El Futuro del trabajo en el Estado en el siglo XXI

07/05/2018

El Futuro del trabajo en el Estado en el siglo XXI


Esta reflexión debe ser considerada en el marco más general de discusión sobre alguna de las características particulares que modifican  la relación capital trabajo fundamentalmente desde los albores del presente siglo. Nos referimos al progreso tecnológico y sus consecuencias.


Por Claudio Lozano

En este sentido es importante dejar en claro que no se trata solo de una discusión acerca de las nuevas formas que imponen los desarrollos actuales de la tecnología, sino que va estar fuertemente condicionada por las relaciones sociales que primen a nivel mundial y su impacto en la región. Lo que queremos decir es que estos impactos están y estarán fuertemente condicionados por los determinantes de la forma  en que se organiza la sociedad y los condicionamientos que esta organización impone a la reproducción cotidiana de la  humanidad.

No tiene las mismas consecuencias la incorporación del progreso tecnológico si lo que prima es la apropiación privada de los beneficios que de esta incorporación resulta, o si lo que prima son criterios de una apropiación social de  la renta tecnológica. Es decir la situación no pasa por la cuestión tecnológica, sino por evaluar las formas sociales bajo las cuales se organizan los nuevos procesos económicos. Para ser más precisos, si hoy las consecuencias que para el mundo del trabajo tiene la incorporación de este paradigma se discute en los términos actuales no es debido a lo inexorable de las mismas, sino al orden social vigente.

El examen de este punto exige considerar esta cuestión desde su aspecto determinante: el replanteo que se vive en el mundo del trabajo. En este sentido la evidencia demuestra que en la globalización mientras las industrias tradicionales expulsan trabajadores la expansión de los sectores industriales de tecnologías avanzadas resulta incapaz de absorberlos.

Sin embargo una mirada en profundidad sobre este problema permite percibir que el dilema tiene que ver con la vigencia simultánea de tecnologías propias del siglo XXI y gestionadas con criterios propios del siglo XVIII (estrategia neoliberal). Esto se manifiesta en una escasa comprensión del significado profundo que tiene el hecho de que el dinamismo tecnológico esté asociado a la incorporación del conocimiento como el eje fundamental del nuevo paradigma productivo. La citada cuestión tiende a impactar sobre el modo en que debe pensarse la cuestión de la maximización de los beneficios empresariales, la forma en que debe tratarse la problemática de la reinversión del excedente y la manera en que se piensa la productividad.

Sobre el concepto de productividad

Tomando este último de los conceptos a efectos de hilvanar un razonamiento, puede decirse que en este nuevo contexto mantener el criterio de que la productividad es simplemente la “reducción de trabajo vivo” por unidad  de producto supone asumir una visión aparente de la misma. Si este concepto no se extiende al concepto de la relación laboral y queda restringido a la noción de productividad del capital, sus efectos se sentirán en términos de mayor desempleo y depresión de la demanda, pero también en términos de declinación futura de la productividad ya que lo que se observará será el deterioro de la fuerza de trabajo.
Obsérvese que esta noción tradicional y aparente de la productividad se empalma con el criterio de la apropiación completa de la renta tecnológica por parte del capitalista y por una idea donde la reinversión se asocia simplemente con la incorporación de nuevos equipamientos que como es obvio, vuelven a reducir el consumo de trabajo vivo por unidad de producto.


Para precisar, la nueva tecnología se expresa en términos de reducción de la fuerza de trabajo necesaria por unidad de producto o prestación de servicios. No obstante también exige niveles crecientes de calificación de la fuerza laboral al tiempo que reclama formación permanente a lo largo de la vida. La administración neoliberal, gobernada por la maximización de la tasa de ganancia, desperdicia la potencialidad de las nuevas tecnologías transformando el menor consumo de fuerza laboral en mayor desempleo y sobreexplotación, y, al concebir la formación como una cuestión individual y no sistémica, promueve la descalificación de aquellos sectores de la fuerza laboral que son expulsados de la actividad económica.


En tanto la gestión vigente asocia la noción de productividad con la reducción de trabajo vivo y como simple eficiencia del capital invertido, niega en los hechos la posibilidad de que una gestión con otros criterios de ordenamiento social pueda aprovechar las ventajas del desarrollo tecnológico para resolver gran parte de los problemas de la humanidad. Por esta razón, junto  al vertiginoso enriquecimiento de algunos pocos hombres, según el informe de Oxfam sobre desigualdad, el 82% de lo generado en el 2017 fue a parar a manos del 1% más rico de la población mientras el 50% más pobre no recibió nada de dicho crecimiento. Se puede observar también, en base a las estadísticas del Banco Mundial, que en 45 países cerca de 83 millones de personas necesitaron de asistencia alimentaria lo que representó un aumento del 70% respecto al año 2015. Al mismo tiempo, 2.066 millones de personas viven en el mundo con menos de U$S 3,20 dólares por día y la pobreza extrema afecta a nivel mundial a un total de 781,1 millones de personas que deben ingeniárselas para sobrevivir con menos. 

En el marco de la globalización neoliberal, que supone llevar al extremo la apropiación privada de los beneficios de la renta tecnológica, aparecen como rasgos fundamentales sobre las relaciones laborales las conocidas consecuencias sobre el nivel de empleo, la precarización,  terciarización etc. Resultando por un lado una creciente descalificación de amplios sectores de la fuerza de trabajo y una fuerte reducción en la participación en la distribución el ingreso.  Con la lógica depresión de la demanda de consumo, que por un lado condena a la economía a situaciones recurrentes de crisis por falta de demanda y a la sobre expansión de los flujos financieros  como forma de valorización alternativa frente al estancamiento de la economía real, alimentando estrategias de valorización de capitales fundadas en criterios que persiguen la máxima rentabilidad en el menor plazo y con el menor riesgo.

En tanto prime la globalización neoliberal con estos criterios, las razones por las cuales se incorpora el paradigma tecnológico vigente  en el Estado, estarán regidas por la resignificación y redefinición del lugar que ocupan los Estados en las tendencias del orden económico y social actual. 

Sin pormenorizar en detalle, dado que se hará en el apartado siguiente, podemos afirmar que estas redefiniciones están ligadas, por una parte, a desarticular las intervenciones características del Estado de bienestar, en tanto generador de condiciones de ciudadanía social y sus capacidades regulatorias en el mercado laboral, asociado al papel que cumplían los mercados internos de consumo.  Por otra parte se lo sitúa con un claro objetivo de facilitar el esquema de negocios de los sectores más concentrados del poder económico a fin de garantizar la reproducción y ampliación del orden neoliberal globalizado. 

Concurrentemente con este objetivo, se considera al aparato estatal como un costo para el conjunto de la sociedad, y como tal debe reducirse al extremo; amputando toda capacidad de intervención  que pueda regular el aparato productivo impulsando condiciones de desarrollo nacional autónomo. Reducción de costo que facilita además un marco de competencia a la baja entre los Estados de nuestra región para anclar inversiones limitando las funciones recaudatorias sin importar si tal resignación de recursos compromete el “sagrado” equilibrio fiscal.

Resulta evidente que la globalización presenta serios inconvenientes de gobernabilidad, aún en los marcos de realización del propio proceso de acumulación. Los niveles de desigualdad puestos en marcha han planteado problemas en la realización del plusvalor. A diez años de producida la gran crisis no se han podido recomponer las condiciones de crecimiento global que permitan mejorar los niveles anteriores a la misma. Situación que lejos de superarse deambulará en los márgenes del estancamiento si como se ha expuesto la administración rentista de los resultados tecnológicos profundizan la depresión de la demanda.

Creemos en tal sentido que resulta por demás pertinente enfrentar este paradigma desde una visión distinta. Nos referimos a aquella que supone asociar el menor consumo de fuerza laboral con una rediscusión del tiempo de trabajo, tanto en los términos de la jornada de trabajo como también en la permanencia en el proceso laboral. Situación esta  que debe articularse con la incorporación del trabajador en un mayor y continuado proceso de formación. 

La combinación entre la reducción en los tiempos de trabajo con la implementación de un nuevo sistema de seguridad que permita que el trabajador mantenga sus ingresos estando fuera del proceso laboral y participando de programas sistémicos de formación que incluyan la reconversión hacia nuevas actividades resultantes del cambio tecnológico es el rumbo que permitiría estabilizar los niveles de demanda junto a una expansión de la productividad laboral

Sobre las transformaciones en el Estado y las relaciones laborales

Estamos convencidos por lo tanto, que existen puntos de contactos en las características del anunciado futuro del trabajo entere el sector estatal y la actividad privada, pero también determinadas particularidades. En tal sentido el impacto del cambio tecnológico impuesto por la cuarta revolución industrial y la mayor incorporación de tecnología en reemplazo del trabajo vivo requiere algunas precisiones. 

En efecto, en tanto el motor de la incorporación tecnológica es el logro de cuasi rentas en el marco de la acumulación capitalista privada, y este no es el eje ordenador del funcionamiento del Estado, espacio de expresión de lo público, hace que este tenga una relación distinta.  Es decir la incorporación de estos procesos se hace más tarde y fundamentalmente para favorecer las transformaciones que busca imponer el neoliberalismo sobre la estructura y el rol estatal.

Por otra parte, como se tratará más abajo, la incorporación en las administraciones de los principios del management  empresarial privado, como fuente de eficiencia en la administración, impondrá la incorporación de prácticas laborales similares a las vigentes en el ámbito privado: por caso, la precarización y la terciarización.

Así mismo estamos convencidos de que existen algunas características particulares que problematizan el futuro del trabajo en el Estado  que son propias de este ámbito. Nos referimos a la redefinición del lugar de los Estados en las tendencias de la economía mundial. 

Redefinición que creemos presenta dos vertientes destacadas, con evidentes puntos de contacto. En primer lugar la extensión de un orden económico mundial globalizado dominado por un poder corporativo mundial necesita de la desestructuración de los modelos de desarrollo organizados a través de propuestas territoriales articuladas por los Estados Nación. Por otra parte para articular la actual mercantilización de todos los ámbitos de la vida que nos propone esta globalización precisa del desmantelamiento de las garantías de ciudadanía social que promovía el Estado de bienestar.

De tal forma entendemos que desde este análisis podemos incorporar algunos criterios particulares para la evaluación del futuro del trabajo en el ámbito estatal.  

Las transformaciones del Estado de Bienestar en la globalización neoliberal

Sin pretender realizar un pormenorizado análisis sobre los cambios que ha sufrido el Estado de Bienestar durante el proceso de globalización, ya que el mismo excede en mucho los alcances de este trabajo queremos si hacer algunas puntualizaciones que consideramos útiles para nuestros objetivos.

Desde finales del Siglo XX y a comienzos del actual  neoliberalismo, expresión dominante del capitalismo mundial, se imponen un conjunto de estrategias para favorecer la consolidación del sistema. Entre estas, la reducción del rol de los Estados en la orientación del desarrollo en los países, obligando a estos a organizar la sociedad subordinándose a los intereses de los actores económicos globales.  Limitando la capacidad de los mismos de constituirse en responsables de un orden social basado en la negociación y conciliación de intereses opuestos como había sido la característica del Estado de Bienestar.  

Los Estados sufrieron fuertes reformas estructurales e importantes ajustes que limitaron su capacidad para determinar su propia política económica en sus territorios. Donde cumplen un rol destacado la apertura financiera y el endeudamiento. En efecto el endeudamiento cae sobre el Estado, transformándose en un condicionante de los procesos de ajuste, de los procesos privatizadores.  Así en una primera etapa de reformas a través de privatizaciones y desregulaciones, luego con propuestas modernizadoras,  y posteriormente multiplicando las recomendaciones de reformas en las reglamentaciones y regulaciones que viabilicen la integración subordinada de la región a las propuestas globalizadoras.

De tal forma que los lineamientos rectores de las políticas internas estatales se definieron en instancias supranacionales. En tal sentido sufrieron un fuerte replanteo ideas rectoras del concepto de los Estados Nación como soberanía, control territorial limitando sus bases de autoridad.

Los gobiernos imponen cargas fiscales elevadas y regulaciones que son presentadas como un  ahogo a la iniciativa privada. Así sostienen que una baja de impuestos traerá grandes aumento del ahorro  y del trabajo. Un Estado grande, con un nivel de gastos excesivo con relación a lo que produce es acusado de reducir la competitividad de las empresas. La globalización económica ha introducido un elemento nuevo relacionado con el poder fiscalizador: el de los mercados internacionales de capitales.

Una de las principales críticas que se hacen a los Estados es su falta de eficacia en el marco de las nuevas exigencias impuestas por la globalización. Resultan demasiado grandes y costosos  para la utilidad que brindan a los ojos e intereses del gran capital. 

El análisis de las relaciones entre la soberanía de los Estados contemporáneos y las transnacionales requiere precisar la crisis de los mismos en la nueva era de la globalización. El Estado no es la única fuente de poder y de regulación. El derecho comercial y financiero global ha intensificado su efectividad e influencia.

Las reglas de la OMC, Tratados regionales y bilaterales de comercio e inversiones junto a directrices y planes de ajustes (propuestos por organismos internacionales BM, FMI etc.) tienen cada vez más poder sancionatorio y muestran clara supremacía sobre normas nacionales. Se hizo cada vez más presente la sustitución de los Estados Nación por instancias supranacionales que regulan las relaciones capitalistas internacionales limitando el rol de protagonista exclusivo de las relaciones internacionales que había alcanzado.

¿Qué Estados resultan? 


El retroceso de la participación de los Estados en la economía, la limitación de su soberanía son muestras de la imposición sobre estos de un nuevo orden global donde priman los intereses económicos por sobre los estatales o sociales, dando como resultado que los intereses del mercado global están por sobre el interés público. Como resultado de lo descripto hasta aquí es evidente que las estructuras estatales tal como eran características de los modelos de bienestar ven redefinidas sus funciones y su tamaño. Delegando muchas de sus funciones a operadores privados muchas veces trasnacionalizados  en especial aquellas ligadas al control y regulación de las funciones delegadas. Desarrollando estrategias sistemáticas de subcontratación en múltiples áreas de responsabilidad estatal o transfiriendo servicios a administraciones subnacionales, impulsada por corrientes descentralizadoras que al carecer estas áreas de los recursos necesarios vaciaron estos servicios.

Vale puntualizar que la globalización no es simétrica, muy por el contrario es un terreno donde la polarización establece relaciones de subordinación más que evidentes en nuestra región donde el peso de los Estados en la mundialización está determinado por su nivel de desarrollo. 

En esta asimetría se hace evidente la competencia de nuestros Estados por atraer inversiones buscando capturar porciones del capital global para transformarlo en capital productivo en nuestros países facilitando de por sí la implantación de oligopolios trasnacionales en los territorios por el administrado.  Transformando gran parte de la agenda de políticas públicas en una competencia a la baja en las capacidades regulatorias a fin de garantizar la entrada de capitales obteniendo beneficios y seguridades, con la correspondiente desarticulación de las áreas que pierden sentido y razón en el nuevo esquema.

Tal redefinición no puede sino tener serías incidencias sobre el trabajo en el ámbito estatal, tanto en la cantidad de trabajadores como en la calidad del trabajo.  Vale la pena en tal sentido precisar algunas de las transformaciones que operan sobre los Estados a la luz de las propuestas globalizadoras y sus mensajes para poder determinar que influencias tendrá sobre el trabajo en las áreas desmanteladas o desarticuladas del aparato estatal.

Cuando escuchamos el repetido argumento que es necesario achicar el Estado, o “cuanto menos Estado mejor” lo que se busca  es abandonar las funciones que garantizan el derecho a la ciudadanía social, resignando  las facultades de control del funcionamiento del mercado y la protección social.  Limitando su intervención solo al manejo de transferencias condicionadas de ingresos y programas estatales de contención para los sectores más vulnerables que solo cumplen los objetivos de inclusión en una matriz de perpetua desigualdad.  Lo que profundiza la inseguridad social la precarización y la pobreza. En tal sentido la destrucción y fragmentación o achique de los organismos que garantizan la Seguridad Social, los sistemas de salud, educación son clara muestra del reordenamiento de los objetivos de las políticas públicas en este sentido. 

La acción de los gobiernos sometida a los intereses de los grupos económicos trasnacionalizados   y orientadas a la competencia mundial afecta la posibilidad de reubicar al estado interviniendo en los factores de producción. Negando toda posibilidad de intervención del mismo como productor de bienes y servicios que puedan potenciar un desarrollo autónomo de los países de la región. Asumiendo ahora responsabilidades en apoyo y facilitación de los intereses económicos dominantes tanto en actividades de logística como de infraestructura.

El management incorpora las reglas de la competencia de mercado al sector público, evaluando la gestión gubernamental de acuerdo a la racionalidad empresaria. Considerando la competencia como el mejor instrumento para mejorar el rendimiento de  la acción pública.

La incorporación desde la década del 90 de los principios de New Public Managment presenta el gerencialismo como un remedio universal que reduce las dificultades de las políticas públicas a cuestiones de organización que se pueden resolver mediante la búsqueda de la excelencia y eficiencia propias del mundo empresario. Autonomizando las diferentes áreas del Estado promoviendo su fragmentación y limitando su capacidad de intervención.

No nos equivocamos si afirmamos que los derechos laborales están en la mira de la globalización, aumentar la empleabilidad y la productividad, debilitar el poder sindical, degradar el derecho del trabajo, eliminar el derecho de disminuir sus costos así como la protección social mutan radicalmente áreas que fueran insignias de la intervención estatal. En tal sentido la incorporación de prácticas de precarización de relaciones laborales estatales están fuertemente ligadas  con como desmontar el papel que el estado cumplía como regulador dentro del mercado laboral. Hoy los derechos laborales son un eje central de discusión política y social a escala mundial. En tal sentido es evidente la introducción de criterios de precarización laboral en el Estado. Pero quisiéramos puntualizar la particular forma de encarar este objetivo en el trabajo estatal.

En efecto, tal vez porque la reproducción del capital es inseparable a la extracción de plusvalía de la fuerza de trabajo no asistimos a discursos donde se menosprecie el mismo. En cambio, el desprecio por  los trabajadores del sector público, la justificación de los bajos salarios así como de la falta crónica de personal y medios de que se disponen dado lo improductivo en términos sociales de nuestra actividad, son moneda corriente en los discursos modernizadores de cara al Siglo XXI.

Así mismo las campañas mediáticas contra la gestión burocrática el alto costo en materia de impuestos que frena la actividad productiva no solo son parte de argumentos que justifican el desmantelamiento de áreas completas con la evidente pérdida de puestos de trabajo, sino que además avalan los avances contra las garantías laborales del trabajo en el Estado. Hoy la limitación a la discusión colectiva y el ataque a la estabilidad del trabajador estatal fomentando distintas formas de precariedad contractual forman parte de las iniciativas de las administraciones en la región.

A modo de una primera observación

Entendemos que lo presentado hasta aquí, resumiendo los cambios impuestos a los Estados en la región por las tendencias dominantes en la economía mundial, muestra algunas particularidades para analizar el futuro del trabajo en el Estado.  En efecto, sumado a la desarticulación de las funciones centradas en la producción de bienes y servicios como resultado de lo impuesto por la primera oleada de reformas, las propuestas de modernización, descentralización y las actuales propuestas desreguladoras para garantizar una incorporación exitosa a la globalización han seguido reconfigurando los Estados en las últimas décadas.

Hoy junto a los fenómenos introducidos por la innovación tecnológica, los procesos de subcontratación y terciarización conviven, como un fenómeno particular, con la desaparición de aquellas funciones que caracterizaban las capacidades regulatorias del Estado.

La competencia “a la baja” por atraer inversiones, garantizar la libre circulación de mercancías y capitales en favor de la apertura al mundo y la incorporación exitosa a la globalización se traduce en la desaparición por completo de las áreas que garantizaban estas capacidades estatales, y en no pocos casos la transferencia de estas actividades a los propios intereses privados. No dudamos en tal sentido que se profundizará la tendencia actual a la perdida y degradación del trabajo en los Estados de la región.

Pero  es importante dejar en claro que este no es un derrotero inexorable. En efecto, tal como se ha planteado más arriba, resultan evidentes los problemas que presenta la globalización, que han llevado a poner en crisis el propio proceso de acumulación. Crisis caracterizada no solo por monumentales niveles de desigualdad sino que de la mano del tándem tecnología y financiarización se amplían los márgenes de plusvalor junto a un crecimiento inusitado de la liquidez financiera responsable de desequilibrios inmanejables.  Crisis que por un lado generan  disputas entre distintas facciones del capital, y por otro presentan evidentes problemas de gobernabilidad social.

En tal sentido se abre la posibilidad de instalar un debate sobre otro tipo de regulación social de este paradigma y por tanto otro vínculo con el proceso de incorporación de tecnología.  En tanto el Estado tiene que expresar el interés público puede ser el vehículo que proyecte otro tipo de regulación social, estableciendo otro marco para la incorporación del cambio tecnológico, donde la eficiencia estatal no esté ligada a la precarización laboral sino en línea con una perspectiva de cooperación, desarrollo del interés común y  construcción de comunidad.   


(*) Claudio Lozano es un economista y político argentino, ex diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires del partido Unidad Popular. Fue director del Instituto de Estudios sobre Estado y Participación (IDEP) de ATE. Este documento es un aporte a los debates de la Iniciativa del Futuro del Trabajo de OIT. 

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