Hace unos días nos provocó Axel Kicillof, el vice ministro de economía,
cuando criticó a quienes denunciamos el uso oficial de los fondos
previsionales para otros fines que no son los de mejorar el ingreso de
los jubilados, o satisfacer la histórica demanda del 82% móvil.

El funcionario nos reconvino diciendo “Eso es pensar que el sistema
solidario que reconquistó este gobierno sigue siendo ese sistema
mezquino, egoista y privatizado, que decía que los aportes de una
persona eran sólo para esa persona, cuando ese sistema no funcionó
porque las inversiones financieras que realizaron las AFJP fueron
ruinosas. No hay autoridad moral para esto, pero además es mentira”.
Le decimos al funcionario que no tiene razón y que nos asiste toda la

“autoridad moral” por ser los trabajadores los que aportamos al régimen

previsional; por ser los activos y los pasivos los que nos opusimos
desde el primer momento a la privatización de los fondos de jubilación
que instaló el menemismo en los ’90 con el apoyo de la burocracia
sindical y política, que él no recuerda: La Marcha de las Antorchas, el
Millón de Firmas, La Marcha Federal, La Marcha Grande, los paros de la
CTA y la épica lucha de los jubilados, todos los miércoles frente al
Congreso.
Es cierto que el poder ejecutivo tuvo la voluntad de la estatización
en plena crisis durante el 2009, así fue que la saludamos cuando

operaba la desvalorización financiera de los títulos, y los bancos nada
hicieron para impedir el traspaso de la gestión privada a la pública de
los millonarios fondos previsionales. Los bancos se sacaron de encima
una “papa caliente” y por eso la estatización de las AFJP no impidió la
enorme rentabilidad de los bancos en estos años, según reconoce el
propio BCRA. Recuperar los fondos era y es una consigna central del
movimiento de jubilados y de la CTA. Digo que aún lo es porque los
fondos deben ser administrados por los trabajadores, claro que con
control público, pero con los trabajadores definiendo y participando en
la gestión de los fondos previsionales.
Los dichos del economista funcionario se hicieron el 21 de Julio, en
oportunidad del sorteo de los préstamos para vivienda única del
Pro.Cre.Ar. Nosotros dijimos que es correcto hacer política económica
para favorecer a los sectores populares, pero con fondos del
presupuesto, no con fondos previsionales. No oponemos el pago de
jubilaciones adecuadas según demanda el movimiento de jubilados con
política social, entre otras de vivienda para otros sectores
necesitados, pero no con fondos de los jubilados.
Es común en el discurso oficial condenar al neoliberalismo y a sus
exponentes, ejercicio donde se instalan falsas dicotomías. El gobierno
sería lo opuesto a los reaccionarios neoliberales. Solo el gobierno
contra los neoliberales. En el imaginario kirchnerista no existe otro
análisis posible. Se equivocan, también está la voz de los trabajadores,

que en la CTA, o en la Mesa Coordinadora de Jubilados denunciamos el
uso de los fondos previsionales para sostener una política económica
favorable a la acumulación capitalista, aunque una parte sea política
social contenedora del conflicto social.
Lo cierto es que está el gobierno y su discurso; la oposición de
derecha, abiertamente neoliberal, y un amplio abanico de izquierda,
crítico de la realidad capitalista que empuja el gobierno y las clases
dominantes, sea la sojización, la mega minería a cielo abierto, o la
extranjerización de una producción que en la industria actúa cada vez
más como una armaduría.
El plan Pro.Cre.Ar y el papel del Anses es un claro ejemplo de lo que
afirmamos. No hay dicotomía entre pagar a los jubilados lo que les
corresponde y ejecutar los planes de vivienda.
Como el viceministro sabe, y los así denominados economistas
heterodoxos siempre le recuerdan a sus adversarios neoclásicos o
neoliberales, es un error homologar las finanzas públicas con las de

una familia o una persona. Entre otras cosas porque, a diferencia de las
familias o los individuos, los Estados pueden hacer política monetaria
(pueden emitir moneda) para financiar sus déficits presupuestarios, y
esta emisión y estos déficits, si son bien administrados, pueden
impulsar una situación de crecimiento que, a la larga, aumenta la propia recaudación tributaria. Es el argumento preferido del gobierno para
diferenciarse del ajuste europeo. Son las lecciones que Cristina
Fernández les propina a sus socios en el G20.
Es decir, así como no es cierto que el Estado sea un mero
administrador de los fondos de los jubilados, cuya tarea sea guardarlos
en cajas individuales para devolverlos cuando los mismos dejen de
trabajar, tampoco es cierto que la construcción de viviendas justifique
que los jubilados deban cobrar una miseria. Tampoco se puede justificar
que cobren una miseria por el hecho de que, efectivamente, se haya
incorporado al sistema a muchos jubilados que no cumplían con los
requisitos en términos de aportes.
Lo que está en discusión es la estrategia tributaria que en el marco de un proyecto económico más amplio, ha venido desarrollando el Poder Ejecutivo. Si el IVA y el impuesto a las ganancias explicaban casi el
50% de los ingresos tributarios totales, y sumamos el 13% proveniente de las retenciones (en 2001, los impuestos provenientes del comercio exterior no llegaban al 4% del total), entenderemos porqué nosotros
sostenemos que la estrategia del gobierno consiste en financiar un
novedoso gasto público, que incluye la instrumentación de políticas
sociales masivas, sin la necesidad, por ejemplo, de dejar de pagar los
enormes costos de la deuda pública externa, ni reestructurar el
regresivo régimen impositivo.
Los funcionarios del gobierno se esfuerzan en mostrar que
efectivamente el gasto público ha crecido sustancialmente en relación a
los ’90, y que hay una gasto social que antes no existía, pero ocultan
que, no sólo hay otras formas de financiar e incrementar este mismo
gasto social, sino que, por otra parte, este gasto se ha construido
sobre la base de un mínimo conflicto con las mismas grandes
corporaciones productivas de antaño y que acumulan enormes ganancias.
Es interesante ver cómo la Presidenta señala que, una vez llegado al
famoso “fifty-fifty”, es necesario redistribuir el 50% que obtienen los
trabajadores, porque allí “también hay injusticias distributivas”. Esto
es lo que justificaría que cada vez más trabajadores paguen impuestos a
las ganancias, pese a no alcanzar los $6500 pesos de salario bruto. Lo
que no dice, es que los asalariados son el 85% de la población ocupada,

y que hay una enorme cantidad de actividades productivas y especulativas
que hoy en día tienen una mínima presión tributaria, como la actividad
minera, o parte importante de la actividad financiera.
Lo que se sostiene hoy, en pocas palabras, es una redistribución
entre los que menos tienen. En los últimos 4 años se ha multiplicado en
casi 4 veces el número de trabajadores que pagan la mínima categoría de
ganancias. Efectivamente, es mucho más fácil cobrarle a un asalariado

en blanco que gana poco, que diseñar herramientas tributarias novedosas
que efectivamente hagan tributar a los que más recursos tienen.
¡El viceministro no tiene razón! Pretende colocarnos en el lugar

de la reacción y negar argumentos por fuera del oficialismo.
La realidad es que existen jubilaciones de miseria. Hemos reiterado
hasta el cansancio que más del 70% de los 6 millones de jubilados
nacionales perciben la mínima y que se registran miles de reclamos
administrativos todo los meses ante la ANSES. Las demandas judiciales
acumuladas por ajuste previsional son más de  500.000 casos, que motivó
reclamos de la Corte Suprema al poder ejecutivo, para conocer detalles
de esos pedidos y el plan de cancelación de sentencias  firmes cuya
cancelación se demora indefinidamente y ya suma más de 350.000.
Puede ser que Kicillof, en lo personal, no apueste a un ingreso
jubilatorio en el futuro, pero para nosotros los trabajadores, la
jubilación es el reaseguro de vida en nuestros últimos años. Nosotros
queremos decirle al funcionario que existen otros argumentos, que no
solo tiene que pensarse en políticas para activar la economía
capitalista. Que se puede pensar en satisfacer las necesidades

populares con otra orientación de política económica y social.
Por eso construimos el movimiento de jubilados y la CTA, para
construir poder popular e ir más allá del posibilismo que solo atina a
ser furgón de cola del gobierno, algo que ahora intentan con el viejo
modelo sindical empresarial de las privatizaciones menemistas. No es
tanto que el funcionario nos ofende y subestima. El problema es que los
trabajadores somos los creadores de la riqueza y tenemos derecho a
opinar, a criticar y a proponer una gestión propia sobre la riqueza
socialmente generada.