28/06/2016

El control de las cadenas mundiales de suministros y la acción sindical

Hablar de las cadenas mundiales de
suministros es hacer referencia a las diversas fases que cubren todo el ciclo
de vida de un producto o servicio, desde que es creado hasta que es consumido.
Es un proceso que vincula a muchas empresas, que se inicia con materias primas
no procesadas y termina con el producto en manos de la persona consumidora. En
el sector textil, por ejemplo, abarca la logística, la distribución en tienda y
la labor en sede, por un lado, así como la obtención de materias primas y el
hilado, tejido, tinte y confección, por otro.


Las empresas transnacionales buscan,
en el proceso descrito, maximizar los beneficios y la productividad a costa de
minimizar los costes y obtener tasas de ganancia cada vez más elevadas. Para
ello, vulneran sistemáticamente los derechos humanos, sociales, laborales,
medioambientales y reducen, entre otras cosas, el pago de impuestos. Prueba de
ello es la evasión fiscal por medio de la manipulación de los precios de
transferencia: las casas matrices suelen reducir formalmente los beneficios
obtenidos en una filial situada en un país que impone impuestos más altos,
mientras al mismo tiempo los incrementan en otro que cobra impuestos más bajos.
Así, la empresa matriz va vendiendo productos a precios diferentes,
concentrando la facturación en el país que dispone de una fiscalidad más baja;
es lo que se ha venido a denominar ingeniería fiscal.


También conviene destacar por su
gravedad, intensidad y generalidad la vulneración de los derechos de las
mujeres, tal y como reseña la Confederación Sindical Internacional: “Las
mujeres que se encuentran en los últimos eslabones de las cadenas de suministro
de algunas de las empresas más poderosas del mundo no reciben una parte
equitativa de sus beneficios. Por lo general, trabajan en empleos temporales
con largos horarios que no dan acceso a prestaciones, ni a permisos,
bonificaciones ni subsidios por enfermedad, y tienen que luchar para mantener a
sus familias. La dura realidad que enfrentan las trabajadoras en los países en
desarrollo pone de relieve uno de los fracasos más fragrantes del actual modelo
de globalización”.


En el primer trimestre de 2016, la
empresa Inditex ha superado todas las previsiones del primer trimestre al ganar
521 millones de euros, un 28% más que el año anterior. En 2015 ya obtuvo unos
beneficios de casi 3.000 millones de euros, lo que ya era un 15% más que en el
año precedente. Su presidente y consejero delegado, Pablo Isla, vio entonces
aumentar su retribución el 53,4%, hasta llegar a los 12,2 millones anuales. Y
todo eso se combina con la posible reducción de un 20% en los gastos de cada
uno de los departamentos de la empresa, es decir, el pago de bajos precios a
proveedores y, en su caso, a contratistas y subcontratistas por sus productos o
servicios, al margen de las condiciones laborales que tengan los trabajadores y
trabajadoras de la cadena de producción. Además, Inditex dispone de 34
sociedades instrumentales en territorios de nula o baja tributación.


Esos beneficios tan desproporcionados,
por otra parte, chocan con las palabras de Rosa Pavanelli, secretaria general
de la Internacional de Servicios Públicos, en la Cumbre sobre Fiscalidad
Laboral Mundial celebrada en la sede de la OIT en septiembre de 2015: “Las
leyes que rigen la fiscalidad corporativa internacional fueron escritas en los
años veinte, antes de que se inventaran el bolígrafo y la fotocopiadora.
Cuarenta años después de que el ser humano pusiera el pie en la luna, aún no
podemos lograr que un cargamento de gas pague los impuestos adecuados para
financiar las escuelas de nuestros hijos e hijas”. Y es que el capitalismo
permite acumular riqueza de manera inmediata y sin límites de ningún tipo,
mientras los derechos humanos y ambientales se convierten en meros recursos al
servicio de la acumulación de capital.


Los trabajadores y trabajadoras que
venden su fuerza de trabajo en las cadenas mundiales de suministros forman
parte de los circuitos productivos del capitalismo global y son funcionales al
sistema económico dominante, ya que sus bajos salarios y sus precarias
condiciones de trabajo —como es el caso del sector textil— permiten niveles de
consumo aceptables para los sectores populares de los países enriquecidos, cuyos
salarios se encuentran congelados y en continua recesión. No obstante, todavía
son muchos los especialistas que consideran que las cadenas de valor han
abierto a la modernidad a numerosos países y pueblos: entienden que el comercio
genera crecimiento y progreso, con las corporaciones transnacionales jugando un
papel fundamental. Sobre los límites físicos del planeta, las condiciones de
vida de las trabajadoras y la acumulación por parte de una minoría de la
riqueza generada en todo el proceso productivo, por supuesto, no dicen ni una
palabra.


Es más, la propia UNCTAD suele aceptar
que la inserción en los mercados globales contribuye a aumentar el Producto
Interior Bruto (PIB) de los países, reconociendo que a cambio las economías más
débiles se exponen a menudo a sufrir fuertes impactos negativos sobre el medio
ambiente, la precariedad laboral, la salud y a los riesgos que plantea la alta
movilidad de las empresas transnacionales, que aumenta la vulnerabilidad de las
economías más débiles hacia posibles shocks externos.


¿Cuál es el fundamento de las cadenas globales
de suministros?


Las modificaciones en la división
internacional del trabajo ponen de manifiesto una realidad que incide
directamente en los ordenamientos laborales: las presiones en las cadenas de
producción que generan empleo precario.


Así, la descentralización y la
diseminación productiva dan lugar a que la actividad empresarial se realice
mediante personal ajeno a la empresa a través de subcontrataciones y trabajo
autónomo; es decir, la externalización productiva se convierte en elemento
central del actual modo de producción. Además, la personalidad jurídica de las
empresas transnacionales se fragmenta en filiales, proveedores, contratistas y
subcontratistas, siendo la relación entre ellas puramente mercantil, al menos
desde la perspectiva del derecho formal. Dicho de otro modo: las empresas
transnacionales consideran que los niños y niñas que trabajan en los talleres
subcontratados no se encuentran bajo su responsabilidad legal y que no pueden
controlar la mano de obra que emplean en todos los países y a lo largo de todas
las cadenas de producción.


La libre circulación internacional de
mercancías y capitales dificulta identificar a los verdaderos responsables de
las operaciones económicas. Por eso debería considerarse como responsables a
todos los actores económicos que se lucren con la actividad mercantil, sea cual
sea la fórmula jurídica utilizada por la empresa, incluida la fractura en la
cadena de producción entre proveedoras, contratistas y subcontratistas. Junto a
ello, debe profundizarse en la trazabilidad social del producto y
responsabilizar al operador que lo ponga en el mercado —remontando toda la
cadena de producción y distribución—, tal y como hace el Derecho Comunitario
Europeo a la hora de regular la responsabilidad en materia de productos
defectuosos. Las empresas transnacionales son responsables de toda la cadena de
suministros, ya que, como afirma Supiot, “el producto permanece cargado del
espíritu de quien lo puso en circulación y debe seguir respondiendo no obstante
sus cambios de propietario”.


¿Por qué no se controla a las empresas
transnacionales?


Los gobiernos receptores y matrices de
las inversiones y de las cadenas de valor, son cómplices, en la mayoría de los
casos, de los intereses de las empresas transnacionales. El gobierno de
Bangladesh, por citar un caso, decidió incorporarse en los años ochenta a la
cadena global de mercancías de manufactura de ropa; creó las Zonas de
Procesamiento para la Exportación, pequeños reinos de taifas donde la frágil
legislación nacional se repliega ante los pedidos de las firmas
multinacionales. A las cadenas de producción —proveedores y subcontratistas— se
suman condiciones laborales de explotación que nos acercan más a la Revolución
Industrial que al siglo XXI. Se niega el derecho a sindicarse, se cobra el
salario mínimo, las jornadas son interminables, no se respetan las bajas por
maternidad ni las horas extras, las ausencias se castigan con reducciones
salariales, las medidas de prevención de riesgos laborales son muy tenues, el
gobierno llega a correr con los gastos de agua y electricidad, se subvenciona
la adquisición de tierras, se otorgan grandes exenciones fiscales y los
materiales importados no pagan aranceles. Es verdad que el parlamento de
Bangladesh aprobó una reforma laboral con la Ley 30/2013, que en palabras de
Ojeda Avilés resulta ridícula.


Bangladesh pierde al año 85 millones
de dólares por una cláusula de excepción que restringe sus beneficios fiscales.
No podemos olvidar que en el mundo hay más de 3.000 tratados fiscales, de los
cuales la mitad regulan las transacciones entre países ricos y países
empobrecidos de una manera totalmente asimétrica, siendo las empresas
transnacionales las grandes beneficiarias de los mismos. La Campaña Ropa Limpia
ha denunciado “los escasos avances que ha habido para asegurar que los derechos
fundamentales sean respetados. El derecho a la libertad de asociación es
fundamental para que los trabajadores y trabajadoras puedan defender sus
derechos y vigilar la seguridad de las fábricas”. Y añade: “Las promesas del
gobierno de Bangladesh de que modificaría la ley laboral para adecuarla a los
estándares internacionales han caído en saco roto. El anuncio de nuevas
directrices para implementar la ley laboral se retrasó dos años y la represión
hacia los sindicalistas se acrecienta. Una de las noticias más aplaudida tras
la catástrofe, el espectacular crecimiento de los sindicatos registrados en las
fábricas el primer año tras el derrumbe del Rana Plaza, está siendo ahora
puesta en tela de juicio: dos años después un tercio de estos sindicatos ha
sido borrados del mapa ya sea por acoso y represión a sus miembros o por el
cierre de las fábricas sindicalizadas. La cultura de la impunidad que permite a
los dueños de las fábricas amenazar e intimidar a los/as trabajadores/as sin
quepor ellohaya consecuencias pervive y, en algunos casos, con la complicidad
de la policía. Dolorosa prueba de ello y de la dejadez del gobierno, es el
asesinato hace ahora cuatro años del sindicalista y compañero de la Campaña
Ropa Limpia, Aminul Islam, que sigue sin resolverse y cuyos culpables siguen
libres”.


Ojeda Avilés considera que las leyes
laborales de Bangladesh se encuentran bajo mínimos y son un método para atraer
inversiones y generar empleo. Y denomina este modelo como “tantálico”, ya que
expone a sus ciudadanos a condiciones infrahumanas. Este es el marco normativo
que supuestamente respetan las empresas transnacionales, marco que les permite
obtener altas tasas de beneficio a costa de la explotación y violación de los
derechos humanos y laborales de los trabajadores y trabajadoras.


El gobierno y las clases dominantes de
Bangladesh también se benefician de estas inversiones y condiciones de
explotación. Todas las reformas de la legislación laboral se han aprobado por
la lucha de los trabajadores y trabajadoras; no obstante, el chantaje de las
multinacionales —que vienen a decir: “Si cambian las condiciones y aumentan los
costes, nos vamos a otro país”— y la complicidad del gobierno han servido para
modificar de manera restrictiva los derechos sociales y generalizar la
represión y la explotación. Tras el hundimiento del Rana Plaza en Bangladesh,
puede constatarse que “los trabajadores tienen los mismos problemas que tenían
para defender sus derechos. Un tercio de los sindicatos que se formaron después
de la tragedia han acabado desapareciendo a resultas de las presiones,
hostigamiento, despidos e incluso palizas confesadas por sus miembros”.


¿Por qué los gobiernos de la UE no obligan a
las transnacionales a respetar los derechos humanos?


Los países en los que las grandes
corporaciones transnacionales tienen su casa matriz suelen apoyar política,
económica, diplomática y mediáticamente a las mismas.


De este modo, los circuitos de las
inversiones y del comercio internacional se expanden al margen de los derechos
humanos, sociales y medioambientales. Pero no se pueden aislar los núcleos
duros del comercio, la inversión y la producción en el exterior de los derechos
humanos. Así, las instituciones deben analizar el caudal normativo y las
políticas públicas de los países receptores; no basta con que haya negocio para
las empresas, hay que tener en cuenta si las legislaciones nacionales
receptoras tutelan los derechos de las mayorías sociales y respetan el Derecho
Internacional de los Derechos Humanos. ¿O da igual que el gobierno chino no
respete ni la libertad sindical ni la negociación colectiva ni el derecho de
huelga? ¿A quién le importa que no se respete la normativa de la Organización
Internacional del Trabajo? ¿Las inversiones en Colombia son ajenas a los
sindicalistas y las activistas sociales asesinadas en los últimos años? ¿La
explotación de las mujeres en las maquilas y en las cadenas de subcontratación
de las empresas textiles no tiene que ver con los flujos de comercio e
inversiones?


Una inversión y práctica comercial
responsable implica cumplir las legislaciones de los Estados receptores, la
legislación internacional de los derechos humanos y evaluar el aporte real de
bienestar que genera al conjunto de la población del país receptor y del país
matriz. La mera inversión no implica, sin más, un beneficio para todo el mundo.
Por eso, en el ámbito global las administraciones deben defender que el
comercio y las inversiones no pueden ser fines en sí mismos. Sin embargo, mientras
la necesidad de inserción o no en la economía internacional no es objeto de
debate, sí lo es la valoración sobre los efectos sociales y la redistribución
de la riqueza. Las normas, disposiciones, políticas de ajuste y los préstamos
condicionados de la OMC, el FMI y el Banco Mundial no son intrínsecamente
útiles; sus normas y contenidos no pueden ser ajenos a las realidades internas
de los países y a las necesidades del conjunto de la población, y no deben
responder a los intereses de minorías económicas que controlan el poder
político-económico. En este contexto, los contenidos de los posibles acuerdos
deben ser fruto del equilibrio entre variables económicas y resultados
sociales.


Las empresas transnacionales del
sector textil deben ser controladas por los gobiernos matrices y deben ajustar
toda su actividad comercial al conjunto del sistema internacional de los
derechos humanos y a la constitución de su país. ¿Es razonable que empresas
españolas como el Corte Inglés, Mango o Inditex no hayan respondido ante los
tribunales por prácticas llevadas a cabo en Bangladesh que podrían ser
tipificadas como crímenes internacionales? El gobierno español debe garantizar
el respeto a los derechos humanos, sociales y medioambientales de las
actividades económicas de todas las empresas españolas tanto en el territorio
nacional como en el extranjero.


¿Cuál es la responsabilidad legal de las
empresas transnacionales?


Las transnacionales ajustan su
responsabilidad legal a un bucle infernal. Afirman cumplir la ley del Estado
receptor y en ningún caso aceptan cumplir directamente el Derecho Internacional
de los Derechos Humanos y el Derecho Internacional del Trabajo. Su
responsabilidad legal se encuentra fracturada entre la legislación
internacional, la del Estado matriz y la del Estado receptor, y solo aceptan
acatar —cuando lo hacen— la legislación del país receptor; eso sí, presionan,
chantajean y corrompen todo lo que haga falta para que la legislación les
resulte lo más favorable posible.


Por otra parte, las grandes corporaciones
se oponen a discutir —no digamos a aprobar— cualquier tratado internacional que
regule sus prácticas de manera vinculante en el seno de las Naciones Unidas. No
aceptan constituir un tribunal internacional que tutele los derechos de las
mayorías sociales frente al poder transnacional, ni tan siquiera aceptan crear
un Centro de Empresas Transnacionales que fiscalice sus prácticas, inspeccione
sus incumplimientos y articule las denuncias de las víctimas. Resulta evidente
que prefieren definir ellas mismas los contornos de su responsabilidad, al
margen de cualquier injerencia externa de control.


El Consejo de Derechos Humanos de la
ONU aprobó el 26 de junio de 2014 la Resolución 26/L.22, que ha dado lugar a la
creación de un grupo de trabajo conformado por Estados para la negociación de
un tratado que promueva normas obligatorias para las empresas transnacionales.
La votación en el Consejo fue de 20 países a favor, 14 en contra y 13
abstenciones. EEUU, la Unión Europea, Japón y Corea, donde están las sedes de
las principales empresas transnacionales, se opusieron en bloque a la misma y
presionaron a las delegaciones del resto de países para que no aprobaran la
resolución. Vuelve a constatarse, de este modo, que las empresas
transnacionales y sus países de origen no quieren controles de ningún tipo.


Las empresas transnacionales ignoran
completamente la reciente Observación General Nro 27, del ocho de marzo de 2016,
del Comité de Derechos Económicos Sociales y Culturales, que interpreta el
sentido del artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales
y Culturales sobre condiciones justas y equitativas de trabajo. Interpretación
que debe cumplirse o, al menos, formar parte de una verdadera responsabilidad
social corporativa (RSC) por el carácter autorizado de la misma. Hecho que no
ocurre en ningún caso.


Las condiciones laborales de muchas de
las personas trabajadoras de las empresas transnacionales en la sede matriz,
también se encuentran en una carrera descendente en sus derechos. Es más, buena
parte de las mujeres que en el Estado Español trabajaron en el sector textil
desde los años sesenta del siglo pasado fueron mano de obra explotada y
“creadora” de los grandes emporios que hoy, décadas después, se encuentran
básicamente deslocalizados.


¿Qué pasa con la RSC en las cadenas globales
de suministros?


Las propuestas de control de las
empresas transnacionales basculan entre los acuerdos entre partes y las meras
declaraciones sin exigibilidad jurídica, que son una mezcla de marketing
corporativo, burocracia de las organizaciones internacionales y, sobre todo,
intentar aparentar que se hace algo sin hacer nada; o que si se hace, pasa a
deshacerse en cuanto convenga.


Las multinacionales quieren que sus
obligaciones se ajusten a legislaciones profundamente neoliberales y a la mera
Responsabilidad Social Corporativa (RSC). Al fin y al cabo las ideas
pseudonormativas sobre las que bascula la RSC son la voluntariedad, la
unilateralidad, la autorregulación y la no-exigibilidad. De ahí que esta no sea
una respuesta ante determinadas protestas sociales, ni tan siquiera un mero
lavado de cara de su actividad, sino una nueva forma en que se configuran las
relaciones entre las empresas y el modelo capitalista. Este es el marco de sus
obligaciones, que se mueve en los contornos de la impunidad.


Junto a la voluntariedad y
unilateralidad de la RSC hay que tener en cuenta los distintos mecanismos de
verificación y evaluación de la misma. Más allá de la pluralidad de sistemas,
de su burocratización y de su dudosa imparcialidad, su dimensión más perversa
es la apariencia de legitimidad que dota a las memorias de RSC. Sin embargo, la
realidad es muy diferente; la pluralidad de mecanismos, de sistemas y de
índices de evaluación provoca un desconcierto y una hiperinflación de datos, de
información selectiva y unilateral que, lejos de garantizar los contenidos de
las memorias, refuerza a los equipos de RSC de las transnacionales en
detrimento de controles de los sindicatos, organizaciones y movimientos
sociales.


Así, habría que sustituir el creciente
mundo de la auditorías privadas por una inspección pública internacional
vinculada a un centro de empresas transnacionales que pudiera ser gestionado
por la administración y los movimientos sociales. Eso implica, en principio,
neutralidad y ejercer potestades públicas por delegación.


Como afirma Daugareilh, “una auditoría
privada es una evaluación en un momento determinado, en un lugar concreto, sin
el carácter aleatorio de los controles oficiales, sin poder sancionador y ordenada
por una empresa concreta”. Su referencia no es el derecho positivo, sino
principios o derechos interpretados por el empresario-ordenante. No se mide la
eficacia de los derechos, sino informar a quien pidió la auditoría de una
situación, lo que utilizará de cara a sus clientes o ante la opinión pública.
Es una relación puramente mercantil entre el empresario y el cliente. La
presencia sindical no garantiza, en sí misma, la objetividad, ya que la
asistencia suele ser irregular en las distintas auditorías, las dificultades
técnicas son muy importantes y la falta de formación y de recursos condiciona
que la presencia sindical genere una objetividad automática. Además, las
auditorías no abarcan un territorio en su conjunto, ni tampoco una filial, ni
menos aún, la cadena completa de proveedores y subcontratistas, lo que provoca
controles múltiples, incluso divergentes.


La verificación y rendición de cuentas
no va más allá de mecanismos internos administrados por el empresario. Una
auditoría real y veraz exige una institución pública, transparente y controlada
por el movimiento social y sindical.


El etiquetado de los productos puede
ser una forma interesante de rendir cuentas a la sociedad, siempre que no
desvíe el control normativo de las prácticas de las empresas transnacionales,
ni atrofie la evolución normativa para ampliar el control a las mismas.
Certificar que se respetan los derechos humanos y medio ambientales no es de
recibo, ya que esa es una obligación legal que o se cumple o se sanciona. ¿Qué
quiere decir que el etiquetado de productos importados en la UE han sido
fabricados sin la utilización del trabajo infantil en cada fase de la cadena de
producción? El trabajo infantil está prohibido y la utilización del mismo se
acerca más a un crimen internacional que a cualquier mecanismo de
certificación.


El etiquetado puede resultar útil si
supone un “plus normativo en el cumplimiento de la legalidad”. Si las empresas
transnacionales textiles recogieran ropa usada para desacoplar fibras y
reutilizarlas frente a la fibra natural, eso permitiría, en esta coyuntura,
avanzar hacia un modelo de consumo y medioambiental diferente. Eso sí,
confronta con el modelo actual del sector vinculado a la “rapidez, bajos
precios y prendas de usar y tirar” o, lo que es lo mismo, presionar al
proveedor con “más calidad, en menos tiempo y con precios más baratos”. Como
muestra, el siguiente testimonio: “El problema es que mis clientes bajan cada
vez más los precios. ¿Qué quieren, que la gente trabaje gratis? Las marcas
europeas ganan un margen de al menos siete, es decir, venden nuestros productos
a una tarifa siete veces superior al de compra, cuando no diez. Ya no hay
límites para la sed de lucro. Clientes antiguos nos dejan de la noche a la
mañana porque un competidor les ofrece 10 céntimos menos en un artículo. Reina
una hipocresía increíble. Fíjese que mientras los ejecutivos de H&M se
reúnen con Sheikh Hasina para exigir mejores condiciones de trabajo en las
fábricas de Bangladesh, sus subordinados negocian una rebaja de hasta 15% sobre
el precio de venta de sus proveedores”.


El informe Tailored wages afirma que
“ninguna de las compañías supervisadas están pagando todavía un salario digno”
o que los salarios ofrecidos por estas industrias todavía provocan que estos
trabajadores se vean “atrapados en la pobreza”, en un “círculo vicioso de
sueldos bajos, excesivo trabajo y deudas”.


Dentro de la lógica de la RSC los
compromisos de las empresas transnacionales se edifican sobre la voluntariedad
y la unilateralidad; todos los acuerdos son reversibles; la cuenta de
resultados condiciona todo tipo de acuerdos internos y externos de la empresa
transnacional; los departamentos de RSC y de sostenibilidad están subordinados
a los departamentos financieros, de diseño y de compras y la presión sobre los
proveedores exime a la empresa transnacional de toda responsabilidad. La
confusión normativa es evidente y un arma de dominación. Se confunde lo
legalmente obligatorio con la técnica de la voluntariedad perfectamente
controlada por la dirección de las empresas transnacionales. El resultado es
una atrofia manifiesta en la evolución normativa y la sustitución de las
obligaciones de las empresas transnacionales por meras declaraciones
voluntarias.


¿Por qué no se sustituye el algodón
natural, que necesita gran cantidad de agua y contamina mucho, por el algodón
orgánico? ¿Por qué se controlan únicamente, y de manera muy débil y
fraccionada, las condiciones laborales en la fase de la confección? ¿Por qué no
se controla el trabajo infantil en la recolección del algodón, en la siembra o
en la polinización del algodón transgénico? ¿Cuándo van a terminar en la
industria textil los procesos húmedos con graves vertidos contra el medio
ambiente? ¿Y los daños a los bosques con alto valor ecológico para obtener la
celulosa de los árboles? ¿Por qué se reenvían todas estas cuestiones y muchas
otras más a la voluntariedad y unilateralidad de la “responsabilidad social”?


¿Qué ha sido de la RSC tras la tragedia del
Rana Plaza?


El 24 de abril de 2013, el edificio
Rana Plaza en Bangladesh se desplomó; murieron 1.134 personas y miles más
resultaron heridas. El edificio albergaba cinco empresas-proveedoras que
producían para multinacionales europeas y norteamericanas, entre las que se
encontraban El Corte Inglés y Mango. Pero a estas compañías el marco jurídico
internacional, el de Bangladesh y el de sus países de origen —en este caso, el
Estado español— les exime de toda responsabilidad.


En el marco de un acuerdo pactado —la
catástrofe fue de tal calibre que la presión internacional indujo a tomar
alguna decisión—, se aprobaron indemnizaciones para las familias que sufrieron
la pérdida o desaparición de un familiar y para aquellos supervivientes que
resultaron heridos. Como explica la periodista Ariadna Trillas en Alternativas
Económicas: “El gigante español Inditex contribuyó con 1,63 millones de dólares
al fondo global de 30 millones que en verano pasado (¡un año tarde!) se logró
cubrir para compensar a las víctimas. Benetton, por su parte, puso 1,1
millones. Y C&A, uno. Mango, El Corte Inglés, GAP, Wallmart, Bonmarché y
H&M también han destinado dinero, pero no han hecho pública la cuantía
específica, según consta en la lista de donantes de que informa el comité de
coordinación del Acuerdo del Rana Plaza que pactó la creación de un fondo
fiduciario para los afectados. La lista deja claro, en todo caso, que las
mayores aportaciones no las han desembolsado las grandes marcas. Basta con ver
que 16 millones, más de la mitad, la puso el Fondo Humanitario de los
Trabajadores del Metal, el mayor sindicato industrial de Norteamérica. El
objetivo inicial del fondo era de 40 millones, aunque luego se rebajó a 30”.


No queda claro cuáles son los
criterios utilizados para definir las aportaciones de cada transnacional; lo
que resulta evidente es que la voluntariedad y la unilateralidad no pueden ser
el fundamento de las mismas. Además, se trata de cuantías muy pequeñas en
relación a la responsabilidad civil y penal que debería derivarse de sus
prácticas comerciales. ¿Acaso un tribunal internacional o del Estado español
hubiese aceptado una indemnización promedio de solo 6.000 euros para cada una
de las 5.000 personas gravemente afectadas? ¿Cuál es el porcentaje de la
cantidad entregada por las empresas transnacionales respecto a los beneficios
que obtienen en Bangladesh? ¿Cuánto “indemnizan” a los familiares por cada
persona muerta en las fábricas derruidas o incendiadas por falta de seguridad?


Además, se aprobó el “Acuerdo de
Bangladesh sobre Seguridad en la Construcción de Edificios e Instalaciones de
Sistemas contra Incendios” (ACCORD). Sin entrar en la valoración de ambos
acuerdos —“No puede hablarse de equilibrio contractual entre el bloque de las
multinacionales firmantes, muy poderoso a pesar también de su explosiva
heterogeneidad, y el resto de los sujetos operantes dentro o en el entorno del
Acuerdo”, sostiene Ojeda Avilés—, sí queremos subrayar el balance que ha hecho
al respecto la Campaña Ropa Limpia:


“El trabajo realizado por el equipo de
inspección del Acuerdo de Bangladesh ha sido ingente. En total, se han
realizado inspecciones iniciales en 1.589 fábricas y se han detectado 108.538
irregularidades. Las fábricas fueron calificadas de ‘alto riesgo’ por el
inspector jefe. Lamentablemente, pese a la urgencia y escala de las
reparaciones que deberían hacerse para solucionar los problemas identificados,
el esfuerzo por parte de los dueños de las fábricas y las empresas a las que
abastecen ha sido muy limitado. Casi todas las fábricas acumulan retrasos en
los plazos estipulados para realizar las reparaciones. Únicamente 7 fábricas han
solventado todas las situaciones de riesgo identificadas en las primeras
evaluaciones del equipo de inspección del acuerdo. En repetidas ocasiones hemos
alertado sobre el hecho de que algo tan aparentemente simple y que
potencialmente puede salvar muchas vidas, como es el disponer de puertas contra
incendios adecuadas en las fábricas, aún no ha sido corregido en un número
alarmante de fábricas. La Campaña Ropa Limpia urge a las empresas
internacionales signatarias del acuerdo a afrontar estos retrasos con la máxima
urgencia y a garantizar que sus fábricas proveedoras tienen la capacidad
económica suficiente para realizar las reparaciones necesarias”.


Estas valoraciones, sin embargo,
contrastan con un informe reciente de Víctor Garrido e Isidor Boix, miembros de
la Secretaría de Internacional de CCOO de Industria y la coordinación de
IndustriALL Global Union, que consideran que “el acuerdo alcanzado en la
fábrica con problemas estructurales subraya la importancia del ACCORD, y con él
la implicación de las marcas, Inditex en este caso, en la solución de
problemas, los de seguridad ahora para evitar que se produzcan accidentes como
el de Rana Plaza”. Así, su valoración es muy positiva: “El ACCORD, incrementa
esfuerzos con el apoyo de la mayoría de las marcas, pero siguen produciéndose
en la práctica demoras esencialmente por la actitud de los dueños de las
fábricas, algunas marcas, así como del gobierno de Bangladesh”. Lo que nos
llama la atención de este informe es la valoración tan positiva que se realiza
de Inditex, junto con el mayor grado de responsabilidad que se adjudica a los
empresarios-proveedores y al gobierno de Bangladesh. Es destacable también la
composición de la delegación que participó en la visita al país de la que emana
el informe, ya que solo la integran representantes sindicales internacionales y
de la empresa Inditex, quienes acordaron visitar cuatro fábricas en Bangladesh
entre el 25 y el 29 de abril. ¿Inspección pactada? ¿Seguimiento compartido?
¿Buenas prácticas empresariales avaladas por prácticas sindicales?


Más allá de otras consideraciones,
nuestras reflexiones se centran en la mayor responsabilidad que tienen las
empresas transnacionales por la acumulación ilimitada de la riqueza que
obtienen a costa de la explotación de los trabajadores y trabajadoras, así como
en la debilidad de los marcos normativos para exigirles —bajo responsabilidad
civil y penal— que cumplan con el Derecho Internacional de los Derechos Humanos
y el Derecho Internacional del Trabajo. No olvidemos que si el cumplimiento de
sus obligaciones solamente se remite al marco de la RSC, o a acuerdos
asimétricos como el de Bangladesh, todo queda muy condicionado por su única
voluntad; por tanto, la seguridad de los trabajadores y trabajadoras se
convierte en un mero recurso al servicio de la cuenta de resultados.


Por otra parte, el gobierno de
Bangladesh, las clases dominantes del país y la confederación empresarial de la
confección han considerado que el acuerdo constituye un gran problema para el
sector. Es, al fin y al cabo, la otra cara de la misma moneda que representan
los gobiernos matrices de las transnacionales que reducen su responsabilidad a
meras declaraciones, como la realizada en junio de 2015 por los líderes del G-7
reunidos en Alemania con las que se comprometían a adoptar las acciones
necesarias para mejorar los derechos laborales en las cadenas globales de
suministros e instaron a las multinacionales a crear procedimientos adecuados
del tipo del Acuerdo de Bangladesh. Pura retórica vacía de contenido.


¿Y los Acuerdos Marco Globales y la
intervención sindical?


En este contexto, la aparición de
Acuerdos Marco Globales implica una mejora en la evolución de los códigos de
conducta y de la RSC, ya que el carácter unilateral se desplaza hacia fenómenos
de participación y de negociación. Con ello, los códigos de conducta
unilaterales y voluntarios pueden ser sustituidos por mecanismos de
interlocución y participación sindical, que tienen fuerza contractual entre las
partes firmantes aunque no efectos normativos. La propia empresa es la que se
responsabiliza, en última instancia, de aplicarlos en concreto. Son, por eso,
una forma de negociación colectiva transnacional muy limitada, ya que su
contenido está marcado por cuestiones muy generales y no se dispone de un mecanismo
formal de aplicación. No existe un marco regulador que establezca quiénes son
los sujetos legitimados para negociar ni cuáles son los contenidos,
procedimientos y sistemas de aplicación y control.


Dicho de otro modo: la presencia
sindical es un avance importante, pero la última palabra la sigue teniendo la
empresa transnacional. De ahí que siga haciendo falta un marco normativo
internacional que actúe como telón de fondo de los Acuerdos Marco Globales.
Veamos algunos principios centrales:


Las empresas transnacionales son
personas jurídicas y, en tanto tales, sujetos y objeto de Derecho, de modo que
el Derecho Internacional de los Derechos Humanos —incluido el Derecho
Internacional del Trabajo y el Derecho Internacional Ambiental— es también
obligatorio para ellas.


Los dirigentes de las transnacionales
son personas físicas y las normas jurídicas vigentes son también obligatorias
para ellos. Particularmente en materia civil y penal, las tendencias modernas,
que se reflejan en las legislaciones nacionales, reconocen la responsabilidad
de las personas jurídicas, admitiéndose la doble imputación: por un lado, es
imputable la persona jurídica y, por otro, las personas físicas que tomaron la
decisión incriminada. Además, se deberá tener en cuenta, en su caso, la
complicidad, la colaboración, la instigación, la inducción y el encubrimiento
para establecer la responsabilidad de las mismas.


El establecimiento de una Corte
Mundial sobre Corporaciones Transnacionales y Derechos Humanos, que complemente
los mecanismos universales, regionales y nacionales, serviría para garantizar
que las personas y comunidades afectadas tengan acceso a una instancia judicial
internacional independiente para la obtención de justicia por violaciones de
los derechos civiles, políticos, sociales, económicos, culturales y
medioambientales, siendo esta la encargada de aceptar, investigar y juzgar las
denuncias interpuestas contra las multinacionales.


La Corte Mundial sobre Corporaciones
Transnacionales y Derechos Humanos debe disponer de una organización y
funcionamiento autónomo y totalmente independiente respecto a los órganos
ejecutivos de las Naciones Unidas y de los respectivos Estados.


De acuerdo con los Principios de
Maastricht sobre la Responsabilidad Extraterritorial de los Estados en materia
de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los Estados tienen la obligación
de respetar, proteger y cumplir los derechos civiles, políticos, sociales,
económicos, culturales y medioambientales, tanto dentro de su territorio como
extraterritorialmente, y la violación de esta obligación puede dar lugar a que
quede comprometida la responsabilidad internacional del Estado. Sin el
reconocimiento de estas obligaciones extraterritoriales, los derechos humanos
no pueden asumir el papel que les corresponde como bases jurídicas para regular
la globalización y garantizar la protección universal de los derechos
fundamentales.


Más allá de las cuestiones jurídicas,
es muy importante que los Acuerdos Marco Globales no se circunscriban de manera
exclusiva a la órbita de las empresas transnacionales, a su cara más amable. La
concertación no puede convertirse en un “pacto blando” que acompañe a las
mismas; se trata de evitar alianzas entre las transnacionales y los sindicatos
internacionales, frente a los proveedores de las mismas. No puede ocurrir que,
por mantener los Acuerdos Marco Globales, se omita del “marco negociador” lo
que están pagando las multinacionales por prenda a los diferentes proveedores
—en Asia, las grandes marcas tienen unos costes de aproximadamente 3 euros por
camiseta, cuando las venden al cliente final por diez veces más—, las presiones
a las que les someten en función de las “campañas” dirigidas a ampliar las
ventas y la exorbitante “tasa de beneficio”, por no decir el puro enriquecimiento
injusto, que obtienen por cada prenda.


El Acuerdo Marco Global debe proteger
a los más vulnerables, a los trabajadores y trabajadoras de las empresas
proveedoras, contratistas y subcontratistas, y exigir la modificación de
prácticas abusivas, en muchos casos cercanas a crímenes internacionales y a la
pura codicia, de las empresas transnacionales. El sindicalismo internacional y
los sindicatos de las empresas transnacionales deben fortalecer la lucha de las
personas trabajadoras de toda la cadena de producción contra sus
empresarios-proveedores y sus gobiernos locales, además de fomentar Acuerdos
Marco Globales que avancen en el control de la impunidad con la que actúan las
grandes corporaciones.


En los Acuerdos Marco Globales tampoco
suele abordarse la necesidad de modificar de raíz el modelo de producción y
consumo del sector textil, vinculado a la “rapidez, bajos precios y prendas de
usar y tirar”. Pero sin duda resulta imprescindible avanzar hacia un consumo
mucho más responsable, lo que requiere actuar con las trabajadoras y
consumidores del país donde la transnacional tiene su sede central. Y mientras
los sindicatos de las empresas matrices no amplíen sus alianzas con los
movimientos sociales y las organizaciones de consumidores, el sindicalismo transnacional
se reducirá a pedir “prácticas responsables” o a la ausencia clara y precisa de
acción sindical, más allá de declaraciones más o menos radicalizadas. ¿Cómo no
se han puesto en marcha campañas de denuncia frente a las condiciones laborales
en las cadenas mundiales donde están implicadas empresas como El Corte Inglés e
Inditex? ¿Cómo es posible que los sindicatos de estas empresas no hayan
emprendido acciones conjuntas con la Campaña Ropa Limpia o con movimientos como
la Marcha Mundial de Mujeres frente a la impunidad con la que actúan en los
diferentes países en los que se compran todo tipo de prendas? Da la impresión
que la acción sindical transnacional se reduce al fortalecimiento de la RSC o,
directamente, a la mera inacción.


Por otra parte, la defensa de los
intereses de los trabajadores y trabajadoras, mediante huelgas —y en su caso
negociaciones— contra los gobiernos locales y los empresarios-proveedores, no
tienen por qué circunscribirse exclusivamente a los sindicatos locales, ya que
la presencia de movimientos sociales y ONGD es fundamental. Las relaciones
laborales en países como, por ejemplo, Bangladesh o Marruecos van mucho más
allá del sindicalismo tradicional. Además, las huelgas deben servir para
obtener mejoras en las condiciones de los trabajadores y trabajadoras frente a
los empresarios-proveedores y modificaciones en las legislaciones laborales
nacionales, pero también deben servir para revertir las prácticas de las
empresas transnacionales.


Lo que resulta evidente es que las huelgas
deben dejar de vincularse de manera automática con cambios en la RSC, pasando a
confrontar con las prácticas que las grandes corporaciones desarrollan de
manera directa o indirecta contra las personas trabajadoras en toda la cadena
global. En las cadenas mundiales, el “empresario global” va más allá del
empresario formalmente reconocido y las huelgas deben transcender el ámbito
geográfico y jurídico establecido. Sin embargo, ¿cuál ha sido el comportamiento
de los sindicatos y de sus afiliados en empresas como Mango, El Corte Inglés o
Inditex ante acontecimientos como el del Rana Plaza en Bangladesh?


La defensa de los Acuerdos Marco
Globales como la única vía pragmática a favor de la obtención de mejoras
concretas para los trabajadores y trabajadoras no es exacta, ya que es igual o
incluso más importante exigir un marco normativo internacional como el
propuesto por la iniciativa de Ecuador en el Consejo de Derechos Humanos. O
exigir la responsabilidad solidaria en toda la cadena de suministros o la extraterritorialidad,
la doble imputación, el fin de los paraísos fiscales, la regulación de las
deslocalizaciones… Mientras no haya un marco jurídico internacional, los
avances de los Acuerdos Marco Globales son importantes pero muy limitados. Y
mientras tanto, ¿por qué el sindicalismo del Estado español no exige la
aprobación de una legislación extraterritorial que permita demandar a empresas
como El Corte Inglés, Mango e Inditex en los tribunales españoles por hechos
como el del Rana Plaza o por trabajo infantil o esclavo?


A nuestro parecer, hay que apoyar a
los sindicatos locales de clase en toda su diversidad y a las personas
trabajadoras no sindicalizadas, a las ONGD y movimientos sociales que denuncian
las malas condiciones laborales y medioambientales, así como apoyar sus luchas
y huelgas contra sus empresarios y gobiernos, además de avalar las denuncias de
las grandes marcas y corporaciones transnacionales en el país de origen. Todo
ello con el fin de potenciar otra forma de consumo y de luchar contra el silencio
de los gobiernos del Norte y del Sur globales que protegen a sus
multinacionales y empresarios-proveedores.


En cualquier caso, estas luchas han de
servir para denunciar el modelo jurídico-económico y para conseguir mejoras
concretas. Eso requiere fortalecer el movimiento local y dejar de colocar al
Acuerdo Marco Global como una categoría en sí misma en lugar de considerarlo un
instrumento al servicio del combate de los movimientos sociales y las personas
trabajadoras. Es más, las mejoras que se están produciendo por la vía de los
Acuerdos Marco Globales suelen circunscribirse a los trabajadores y
trabajadoras sindicados, los cuales están muy alejados del total de implicados,
tal y como ocurre con el caso de Inditex. Según el informe de la Campaña Ropa
Limpia, después de la tragedia de Bangladesh “tras un auge inicial del
activismo sindical, estos avances aparentes se han ido erosionando, y la
represión sindical vuelve a ser la norma”. 44 de los nuevos sindicatos de los
300 que llegaron a crearse han sido forzados a cerrar, mediante despidos,
renuncias forzadas y otras tácticas intimidatorias.


La intervención sindical debería
presionar en favor de una norma internacional de obligado cumplimiento y en el
desarrollo de Acuerdos Marco Globales con exigibilidad jurídica y como puentes
básicos de la acción sindical conjunta en el ámbito internacional. Se trata de
combinar los acuerdos negociados con la confrontación, es decir, la negociación
colectiva internacional con el ejercicio del derecho de huelga. Las mejoras
concretas y cotidianas de la vida de los trabajadores y trabajadoras de países
como Bangladesh no implica aceptar sin más el funcionamiento del capitalismo y
la impunidad de las empresas transnacionales. No se puede volcar toda la acción
sindical solo contra las empresas-proveedoras y los gobiernos locales y, a la
vez, apoyar la concertación y la diplomacia sindical con las transnacionales y
los gobiernos de los países de origen. Tampoco se pueden alegar “determinismos
sindicales o causas objetivas” para no tomar ninguna iniciativa en la denuncia
de tragedias como la de Rana Plaza. ¿Qué acciones han tomado los miembros del
comité de empresa de El Corte Inglés, Mango, Inditex…? En las protestas
emprendidas el pasado mes de mayo contra la multinacional H&M, ¿qué
implicación real tuvieron los sindicatos? 

Ver artículo completo en http://vientosur.info/spip.php?article11410

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