar el ambiente y la salud, se deben tomar medidas protectoras que pueden
provocar esa afectación).

 

El 19 de septiembre de 2013 se
organizó el festival “Primavera sin Monsanto”. Anunciado como un espacio de
música, encuentro y breves discursos. Fue también el momento elegido por la
Asamblea para bloquear por tiempo indeterminado el portón de ingreso al predio.
Sobrevinieron seis represiones (con más de veinte heridos, siempre vecinos),
ejecutadas por la policía provincial, punteros políticos y patotas de la Uocra
(sindicato de los trabajadores de la construcción).

 

El 8 enero de 2014, la Sala II de la
Cámara Laboral detuvo la construcción de la planta solicitado en un amparo de
la Asamblea. El fallo declaró la arbitrariedad y la inconstitucionalidad de las
ordenanzas emitidas por la Municipalidad y la Provincia que habían posibilitado
el inicio de la obra. El 10 de febrero de 2014, la Secretaría de Ambiente provincial
rechazó el estudio de impacto ambiental de Monsanto por grandes carencias
técnicas. Entre ellos, no mencionaba cómo se tratarían las toneladas de
desechos ni el gran consumo de agua.

 

La discusión sobre Monsanto potenció
denuncias sobre el uso masivo de agroquímicos, desmontes, sequías y
especulación inmobiliaria. En la vecina localidad de Río Cuarto (donde Monsanto
planeaba instalar una planta experimental), la acción de organizaciones
sociales y la Universidad (UNRC) motivaron los cuestionamientos a la empresa.
El intendente, Juan Jure, prohibió por decreto la instalación de Monsanto.

 

Otra consecuencia: la multinacional
Syngenta reconoció en 2015 que canceló su proyectada planta de semillas
transgénicas en Villa María (otra localidad de la provincia de Córdoba) “para
evitar un nuevo foco de conflicto”. Lo vinculó directamente a lo sucedido en
Malvinas Argentinas. Para las asambleas socioambientales fue celebrado como un
triunfo de la lucha.

 

Monsanto no emitió opinión sobre los
hechos de la última semana. Sí en reiteradas oportunidades llamó “violentos” a
los vecinos, en 2015 removió a toda su cúpula gerencial en Argentina y dejó
trascender que, ya pasadas las elecciones, planea construir su planta en 2016.

 

Vida

 

La fiscal de feria Adriana Abad suspendió
el 6 de enero la orden de desalojo contra los asambleístas en el bloqueo contra
Monsanto. De esta manera dejó sin efecto el pedido de su colega Víctor
Chiappero (que se encuentra de vacaciones). La fiscal Abad señaló que no había
motivos para permitir un desalojo, aunque Chiappero podrá ratificar la medida
cuando se reincorpore en febrero.

 

El viernes 8 se cumplieron dos años
del fallo judicial que frenó la instalación de Monsanto. Fue el día elegido por
asambleas, organizaciones sociales, activistas y partidos de izquierda para
marchar de manera simultánea en tres ciudades de Argentina (Córdoba, Buenos
Aires y Rosario).

 

Nora Cortiñas, referente en la lucha
por los derechos humanos y Madre de Plaza de Mayo Línea Fundadora, encabezaba
la marcha en Buenos Aires. Una extensa bandera exigía “fuera Monsanto” y la
pequeña pancarta de Nora Cortiñas era un llamado a la acción: “Sí a la vida, no
a los agrotóxicos”.

 

* Por Darío Aranda, periodista y escritor (www.darioaranda.com.ar). Nota
publicada en Telesur el 20 de enero de 2016 (http://www.telesurtv.net/english/opinion/-Argentine-Social-Movements-Strike-Back-Against-Monsanto-20160120-0015.html)

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