¿Cómo se construye la crisis fiscal de Costa Rica?

En esta ocasión, el editorial de La Nación, publicado en la
edición del 28/11/2013, increpa la sentencia del Tribunal Contencioso
Administrativo, que declaró con lugar la demanda que interpuso Undeca contra
aquella institución y el Estado, con el fin de que se restituyera el pago del
salario completo de los trabajadores que se incapaciten por enfermedad.

El editorial recrimina que el pronunciamiento judicial
restablece un odioso privilegio, que, de mantenerse la sentencia – advierte
haciendo un juicio apocalíptico –, implicará un enorme retroceso de los
esfuerzos que se han hecho para ordenar las finanzas institucionales.

 

La sentencia del Tribunal, contra la que se alza La Nación , declaró la nulidad
absoluta del acuerdo que adoptó la Junta Directiva de CCSS, en junio del 2011, por
resultar sustancialmente disconforme con el ordenamiento jurídico. La sentencia
corrige el abuso que cometió la Junta Directiva al revocar, de manera arbitraria
y unilateral, un legítimo derecho de los trabajadores, que tiene sustento en la
propia ley constitutiva de esa institución.

 

Desmentimos, de manera categórica, que este beneficio
constituya un privilegio, ya que es un derecho que estamos recuperando, como
corresponde en un Estado de derecho, recurriendo a los tribunales de la República, aunque la
sentencia cause tanta irritación en ese tradicional medio informativo.

 

Mucho menos es cierto, como malintencionadamente se nos
atribuyó en ese editorial, que no haya podido dejar de reconocer los abusos que
se cometieron.

De esta manera, La
Nación la emprende infundadamente no solamente contra esta
organización y los trabajadores que representamos – esta no es la primera vez
–, sino también contra los tribunales de la República, olvidando esa
corporación que tiene techo de vidrio.

 

Este linchamiento mediático cumple tres objetivos, que son
muy fáciles de comprender: 1) prejuiciar la opinión pública contra los
servidores de la Caja,
que es un oficio compartido con la Presidencia Ejecutiva
de esa institución, 2) desacreditar la sentencia de los tribunales de la República, y 3)
presionar a la jerarquía del Poder Judicial, lo cual desde ahora estamos
denunciando.

 

Termina esa diatriba periodística sentenciando que, con este
precedente judicial, “así se construye la crisis fiscal del Estado
costarricense”, lo cual se devuelve como un bumerán contra el propio diario.

 

La crisis fiscal del Estado obedece a otra clase de causas,
que desde luego no le conviene reconocer a La Nación , inmersas en el contexto de la crisis del
modelo neoliberal que interesadamente defiende ese periódico, dentro de las
cuales destacan la regresiva estructura impositiva del país, acompañada de la
evasión tributaria, que, por lo visto, para muchas empresas constituye un
deporte nacional.

 

No es ocioso recordar que ese grupo corporativo
recientemente fue denunciado por la
Fiscalía de Delitos Económicos, Tributarios y Aduaneros, por
los supuestos delitos de defraudación fiscal y tributaria, por una presunta
evasión de impuestos de ¢1.918.300.797,43.

 

Si en algo coincidimos con este editorial, es en que
efectivamente, de esa manera, “así se construye la crisis fiscal del Estado
costarricense”.