13/12/2012

Caso Marita Verón: Crimen, justicia y poder político

 

Asistimos indignados al fallo que absolvió a todos los imputados en la causa por la desaparición de Marita Verón. Un crimen organizado que quedó impune.
Acabamos de conocer el fallo de la causa “Marita Verón” y sólo podemos sentir asco. Por estos días, como desde hace mucho, se habla insistentemente de la “inseguridad”. Y nos preguntamos: ¿qué seguridad tuvo Marita Verón
de su integridad personal?, ¿qué seguridad tuvo su madre, tuvimos todos, sobre la calidad de la investigación penal?. Por supuesto que ninguna.
El crimen que desapareció a Marita es el crimen organizado. Pero no se trata de una organización cualquiera. Hace falta una infraestructura importante para realizarlo. Pero, sobre todo, hace falta impunidad. La impunidad que permite su desaparición, la trata, la explotación sin problemas.
¿Quiénes la proveen? Son unos cuantos. La policía socia del crimen, los jueces corruptos y el poder político. Ese mismo poder político que designa a los jueces y maneja a la policía.
No hay excusas. No aceptamos que ahora los funcionarios de turno digan sentirse acongojados o que los voceros de la justicia nos expliquen que los jueces se valen por las “constancias obrantes en el expediente”. No quisieron investigar, pusieron trabas, son cómplices.
La democracia real no es tal porque haya espectáculos artísticos en las calles. La democracia es una construcción permanente, paciente y que requiere de la participación popular en todo momento.
Los feudos provinciales son la antítesis. Ahí lo vemos en Formosa con dos nuevos asesinatos de compañeros qom. Lo vemos hoy en Tucumán con esta farsa judicial.
En este momento de bronca y dolor debemos exigir explicaciones. No bastan las palabras de circunstancias. Hay
responsables de la impunidad del crimen organizado en Tucumán; algunos por acción, otros por omisión y otros por apoyar por oportunismo político a los que dan la impunidad. Los gobernantes tienen la palabra.

Hugo Blasco – Secretario General AJB y Secretario DD.HH. CTA Nacional


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Sector público acusa que el Gobierno no cumple acuerdo y realiza masivo despido de funcionarios
“Esta
semana hemos visto como el Gobierno pide ante La Haya de que se cumplan
los tratados. Sin embargo, los acuerdos que tiene con los trabajadores
no se cumplen. Por lo tanto, le pedimos consecuencia al Gobierno”,
recalcó de La Puente.


Domingo, 09 de diciembre de 2012: El presidente de la ANEF, Raúl de la Puente, junto a la titular de la
CUT, Bárbara Figueroa, y representantes de la mesa del sector público,
pidió este domingo al Gobierno que actúe consecuentemente y que así como solicita ante La Haya que Perú cumpla con los tratados que haga lo
mismo con los acuerdos que tiene con los trabajadores.

Los
dirigentes denunciaron el incumplimiento del protocolo que firmaron
recientemente con el Gobierno –la circular 44 del ministerio de Hacienda sobre estabilidad laboral-, ya que en diferentes niveles del Estado se
están produciendo “despidos injustificados”.

“Esta semana hemos visto como el Gobierno pide ante La Haya de que se cumplan los tratados. Sin embargo, los acuerdos que tiene con los trabajadores
no se cumplen. Por lo tanto, le pedimos consecuencia al Gobierno”, recalcó de La Puente.

Según las
cifras preliminares que maneja el timonel de la ANEF, las
desvinculaciones afectarían a alrededor 800 trabajadores en todo el
país, en su mayoría funcionarios bien calificados.

Por su
parte, la presidenta de la CUT acusó que el alcalde de La Florida,
Rodolfo Carter, ha despedido a 400 funcionarios municipales y se han
iniciado otros 700 sumarios.

“Es una
situación grave y emblemática. Nuestro llamado es a que no solo se
respete lo que la propia circular 44 establece, sino que además se
respete el propio acuerdo firmado en la comuna de La Florida, a cuatro
días de las elecciones”, destacó.

Figueroa
lamentó que se “haya manchado un muy buen acuerdo”.La dirigenta explicó
que a nivel nacional están realizando un catastro para dimensionar la
magnitud de los despidos municipales, ya que falta incluir las
notificaciones que se producirán durante diciembre, y así establecer un
plan de acciones sociales para revertir el proceso.

“Cuando
hemos logrado avanzar, hoy día esta razzia, esta operación castigo que
desde los municipios y desde algunos servicios se está implementando,
viene a enturbiar un buen proceso desarrollado por los trabajadores del
sector público”, advirtió.   ?????????? ???????         

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