24/06/2013

Brasil: ¿un nuevo ciclo de luchas populares?

Opinólogos y analistas adscriptos al gobierno insisten ahora en colocar bajo la
lupa estas manifestaciones, señalando su carácter caótico, su falta de
liderazgo, la ausencia de un proyecto político de recambio. Sería mejor que en
lugar de exaltar las virtudes de un fantasioso “posneoliberalismo” de Brasilia
y de pensar que lo ocurrido tiene que ver con la falta de políticas gubernamentales
hacia un nuevo actor social, la juventud,  dirigieran su mirada hacia los
déficits de la gestión gubernativa del PT y sus aliados en un amplio abanico de
temas cruciales para el bienestar de la ciudadanía. Plantear que las protestas fueron
causadas por el aumento de 20 centavos de real en el transporte público de Sao
Paulo es lo mismo que, salvando las distancias, afirmar que la Revolución
Francesa se produjo porque, como es sabido, algunas panaderías de la zona de la
Bastilla habían aumentado en unos pocos centavos el precio del pan. Confunden
estos propagandistas el detonante de la rebelión popular con las causas
profundas que la provocan, que dicen relación con la enorme deuda social de la
democracia brasileña, apenas atenuada en los últimos años del gobierno Lula. El
disparador, el aumento en el precio del boleto del transporte urbano, tuvo
eficacia porque según algunos cálculos para un trabajador que gana apenas el
salario mínimo en Sao Paulo el costo diario de la transportación para concurrir
a su trabajo equivale a poco más de la cuarta parte de sus ingresos. Pero
esto  sólo pudo desencadenar la oleada de protestas porque se combinaba
con la pésima situación de los servicios de salud pública; el sesgo clasista y
racista del acceso a la educación;  la corrupción gubernamental (un
indicador: la presidenta Dilma Rousseff ha echado a varios ministros por esta
causa), la ferocidad represiva impropia de un estado que se reclama como
democrático y la arrogancia tecnocrática de los gobernantes, en todos sus
niveles, ante las demandas populares que son desoídas sistemáticamente: caso de
la reforma de la previsión social, o de la paralizada Reforma Agraria o los
reclamos de los pueblos originarios ante la construcciones de grandes represas
en la Amazonía. Con estas asignaturas pendientes, hablar de “posneoliberalismo”
revela, en el mejor de los casos, indolencia del espíritu crítico; en el peor,
una deplorable sumisión incondicional al discurso oficial.

     

A la explosiva combinación señalada más arriba hay que sumar el creciente
abismo que separa al común de la ciudadanía de la partidocracia gobernante,
incesante tejedora de toda suerte de inescrupulosas alianzas y transformismos,
que burlan la voluntad del electorado sacrificando identidades partidarias y
adscripciones ideológicas. No por casualidad todas las manifestaciones
expresaban su repudio a los partidos políticos. Un indicador del costo
fenomenal de esa partidocracia –que resta recursos al erario público que
podrían destinarse a la inversión social- está dado por lo que en Brasil se
denomina el Fondo Partidario, que financia el mantenimiento de una maquinaria
meramente electoralista y que nada tiene que ver con ese “príncipe colectivo”,
sintetizador de la voluntad nacional-popular del que hablara Antonio Gramsci.
Un solo dato será suficiente: a pesar de que la población exige
infructuosamente mayores presupuestos para mejorar los servicios básicos que
hacen a la calidad de la democracia, el mencionado fondo pasó de distribuir
729.000 reales en 1994 a la friolera de 350.000.000 de reales en el 2012, y
está por acrecentarse aún más en el curso de este año. Esa enorme cifra habla
con elocuencia del hiato que separa representantes de representados: ni 
los salarios reales ni la inversión social en salud, educación, vivienda y
transporte  tuvieron la prodigiosa progresión experimentada por una casta
 política completamente apartada de su pueblo y que no vive para la
política sino que vive, y muy bien, de la política, a costa de su propio pueblo.


¿Eso es todo? No, hay algo más que provocó la furia ciudadana. El 
exorbitante costo en que incurrió Brasilia a cuenta de una absurda
 “política de prestigio” encaminada a convertir al Brasil en un “jugador
global” en la política internacional. La Copa del Mundo de la FIFA y los Juegos
Olímpicos exigirán enormes desembolsos que podrían haber sido utilizados más
provechosamente en solucionar añejos problemas que afectan a las clases
populares. Hubiera sido bueno que se recordara que México no sólo organizó una
sino dos Copas del Mundo en 1970 y 1986, y los Juegos Olímpicos de 1968.
Ninguno de estos grandes fastos convirtió a México en un jugador global de la
política mundial: pero aún, sirvieron para ocultar los problemas reales que
irrumpirían con fuerza en la década de los noventas y que perduran hasta el día
de hoy. Según la ley aprobada por el congreso brasileño la Copa del Mundo
dispone de un presupuesto inicial de 13.600 millones de dólares, que
seguramente aumentará a medida que se acerque la inauguración del evento, y se
estima que los Juegos Olímpicos demandarán una cifra aún  mayor. Conviene
aquí recordar una sentencia de Adam Smith, cuando decía que “lo que es
imprudencia y locura en el manejo de las finanzas familiares no puede ser responsabilidad
y sensatez en el manejo de las finanzas del reino.” Quien en su hogar no
dispone de ingresos suficientes que garanticen la salud, la educación y una
adecuada vivienda para su familia no puede ser elogiado cuando gasta lo que no
tiene en una costosísima fiesta.


La dimensión de
este despropósito queda graficado, como observa con perspicacia el sociólogo y
economista brasileño Carlos Eduardo Martins, cuando compara el costo del
programa “Bolsa Familia”, 20.000 millones de reales, con el que devoran los intereses
de la deuda pública: 240.000 millones de reales. Es decir, que en un año los
tiburones financieros de Brasil y del exterior, niños mimados del gobierno,
reciben como compensación a sus tramposos préstamos el equivalente doce planes
“Bolsa Familia” por año. Según un estudio de la Auditoría Ciudadana de la
Deuda, en el año 2012 el desembolso por concepto de intereses y amortizaciones
de la deuda pública insumió el 47.19 por ciento del presupuesto nacional; por
contraposición, se le dedicó a la salud pública el 3.98 por ciento, a la
educación el 3.18 por ciento y a l transporte el 1.21 por ciento. Con esto no
se quiere disminuir la importancia del programa “Bolsa Familia” sino de
resaltar la escandalosa gravitación de  la sangría originada por una deuda
pública-ilegítima hasta la médula- que ha hecho de los banqueros y
especuladores financieros los principales beneficiarios de la democracia
brasileña o, más precisamente, de la plutocracia reinante en el Brasil.


Por eso tiene razón Martins cuando observa que la dimensión de la crisis exige
algo más que reuniones de gabinete y conversaciones con algunos líderes de los
movimientos sociales organizados. Propone, en cambio, la realización de un
plebiscito para una reforma constitucional que recorte los poderes de la
partidocracia y empodere de verdad a la ciudadanía; o para derogar la ley de
auto-amnistía de la dictadura; o para realizar una auditoría integral sobre la
turbia génesis de la escandalosa deuda pública (como hizo Rafael Correa en el
Ecuador). Agrega también que no basta con decir que el 100 por ciento de los
royalties que origine la explotación del enorme yacimiento petrolero del
Pre-Sal serán dedicados, como lo declaró Rousseff, a la educación, en la medida
en que no se diga cuál será la proporción que el estado captará de las empresas
petroleras. En Venezuela y Ecuador el estado retiene por concepto de royalties
entre el 80 y el 85 por ciento de lo producido en boca de pozo. ¿Y en Brasil
quién fijará ese porcentaje? ¿El mercado? ¿Por qué no establecerlo mediante una
democrática consulta popular?


Como puede
colegirse de todo lo anterior, es imposible reducir la causa de la protesta
popular en Brasil a una eclosión juvenil. Es prematuro  prever cual será
el futuro de estas manifestaciones, pero de algo estamos seguros. El “¡Que se
vayan todos!” de la Argentina del 2001-2002 no pudo constituirse como una
alternativa de poder, pero por lo menos señaló los límites que ningún gobierno
podría volver a traspasar so pena de ser derrocado por una nueva insurgencia
popular.  Más aún, las grandes movilizaciones populares en Bolivia y
Ecuador demostraron que sus flaquezas y su inorganicidad -como las que hoy hay
en Brasil- no le impidieron tumbar a gobernantes que sólo solo lo hacían a favor
de los ricos. Las masas que salieron a la calle en más de cien ciudades
brasileñas pueden tal vez no saber adónde van, pero en su marcha pueden acabar
con un gobierno que claramente eligió ponerse al servicio del capital. Brasilia
haría muy bien en mirar lo ocurrido en los países vecinos y tomar nota de esta
lección que presagia crecientes niveles de ingobernabilidad si persiste en su
alianza con la derecha, con los monopolios, con el agronegocios, con el capital
financiero, con los especuladores que desangran al presupuesto público de
Brasil. La única salida a todo esto es por la izquierda, potenciando no en el
discurso sino con hechos concretos, el protagonismo popular y adoptando
políticas coherentes con el nuevo sistema de alianzas. No sería exagerado pronosticar 
que un nuevo ciclo de ascenso de las luchas populares estaría dando comienzo en
el gigante sudamericano. Si así fuera lo más probable sería una reorientación
de la política brasileña, lo cual sería una muy buena noticia para la causa de
la emancipación de Brasil y de toda Nuestra América.

 

 *  Una versión resumida de esta
nota salió publicada en la edición dominical de Página/12, del 23 de Junio del
corriente año.

 

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