07/01/2016

Gestión Macri: Despidos y estigmatización del empleo público

El secretario Adjunto de la Asociación
de Trabajadores del Estado (ATE) y Presidente de CLATE, Julio Fuentes afirmó
que en Argentina se registra una “situación grave” en la
administración pública, con “despidos masivos”.

 

No resulta sencillo lanzar una cifra
exacta de estatales que quedaron en la calle, sobre todo debido a la gran
cantidad y diversidad de áreas afectadas, su heterogeneidad y su efecto en la
extensión del territorio argentino. En el mismo sentido, la información se hace
difusa como consecuencia del gran peso relativo de trabajo informal y
precarización heredado del kirchnerismo. Sin embargo, el dato que maneja ATE es
lapidario y trágico a la vez: desde la asunción de autoridades el pasado 10 de
diciembre se estima que fueron despedidos cerca de 10 mil trabajadores
públicos, lo que equivale a poco mas de 666 cesantías por cada día hábil desde el
inicio de la nueva gestión.

 

En el caso de quienes se encontraban
en planta permanente, estos trabajadores tuvieron el “privilegio” de recibir la
notificación formal mediante telegramas de despido. Para otros – la gran
mayoría – se trató de la no renovación o cesantía de contratos transitorios, el
cierre de áreas completas donde monotribustistas y precarizados eran denominador
común, la anulación de contratos con organismos externos (universidades, ONGs,
etc.) que disimulaban la relación de dependencia, o sencillamente el
vaciamiento de los sectores de trabajo y la consiguiente destrucción de los
puestos laborales.



Despidos masivos, o cómo achicar el Estado

 

El caso más resonante fue el de los
2035 despidos en el Senado de la Nación. En defensa de esta medida la
vicepresidente de la Nación y Presidente del Senado, Gabriela Michetti
argumentó que no tuvo tiempo para hacer un desglose y análisis pormenorizado de
los casos. “A la persona que está más de un año en planta permanente no la
podés sacar más del Estado, salvo por causas extraordinarias. Entonces, yo
tenía que apurarme y no pude mirar uno por uno”, respondió ante los
cuestionamientos. Vale aclarar que, a pedido de la nueva administración, ya
había sido encargado un informe de la Universidad de Buenos Aires (UBA) en el
que se pretendía evaluar la legalidad y funcionalidad de las contrataciones
efectuadas durante el último año. Si bien estaba previsto que el informe de la
UBA estuviera terminado para febrero, la compañera de fórmula de Mauricio Macri
no pudo esperar y dejó a miles de trabajadores en la calle y familias sin sustento.

 

No se trató de un caso aislado. La triste lista se vuelve
interminable: 90 personas fueron dejadas cesantes en la disuelta por decreto AFSCA
(Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual creada a partir de
la ley votada democráticamente por el Congreso en 2009); en Jefatura de
Gabinete, otras 150; en Vialidad Nacional ATE denunció que 20 personas se
quedaron sin trabajo; en el Centro Cultural Kirchner (CCK) unos 600 contratos
no fueron renovados y el espacio quedó prácticamente vacío; en Nación Seguros
se informó 52 despidos; 2000 cooperativistas fueron privados de realizar
trabajos de mantenimientos en la ex ESMA; mientras que en la Unidad Fiscal
AMIA, ATE denunció la disolución del Grupo de Relevamiento de los Archivos de
la Causa AMIA.

 

Como si no fuera poco, y cual efecto
contagio, la política de ajuste y despidos siguió la lógica vertical de una
democracia sumamente presidencialista: entre 800 y mil despidos en Quilmes; en
La Plata la tensión creció al extremo cuando se estimó la posibilidad de despedir
a 4.000 trabajadores; en Lanús –gobernado por el ex ministro de Hacienda
porteño, Néstor Grindetti–se anunció la revisión de 301 contratos del año
pasado; el partido de Malvinas Argentinas con 900 –en este caso el jefe comunal
no es de Cambiemos sino del FpV; en Coronel Vidal 300 empleados quedaron en la
calle; y así sucesivamente en municipios como Coronel Suárez, Adolfo Alsina,
Chascomús y Esteban Echeverría. 


Este nuevo paradigma se torna todavía
mas dramático en los municipios – en donde gobiernan representantes de diversos
espacios políticos y no sólo del PRO- donde precarización y salarios bajos son el
común denominador desde hace años. 



“Ñoquis*” = Estigmatización
del empleo público

 

“No va a haber más ñoquis* en Argentina” fue la frase
con la que el titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos,
Hernán Lombardi intentó justificar la cesantía de los 600 trabajadores del CCK.

 

La estrategia de la nueva
administración macrista es la de aplacar la lógica impopularidad, y en muchos
casos el carácter ilegal, de las medidas adoptadas al buscar “demonizar” el
trabajo estatal. Esto quiere decir que se busca crear un consenso social para aislar
los legítimos reclamos de los trabajadores en defensa de sus puestos laborales (en
un primer término estatales y luego del sector privado) para así legitimar las
políticas de vaciamiento y ajuste.  

 

“Recortar el empleo público es  golpear el derecho a la educación, salud, etc.”,
opinó Hernán Izurieta, Delegado General de ATE en el Ministerio de Trabajo de
la Nación. “En el Estado no hay ñoquis*.
Por ejemplo, en el programa Primeros Años bajaron el contrato de 33 compañeros.
Y la pregunta es, ¿se imaginan a un ñoqui trabajando con familias en los
barrios carenciados de la Provincia de Buenos Aires? Claramente no es así, son
trabajadores que hacen su labor con profesionalismo, vocación y esfuerzo”,
explicó el delegado de ATE.

 

Por su parte, el Secretario General de
ATE, Hugo Godoy afirmó: “No vamos a permitir la actitud de querer
descalificar” a los empleados públicos.

 

A su vez, no cabe duda que desde los
medios de comunicación dominantes se busca imponer la falsa idea de que en el
sector estatal existen sueldos altos reforzando la idea del “gasto público excesivo”,
y situando a este como consecuencia del empleo público. Sin embargo, no hay nada
mas alejado de la realidad: Solo por poner un ejemplo, un administrativo del Estado
nacional con categoría “D” cobra $8453 de bolsillo, cifra alejada de los casi 15
mil pesos que calcula como canasta básica la Central de Trabajadores de la
Argentina – Autónoma (CTA – A).

 

Por su parte, el Presidente de CLATE
indicó: “Tenemos que ganar un debate central en la opinión pública: nuestro trabajo
está directamente atado a la concreción de derechos de la comunidad, y es en
defensa de los sectores mas vulnerables”.

 

* En este
contexto, el concepto de ñoqui refiere a un individuo que cobra un salario sin
la contraprestación laboral correspondiente. Sería difícil remontarnos al origen
de la expresión o determinar su nacimiento, pero sí podemos identificar su
correspondencia: la costumbre de comer esta típica pasta los días 29 se asocia
al último día hábil del mes, fecha en que históricamente cobraban sus salario
los trabajadores estatales.



Detrás de la restructuración del estado, el
desmantelamiento

 

A la avalancha de despidos se sumó al
embate del Gobierno sobre organismos autárquicos (que debieran ser autónomos
del poder de turno) -como en el caso del AFSCA- y sectores de apoyo a políticas
de Estado clave, como es la lucha por la defensa de los Derechos Humanos.

 

La AFSCA fue intervenida el 23 de
diciembre pasado y designado, en lugar de Sabbatella y todo el directorio, al
legislador del PRO Agustín Garzón. Luego, el 29 del mismo mes, el Gobierno
nacional anunció la firma de un DNU que modificaba las leyes 26.522 y 27.078,
eliminando así el AFSCA y AFTIC, y creando un nuevo ente, el ENaCom. Esto debía
ser puesto en suspenso por la medida precautelar dictada el mismo día por el
magistrado Luis Arias. Sin embargo, el Gobierno avanzó y publicó el decreto en
el Boletín Oficial. Luego, y como consecuencia de este embate, la cesantía de 90 trabajadores.

 

Cabe recordar que el AFSCA es un
organismo descentralizado y autárquico creado a partir del artículo 10 de la
Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, una norma votada por unanimidad en
el Congreso de la Nación en el año 2009 y declarada constitucional por la Corte
Suprema de Justicia de la Nación. Si bien la ley no logró aplicarse en su
conjunto como consecuencia de la presión de sectores dominantes del sector
(sobre todo el monopólico Grupo Clarín) y en cierta medida por la falta de voluntad
política de la gestión precedente, la denominada “Ley de Medios” tuvo una
fuerte adhesión, sobre todo del campo popular, debido a su espíritu
antimonopólico y pluralista.

 

En otra muestra de desdén para con
políticas de Estado fundamentales -en este caso vinculadas nada menos que a los
Derechos Humanos- es que hace pocos días el Ministerio de Desarrollo Social de
la Nación anunció la discontinuidad de los contratos de dos mil trabajadores
del programa Argentina Trabaja, que durante años han acondicionado, construido
y mantenido los edificios del predio de la ex ESMA, ubicado en la Ciudad de
Buenos Aires. Este espacio (centro clandestino de detención durante la última
dictadura cívico-militar ) es un símbolo de la lucha por la Memoria, Verdad y
Justicia en lo que concierne a juicios de lesa humanidad.

 

En su mayoría, los cooperativistas son
mujeres que a partir de un convenio entre la Facultad de Arquitectura, Diseño y
Urbanismo de la Universidad de Buenos Aires (FADU), la Secretaría de Derechos
Humanos y el Ministerio Social de la Nación han logrado poner en marcha y
permitir que la comunidad toda, los organismos de derechos humanos y el Estado
nacional tengan un lugar en el que pueda conocerse la trágica historia reciente
y consolidar los derechos obtenidos en democracia.

 

Del mismo modo podemos considerar la
denuncia que hizo ATE sobre los catorce trabajadores contratados del Grupo de
Relevamiento de los Archivos de la Causa AMIA (GERAD) que fueron echados el 14
de diciembre pasado. Los compañeros componían un grupo interdisciplinario que preservaba
archivos desclasificados de la ex Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE)
sobre el atentado a la mutual judía ocurrido en 1994 en Buenos Aires. “Sin
trabajadores no habrá esclarecimiento en la causa AMIA”, afirmó en aquel
momento Hugo Godoyo, Secretario General de ATE.

 

El encargado de llevar adelante la
revisión de contratos de los últimos tres años es el Ministerio de
Modernización, que conduce Andrés Ibarra. Ayer el funcionario sostuvo que “no
hay un objetivo de reducción específica” del personal, sino que se están
evaluando “situaciones que no son justificables”. Al igual que Michetti, Ibarra
señaló que los despidos continuarán durante las próximas semanas.



Guiños al sector privado

 

A diferencia del sector público, los
gremios privados denuncian que hasta el momento se están realizando despidos
aislados y no masivos. No obstante, existen claras muestras de que a lo largo
de la historia Argentina las políticas de ajuste y despidos a nivel estatal se terminan
replicando a empresas privadas. Sin ir más lejos, durante la década del 90 la
desarticulación en el Estado fue acompañado de legislación antiobrera que
permitió, e incluso promovió, despidos masivos y el vaciamiento de pequeñas y
grandes empresas, tanto públicas como privadas.

 

En este sector, el primer caso de
fuerte resonancia tuvo eco el 22 de diciembre cuando la fuerza federal de Gendarmería
Nacional reprimió fuertemente a los trabajadores de “Cresta Roja” que mantenían
una protesta al costa de la autopista Ricchieri. El reclamo era en demanda de
salarios atrasados y por la continuidad de los cerca de 3.000 puestos de
trabajo que se vieron en peligro debido al vaciamiento que desde hace tiempo venían
realizando los dueños de la compañía avícola. En aquel entonces la
Vicepresidente de la Nación, Gabriela Michetti no sólo no realizó una
autocrítica tras el desproporcionado accionar policial ordenado por el Gobierno
que encabeza junto a Macri, sino que a las pocas horas afirmó en conferencia de
prensa: “Volveremos a actuar de la misma manera”.

 

Otra muestra clara, y a la vez
paradójica, de este efecto dominó fue
el vaciamiento y cierre de medios que vienen denunciando los trabajadores y
periodistas del Grupo Veintitres, perteneciente a Sergio Szpolski, empresario
que en 2015 se presentó como candidato a Intendente del partido de Tigre por el
Frente Para la Victoria. El grupo está conformado por los diarios Tiempo
Argentino y El Argentino, las radios América, Splendid, Rock & Pop y  Vorterix, la cadena de noticias CN23 y el sitio
web Infonews, entre otros medios.

 

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