27/04/2016

La lucha por el agua es cuestión de vida o muerte

Este elemento vital de la naturaleza, en Guatemala ha sido
privatizado y entregado al capital corporativo trasnacional. El paso dado
contra los intereses de las mayorías, se ha gestado mediante la desviación y
embalse de los caudales de los ríos donde las grandes hidroeléctricas, las
mega-mineras, las cementeras y las grandes extensiones de palma africana así lo
reclaman. Las grandes industrias retienen y utilizan la mayor parte del agua que
necesitan los vecinos y vecinas de los pueblos, pero eso no es todo, sino que
por el uso indebido de químicos y materiales contaminantes provocan el
envenenamiento de los ríos y grandes extensiones acuíferas, como ocurre
actualmente con el Lago Atitlán. La destrucción de bosques, el escaso monitoreo
a áreas protegidas, el corte de manglares, está provocando la salinización de
fuentes  hídricas.

 

Toda esta depredación es parte de concesiones a millonarios
inversores foráneos hechas por los últimos gobiernos -incluido el actual- y que
han derivado en lo que se ha dado en llamar “Plan para la Prosperidad del
Triángulo Norte de Centroamérica”, firmado por los presidentes de Guatemala,
Honduras y El Salvador.

 

Con ese rimbombante nombre, el plan es parte -cuando no- de
una estrategia de los Estados Unidos -país que ofició de impulsor fundamental a
través de su vicepresidente Joe Biden- 
para mantener su hegemonía histórica en Centroamérica, ya esta se veía
amenazada por la construcción del Canal de Nicaragua que está realizando la
empresa china «HK Nicaragua Canal Development» y las exploraciones mineras en
la región por parte de empresas rusas.

 

Como suele ocurrir, estas grandes “estrategias” de
Washington, que cuentan con el beneplácito de cómplices locales que operan como
amanuenses, golpean a campesinos, indígenas y pobladores rurales en general.
Son políticas ligadas a mantener relaciones carnales con las grandes empresas
europeas o estadounidenses, y en este caso devienen en el hecho dramático de
que los afluentes de los ríos ya no llegan al mar, perjudicando notoriamente a
las comunidades rurales más pobres.

 

Es por ello que en estos días, una importante movilización
popular puso sobre la superficie el tema del agua. Más de 15 mil personas
nucleadas en 80 organizaciones campesinas llegaron, tras recorrer cientos de
kilómetros, a la ciudad capital de Guatemala, para gritar que “el agua es un
derecho humano” y que por lo tanto no puede ser propiedad de tal o cual
corporación multinacional. En cada uno de sus lugares de procedencia, los
marchistas llevaron adelante un plan de información y concientización “porque
este es un problema que nos atañe a todos y todas”, como dijo uno de los
voceros. Son parte de una resistencia que ha generado acciones legales contra
las mineras y otras empresas contaminantes.

 

La fuerza de la movilización ha generado que el gobierno del
Presidente Jimmy Morales prometa que a corto plazo deberá ser impulsada una Ley
de Aguas, que por otra parte hace ya 30 años que está cajoneada en el Congreso.
Las razones son obvias: cada vez que se la ha querido promover, las
multinacionales organizan una contraofensiva y todo que en nada.

 

Esta vez, los pobladores ya han manifestado que no están
dispuestos a que se burlen de ellos. “Si ahora marchamos 15 mil, si esto no se
soluciona pronto, como  para nosotros es
una cuestión de vida o muerte, seremos millones los que vendremos a la Capital
y de aquí no nos moveremos”. Señaló uno de los oradores del acto final de los
marchistas. A tenerlo en cuenta.

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