El ultraderechista Jair Bolsonaro avanza sin decoro para entregarle a los poderes económicos el sistema previsional público y solidario que tiene Brasil. Denuncian prebendas a diputados para que voten el cambio de la ley jubilatoria que allanaría el camino hacia un régimen de capitalización individual.

Por Mariano Vazquez (@marianovazkez)

Bolsonaro, admirador del dictador chileno Augusto Pinochet (1973-1990), pretende sustituir el  sistema previsional público y solidario que rige en Brasil por el modelo privado de fondos de pensiones que Chile impuso en 1980, que aún prevalece en ese país, y cuya característica individualista, basada solo en el ahorro personal, genera jubilaciones miserables.

 No es casual que el presidente ultraderechista haya elegido el modelo chileno: el ministro de Economía de Bolsonaro, Paulo Guedes, es un hijo dilecto de la escuela económica de Milton Friedman, y participó activamente de las reformas económicas que losChicago Boys implementaron en Chile en la década de 1980.

Onyx Lorenzoni, jefe de la Casa Civil de Bolsonaro, es un admirador, como la mayor parte del gobierno, de la dictadura pinochetista: “Chile para nosotros es un ejemplo de país que estableció elementos macroeconómicos muy sólidos, que le permitieron ser un país completamente diferente de toda Latinoamérica”.

Guedes es el autor intelectual del proyecto de reforma previsional que pretende desmantelar el actual sistema jubilatorio en Brasil. Ya obtuvo un primer éxito: el 23 de abril pasado, la iniciativa oficial de reforma previsional fue aprobada por la Comisión de Constitución y Justicia por 48 votos a favor y 18 en contra. Aún restan instancias especiales para que pase a Diputados, que necesita una mayoría especial de tres quintos, ya que se trata de una enmienda a la Constitución.

 A pesar de que se trata de la composición más conservadora del Congreso Nacional desde la recuperación de la democracia en 1985, con bancadas poderosas como la de los agronegocios, la evangelista y la de exmilitares y policías, nadie puede garantizar que la nave insignia de las reformas bolsonaristas sea aprobada.

Es por eso, que la oposición política, social y sindical ha convocado a una huelga general para el 14 de junio para oponerse a este proyecto que desvela a Bolsonaro y Guedes.

Para colmo, informó el diario Folha de Sao Paulo que el gobierno estaría ofreciendo a cada diputado que vote a favor del mismo unos 40 millones de reales (más de diez millones de dólares) para obras de infraestructura en sus territorios electorales. Nada nuevo bajo el sol, las reformas antiobreras siempre se cuecen bajo el fuego de la prebenda y la corrupción.

Señala el especialista José Luis Ríos Vera que esta “reforma previsional pretende expropiar del fondo de consumo obrero, al menos 1 billón de Reales (250 mil millones de dólares, equivalentes a 12% del PIB aproximadamente) en los próximos diez años”.

El dirigente de la Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB) y secretario general adjunto de la CLATE, Sergio Arnoud, en diálogo con el portal web de la Confederación, repudió “el intento de Bolsonaro de destruir el sistema previsional solidario y público por un sistema neoliberal que va a traer más miseria y dificultades para todos los trabajadores”.

Arnoud admitió que “la posibilidad de la que reforma previsional prospere en Brasil es muy grande porque la mayoría del Congreso Nacional está integrado por representaciones de derecha y de ultraderecha, aunque entiendo que puede tener muchas enmiendas. Además, los trabajadores tienen un bajo porcentual de diputados y senadores, pero estamos luchando para que no salga de la Constitución Nacional las garantías de la previsión social pública y solidaria”.

El dirigente de la CSPB denunció que este proyecto “abre las puertas para la capitalización, que es una cuestión desconocida para la mayoría de la población brasileña y, por eso, se están realizando debates, charlas, actos públicos, audiencias para informar a la población”. Y recordó que “en abril, en Porto Alegre, realizamos la 1ª Jornada Internacional en Defensa de la Previsión Social, junto a la Confederación de Servidores Públicos de Brasil, a la Asociación Trabajadores del Estado de Argentina y la Agrupación de Empleados Fiscales de Chile para que conozcamos de primera mano sobre la situación y las consecuencias de la capitalización, ya que queremos clarificar para la población lo que es este sistema, con una base neoliberal que va a traer más miseria y dificultades para todos los trabajadores”.

Tanto Bolsonaro, como su vicepresidente Hamilton Mourão, provienen del ejército y una de preguntas más recurrentes es sí se tocarán las pensiones de privilegio que poseen los miembros de la fuerzas armadas al retirarse: “Como ocurrió con los uniformados en Chile, en Brasil continuarán recibiendo sus aportes integralmente, a diferencia del resto de la población, no van a sufrir, van a mantener sus privilegios y ampliarlos”, respondió Arnoud.

Concluyó el dirigente de CLATE que en este marco “los sindicatos y organizaciones sociales tenemos una responsabilidad muy grande, estamos movilizados, y el 14 de junio haremos una gran marcha con movilizaciones, corte de rutas y actos por todo Brasil para demostrar nuestra insatisfacción porque la reforma previsional es mala, es perjudicial para la mayoría de la población brasileña, ya que no tendremos más jubilaciones, tendremos un sueldo mínimo que incluso puede estar por debajo del sueldo mínimo nacional”.

El proyecto oficial llevaría la edad mínima para jubilarse a 62 años entre las mujeres y a 65 para los hombres. El sistema actual no exige edad mínima jubilatoria pero sí aportar durante 30 años a las mujeres y 35 a los hombres. Ahora, deberán sumar en total 40 años de aportes.

Paradójicamente, el presidente Bolsonaro, que pretende que trabajadores se jubilen aportando cuarenta años, dejó de trabajar a los 33 años cuando fue expulsado del ejército por su carácter agresivo y su conflictividad.