Pensamiento Crítico

noviembre 6, 2012

«La etapa actual de la CLATE es reivindicativa pero también de atención a los temas organizativos»


6 de noviembre 2012
  -¿Cuál fue el motivo del viaje a Cuba? - A partir de gestiones previas, realizadas por los compañeros del Sindicato de la Administración Pública de Cuba (SNAP), surgió la posibilidad de que se integrara a la CLATE el Sindicato de Salud, que reúne a casi medio millón de afiliados. Ese gremio tiene miles de compañeros que están trabajando solidariamente en distintos países de Latinoamérica, Africa y Asia, a través de las misiones médicas que Cuba envía a todos los rincones del planeta. Ese sindicato, es la expresión más alta de un modelo de salud de la población, muy distinto al modelo de mercado al cual estamos condenados los pueblos de Latinoamérica y el Caribe. Ellos han resuelto incorporarse a la CLATE, y ahora estamos trabajando en todo lo que es la cuestión administrativa para sumar el aporte de dicho gremio. Además, esperamos concretar con todos los sindicatos de CLATE Salud, incluyendo a los compañeros de Canadá, una actividad regional en el mes de octubre de 2013, sobre el tema de la atención de salud primaria. A esto, aparte de los sindicatos sumaremos a Universidades de la región, para que nos permita dotarnos de elementos teóricos de formación para la lucha.   -¿Qué conversaron con los integrantes del SNAP cubano? -Ellos son parte del equipo fundador de la CLATE, con los que mantenemos un relación muy estrecha. Con ellos estuvimos viendo cómo dinamizamos la Subregión del Caribe, a partir de las nuevas incorporaciones que se dieron en el marco del Congreso de CLATE realizado en agosto.   -También estuvieron en México. -Sí, allí, además de participar en la celebración del 74 aniversario del Sindicato de los estatales mexicanos (SUTEYM), realizamos una reunión de  CLATE regional Centroamérica y CLATE Caribe.   -¿Qué temas trataron en este encuentro? -Esencialmente temas reivindicativos, de derechos humanos y otros varios que hacen a cada uno de los países que componen la subregión. Días antes se habían reunido, también en México, los compañeros de la CLATSEP, y allí, esa Central decidió transformarse en una Coordinación de organizaciones. Por lo tanto, resolvieron que su organización representativa en la región, es la CLATE. Esto, sin duda va a potenciar a la Confederación. Además de los temas reivindicativos, hoy estamos en una etapa de atender los espacios organizativos de la CLATE. Trabajamos en el reagrupamiento de la entidad y mejorar las comunicaciones, en el pago de las cuotas, y atender todo lo que implique la parte estructural. Por su parte, los compañeros mexicanos de SUTEYM, han resuelto abrir una oficina de CLATE en Toluca, en un local donde ellos tienen un importante Centro de Estudios. Allí funcionará el centro de atención de CLATE para todo Centroamérica. Esto se suma a la próxima apertura de la sede central de la Confederación, en la Ciudad de Buenos Aires.   -El tema Salud es, por lo visto, una de las áreas prioritarias del trabajo de CLATE en el continente. -Así es, el primer Ejecutivo que se reunió pocas horas después del Congreso, estableció dos áreas de trabajo fundamental: Salud y Municipales. Esto quiere decir que abogaremos por la coordinación de todos los trabajadores de Salud y los Municipales de CLATE.   -Es en ese marco que se dio la reciente reunión de CLATE Salud en Uruguay. -Exacto. Allí, en Punta del Este, en un recreo de la Federación de Salud, deliberamos representantes de Argentina, Chile, Brasil y Uruguay. Oficiaron de anfitriones los compañeros de la COFE. Lamentablemente, no asistieron los compañeros de Paraguay, ya que están en permanente lucha, estos días, contra las medidas represoras del gobierno de Federico Franco. Lo de Paraguay es un caso muy claro de lo que significa un gobierno dictatorial, se persigue a trabajadores, se los despide  y los judicializan, por pensar distinto al régimen. En el Encuentro, trabajamos haciendo diagnósticos nacionales y del Cono Sur. La conclusión común habla del abandono total que se ha tenido de la atención primaria, en las políticas de prevención de la salud de la población. El camino que se ha tomado es el negocio de la enfermedad, o cómo los sectores privados mercantilizan la salud, curando más o menos a quienes tienen dinero para pagar la atención. Lo que estamos haciendo en ese sentido, es ordenar un debate que tiene que ver con ir a ganar, en primer lugar, a los propios trabajadores de la salud, a quienes están en los hospitales y en las Obras Sociales. En ese sentido hemos puesto proa al Encuentro del año que viene, pero antes realizaremos reuniones de subregionales, para seguir avanzando en las propuestas.   Isla Demarchi: Un conflicto emblemático   -En el plano local y a nivel de ATE, hay una situación que está dando mucho que hablar:  lo que ocurre con la Isla Demarchi.   -Es un conflicto que se va a transformar en emblemático. O rompemos definitivamente con la política de desnacionalización, con la oferta neoliberal y de ajuste continuo, o nos derrotan y ellos seguirán avanzando sobre nuestras conquistas. Dos hectáreas de tierra, que es donde se asienta la Isla Demarchi, pareciera que pueden significar poco en un país de gran extensión como el nuesto, sin embargo ahí se juega el destino de la soberanía sobre el comercio exterior.  Hay que tener en cuenta que el 80% del comercio exterior de Argentina se realiza por mar, y por ríos que desembocan en el mar. Eso, o está bajo control de las multinacionales, o está en manos del Estado. Si ocurre lo primero, nosotros, como pueblo, habremos perdido uno de los resortes fundamentales para poder pensar en nuestro país y a la vez, desarrollarlo. Además de ser un golpe a nuestra soberanía, nos impedirá pensar en tener una  moderna flota marítima,  una industria naval nacional. Perdemos 5.000 millones de dólares, en el comercio exterior, por falta de fletes. Si hubiera una decisión nacional de desarrollarnos en esta área, eso significaría trabajo y bienestar. Pero sobre todo, que el Estado tenga control del comercio exterior., que es fluctuante, que tiene cuestiones de precios. Incluso, si uno quiere abrir nuevos mercados, hay que manejar barcos y puertos. Actualmente, se ven incongruencias por parte del Gobierno. Por un lado, mandan misiones económicas a Africa, ya que hay condiciones de comerciar y es necesario hacerlo, pero si luego se choca con la concepción de que no queremos tener barcos ni puertos, y que estos estén bajo dominio de las trasnacionales, estaremos frente a un problema provocado. En los planes de las trasnacionales, seguramente no está la idea de que comerciemos con África. Esta incoherencia del gobierno nos lleva a generar acciones de defensa de la Isla. El conflicto está planteado, y en estos días, ya ha quedado atrás la discusión del Polo Audiovisual que sugerían construir en la zona, y que no era otra cosa que una zanahoria que ponían ahí para confundir a la gente. Ni siquiera hay un gran negociado inmobiliario (que no es poca cosa lo que pueden ganar con ese tema), ya que dicho asunto también lo pueden hacer en otro lugar. Lo que hay, es el hecho de cortar las posibilidades de una política fluvial y marítima soberana. Retirar el organismo de allí, llevarlo a cualquier sitio, significa cortar las posibilidades que tenemos de desarrollar nuestra industria naval. Por eso, este conflicto que comenzó sólo con el sector de Vías Navegables, en la Audiencia Pública que se celebró en el Congreso de la Nación, ya estuvieron todos los sindicatos vinculados a la actividad naval. Allí se habló muy claro sobre lo que significa esta idea de “cambiar” la estructura del puerto de Buenos Aires, sacando a Vías Navegables de allí, y transformarlo en un lugar para yates y veleros lujosos. Se los puede ver muy bonitos en la foto, pero con eso no comemos ni vamos a ningún lado. Nosotros necesitamos sacar al exterior nuestra producción. El Puerto de Buenos Aires, sólo tiene sentido si existe Dragado y Balizamiento. Y esto no es un capricho, sino que cualquiera se da cuenta que es un puerto de llanura, un puerto bajo. El Río de la Plata y el Río Paraná, traen mucho sedimento, por lo cual hay que estar constantemente dragándolo para poder funcionar. Por todas estas razones, nosotros vamos a resistir, y estoy seguro que no vamos a estar solos en la defensa de la soberanía nacional.  
noviembre 5, 2012

ARGENTINA: La otra cuenta del caso Tognoli

 


 Basta de excusas. Esta no es la policía que heredaron…-dijo el diputado nacional Agustín Rossi, una de las principales espadas políticas del kirchnerismo, al referirse al escándalo y posterior crisis institucional que provocó en Santa Fe, la segunda provincia del país, la renuncia de Hugo Tognoli a su cargo de jefe policial porque se lo investiga por vínculos con el narcotráfico y la trata de personas.

Por su parte, el actual ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, dijo que “si la
policía sigue funcionando bajo el sistema de cajas no tiene futuro” y
ante la Legislatura confirmó que tanto Tognoli como el actual titular de La Santafesina SA, Cristian Sola, están siendo investigados por supuesto enriquecimiento ilícito.
El viernes pasado, socialistas, radicales y peronistas de varios
pelajes escenificaron una nueva hipocresía: convocaron a una reunión a
los diputados nacionales y el kirchnerismo se fue porque, según dijo, no iba a estar presente la prensa.

Mezquindades.
Declaraciones para la tribuna.
Buscar aumentar o reducir el costo político.
Corralito ideológico que quiere subordinar a los más de tres millones de santafesinas y santafesinos a la suerte individual de Tognoli y a quién es el mayor responsable entre gobiernos socialistas y peronistas que administraron la provincia durante casi un cuarto de siglo.

 En las escuelas las chicas de doce o trece años ya no sueñan con ser botineras. Ahora quieren ser narqueras…-cuenta la maestra Mabel Ríos como ejemplo existencial concreto de lo que sucede en el barrio con la naturalización del narcotráfico como herramienta económica pero también como identidad individual y colectiva.

Y agrega: “Un chico dibuja una imagen del barrio. En un costado, un
chico triste con una pelota. Está solo. Del otro lado, un grupito de
pibes contentos, con una gran sonrisa, disparan al cielo. Son los que
venden merca”, describe Mabel.
Esa es la realidad que hoy parece ser olvidada por los funcionarios
nacionales y provinciales, la cotidiana presencia del narcotráfico
consumiéndose la vida de las pibas y los pibes en las principales
ciudades de la provincia.
Por un lado, millones y millones de dólares que van a parar a pocas
manos; por el otro, centenares de chicas y chicos que hoy ya no están,
sangre joven derramada y hoy silenciada detrás de los números oficiales
que multiplican las muertes detrás de la escasa y cómplice frase de
“ajustes de cuentas”.
Es clara la responsabilidad del gobierno socialista en la selección
de sus jefes, como también es notoria la construcción de los nichos
corruptos dentro de La Santafesina SA del justicialismo a lo largo de
sus veinticuatro años de gobierno. La serpiente apareció con la
administración Bonfatti pero el huevo de la serpiente se fue alimentando y desarrollando con los restos del partido fundado por el Viejo
General.
Las últimas cifras oficiales dicen que hasta mediados de octubre se
llevan secuestrados más de 440 kilogramos de cocaína, dos mil veces más
que en 1988. Un fenomenal negocio económico que entraña no solamente la
participación de narcopolicías y funcionarios del poder ejecutivo, sino
también de miradas intencionalmente ciegas de parte del poder
legislativo, del judicial y también del ejecutivo nacional.
Mientras tanto, en los barrios, los pibes olvidan la pelota, se
divierten disparando al cielo y las chicas quieren enganchar a un narco
como sinónimo de progreso personal y social.
La suerte individual de Tognoli no explicará la triste historia de
resignaciones de los partidos mayoritarios, no solamente en Santa Fe, sino en toda la Argentina.

octubre 31, 2012

Por la Fragata Libertad, por los Derechos Humanos y por la soberanía nacional



Al comenzar la conferencia de prensa, Pérez Esquivel manifestó: “Están aquí Alejandro Olmos Gaona; Nora Cortiñas, de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; el Diputado Fabián Rogel; y Beverly Keene, de Diálogo 2000/Jubileo Sur.
La convocatoria de esta conferencia de prensa tiene que ver con algo que nos afecta a todos los argentinos, que es el secuestro de la Fragata Libertad en Ghana. Junto a otras organizaciones hemos analizado de qué
forma podemos ayudar de forma concreta a recuperarla. Una de las iniciativas que, entre otras, hemos tomado es la de enviarle una carta al Presidente de Ghana y otra a nuestra Presidenta”.

“Lo que hacemos con estas cartas es reclamar la pronta liberación de la Fragata Libertad, que es un buque-escuela argentino retenido en Ghana desde el 2 de octubre por el presidente Richard Adjei Frimpong”, agregó el Premio
Nóbel de la Paz.

Pérez Esquivel además leyó algunos fragmentos de la carta enviada al Presidente de Ghana:

“La Fragata Libertad estaba realizando un viaje de instrucción, fraternidad y unidad en el fortalecimiento de la Paz entre los pueblos; no es una nave beligerante. Fue retenida por orden del juez que hizo lugar al reclamo de un fondo
de inversiones probadamente inescrupuloso, que pervierte la noción de justicia y daña la relación entre los Estados y los pueblos”.

“Los reclamos de deuda caída que NML Capital (el grupo que solicitó la retención de la Fragata en el puerto ghanés) ahora busca hacer valer en los tribunales de Ghana, son reclamos ilegítimos. Reconocerles validez es atender la
demanda de quienes quieren beneficiarse con la deuda externa generada durante la dictadura cívico-militar, impuesta en la Argentina desde el año 1976 hasta 1983: Una dictadura que provocó un alto costo en vidas,
con secuestros, asesinatos, cárceles, exilios, torturas y la desaparición de personas. Son 30 mil personas aún secuestradas y desaparecidas incluyendo bebés y niños cuyas madres fueron asesinadas en los campos de cautiverio”.

“Somos sobrevivientes
del terrorismo de Estado aplicado por esa dictadura cívico-militar,
cuyos crímenes de lesa humanidad además incluyeron la generación de una
deuda externa que se transformó en la ‘deuda eterna’: Impagable, inmoral e injusta, manchada con la sangre del pueblo y bajo cuyo imperio los
gobernantes posteriores aceptaron las políticas de ajuste estructural,
desregulación, liberalización y privatización que llevaron a la pobreza a gran parte de nuestra población”.

“Esa misma deuda fue
declarada fraudulenta y arbitraria por la Justicia Federal de Argentina
en julio de 2000, y sobre ella pesa en tribunales federales, el pedido
de nulidad absoluta pendiente. Todo el proceso de endeudamiento
sucesivo, incluyendo la emisión de los Bonos Globales en 1994 que fueron comprados en el 2000 por NML Capital Ldt., con la expresa intención de
especular con la desgracia de un pueblo entero, sigue bajo investigación judicial en distintas causas en Argentina”.

Alejandro Olmos Gaona, por su parte, dijo: “En la carta que hemos decidido enviarle a la
Presidenta de la Argentina, le explicamos que el secuestro de la Fragata es consecuencia de los graves errores cometidos en todos los procesos
de restitución de la democracia, porque el tribunal de Ghana ha
rechazado el pedido de inmunidad de la Argentina debido a que nuestro
país, desde 1976, pero especialmente desde 1983, renunció a la inmunidad soberana en todas las emisiones de títulos de la deuda, a partir del
Plan Brady fundamentalmente. Nuestro país se sometió a la legislación de los Estados Unidos y de Inglaterra, se sometió a lo que los jueces
interpretaran de esta legislación y renunció en forma irrevocable a toda defensa que pudiera darle su derecho interno y el derecho
internacional, presente o futuro”.

Tras la conferencia de prensa, Héctor Carrica aseguró: “Vinimos a respaldar y a ser parte de
una acción del SERPAJ y de la Asociación Madres de Plaza de Mayo Línea
Fundadora, así como de otros organismos de Derechos Humanos, por la
situación generada por los fondos buitres con la captura de la Fragata
Libertad. Se han redactado dos cartas, una dirigida al Presidente de
Ghana, y la otra a la Presidenta de la Argentina, en las que se
fundamenta que el tema del reclamo de los fondos buitre tiene que ver
con la deuda ilegal, ilegítima e inmoral que tiene el pueblo argentino
con los sectores económicos dueños del dinero. Esta acción, de alguna
manera, le reclama a la Presidenta de que realice todas las acciones que correspondan para que los acuerdos que hizo Menem con el poder,
cediendo la soberanía nacional y renunciando a todos los derechos que
tenemos como Nación en cuanto al patrimonio nacional y a los recursos
naturales, queden sin efecto”.

“Nosotros, desde ATE,
creemos que los trabajadores del Estado tienen un rol importante en la
defensa de la soberanía, por lo que necesitamos que los conceptos y
criterios que se desarrollaron hoy, lleguen a ellos. Estamos orgullosos
de participar de esta nueva acción por los Derechos Humanos y la
soberanía nacional que plantea el SERPAJ”, cerró el dirigente de ATE.

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octubre 25, 2012

NO A LA LEY EMPRESARIA DE ART


Para resumir sintetizamos algunos de los puntos más importantes del proyecto de ley:
- No resuelve la problemática de fondo, es decir la prevención de los riesgos del trabajo, sino simplemente actualiza los montos a cobrar.
- Con la excusa de la “industria del juicio” y la búsqueda de la baja de la litigiosidad termina con la “doble vía”, es decir, con la posibilidad que tiene el trabajador de cobrar el seguro y luego ir a la Justicia si considera que el monto es insuficiente, lo cual es un derecho constitucional. Este proyecto ve en la vía judicial un afán de lucro del trabajador, en lugar de entender que esto es producto de la búsqueda de justicia.
- En línea con la Ley de Riesgos del Trabajo del menemismo, desliga aún más a los empresarios y al Estado de la responsabilidad que tienen sobre las condiciones de seguridad de los trabajadores.
- No actualiza el universo de enfermedades laborales, con lo cual parte de una injusticia porque muchas enfermedades que existen actualmente en las distintas actividades no son contempladas.
- Este proyecto establece que la víctima es el victimario. Busca bajar la litigiosidad cercenando derechos al trabajador, en vez de aumentar las condiciones de seguridad. Quita la posibilidad a un trabajador de dirigirse a un tribunal para que haga una evaluación más integral del caso del damnificado y de esta forma una mayor comprensión incluso de las problemáticas de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales.
- El proyecto contradice el principio “in dubio pro operario” en el derecho laboral, el cual establece que el Derecho Laboral parte de una desigualdad, por lo que trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, a diferencia del principio de igualdad del Derecho Civil.
- Si se aprueba la “Ley De Mendiguren” el trabajador deberá recurrir a la Justicia Civil, o sea que se le quita el beneficio de la duda que el trabajador tiene por ser la parte más débil en cualquier litigio. Se eliminan así los principios protectorios que rigen en la Justicia del Trabajo. Ello sin perjuicio de la evidente inconstitucionalidad de la norma, pues no existe la menor duda que el juez natural, en casos de accidentes de trabajo, es el juez laboral.
- Este proyecto está hecho a imagen y semejanza de la aspiración patronal, y olvida que los derechos laborales son derechos humanos.

“Ley corta” de vista
Este proyecto ve en la vía judicial un afán de lucro del trabajador,
en lugar de entender que esto es producto de la búsqueda de justicia.
A la reforma parcial de la Ley de Riesgos del Trabajo (LRT) la Presidenta de la Nación la definió en términos de jerga judicial una “ley corta”, insinuando que no comprende enteramente la problemática de los accidentes de trabajo. Ley corta porque solo intenta regular las indemnizaciones. Imaginemos el sentido de una Ley que versa por las indemnizaciones y es aplaudida de pie por empresarios y por sindicalistas entregadores. Aplaudían un objetivo común: bajar la cantidad de juicios y desligar de responsabilidad a la parte empresaria sobre las condiciones de seguridad. El proyecto apunta a eso en tres claves: indemnizaciones más altas (con 20% para cubrir daños adicionales), un plazo más corto para cobrarlas y la actualización semestral del monto; todo a cargo de la ART, como en el espíritu original del sistema de seguros que en pleno menemismo se creó para eximir a los empresarios de su responsabilidad con la sola contratación de un seguro.
El sistema de ART nace entre 1995 y 1996 con la complicidad y entrega de gran parte de la dirigencia gremial. En el discurso de la Presidenta del día 19 de septiembre, anunciando el envío del proyecto de ley al Congreso de la Nación, claramente se dijo que la iniciativa contaba con el consenso de los sectores empresarios y sindicales, aunque entre los presentes solo se encontraban sindicalistas que habían sido cómplices de la entrega en los 90 y de los denominados “oficialistas”, que suelen anteponer los acuerdos políticos a los intereses de sus representados. A muy poco tiempo de crearse la CGT Balcarce, es la primera señal de que esta es conducida por los Gordos de la CGT menemista que cuentan con la mayor estructura económica y la relación más aceitada con el gobierno. En 1994, esa CGT firma con el gobierno de Carlos Menem y los empresarios, el “Acuerdo Marco para el Empleo, la Productividad y la Equidad Social”, que le dio sustento ideológico al proceso de flexibilidad laboral y de despojo a los trabajadores. Pero esa reminiscencia no solo obedece a que en la foto aparecen los mismos dirigentes sindicales, sino fundamentalmente, por el sesgo que tiene la reforma hoy propuesta.
El apoyo incondicional de los sectores patronales y de las ART, y el silencio cómplice de la dirigencia sindical que habría “consensuado” la reforma, nos indica con total claridad quiénes son los ganadores y quiénes los perdedores. Punto aparte merece la posición de la CTA oficialista que mediante un comunicado rechaza la invitación de asistir a la cámara de diputados e intenta una crítica tibia y amarilla del proyecto en cuestión. El comunicado expresa “por considerar que el objeto de tal comparecencia ha devenido abstracto, en la medida que el proyecto de referencia posee un grado muy avanzado de tratamiento legislativo, contando con la aprobación del Senado e incluso con despachos ya emitidos en el seno de esta Honorable Comisión”. Lo que no menciona es que esa central como la CGT Balcarce apoyó dicho proyecto de ley mediante la firma del dictamen de mayoría de sus Diputados Nacionales.

Escribió el periodista Mario Wainfeld en Página/12 en septiembre último, tras el anuncio del proyecto oficial: “Tal como se presenta, la ley es un paso atrás en la normativa laboral usualmente progresiva del kirchnerismo. La cuestión a abordar es el desamparo tendencial de los laburantes frente a los incumplimientos patronales que son el origen principal de los daños o, por la parte baja, uno de los principales. Las incapacidades no son de ordinario, consecuencia de la fatalidad: son las marcas en el cuerpo de la explotación, demasiado a menudo. La siniestralidad es alta porque se vulneran las reglas imperantes, que para colmo son demasiado laxas. Si hubiera menos accidentes y menos enfermedades la litigiosidad disminuiría proporcionalmente y se arrimaría el bochín a algo parecido a la equidad. Nunca la hay porque la relación de trabajo, como todo contrato, es una puja de intereses, inherentemente conflictiva. En ésta, hay una parte más poderosa y la siempre incompleta procura del derecho laboral es compensar esa asimetría”. Solo para mencionar un punto que no aborda el proyecto de Ley, vale decir que el universo de enfermedades laborales que reconoce es muy restrictivo en sus daños, y solo el evitar mencionar esto, genera que el trabajador tenga como única opción recurrir a la justicia para que su caso pueda ser contemplado en su particularidad. Deja afuera no solamente la prevención del accidente y la enfermedad, sino también la posibilidad del laburante de acceder a justicia real por el daño que sufre.
La lógica que se defiende con la nueva ley, es que más plata ofrecida retrae al trabajador de ir a los Tribunales (evitando y prohibiendo así la llamada “doble vía”). O se acepta o se va a la justicia, anulándoles a los trabajadores una garantía constitucional de apelar a la vía judicial si lo cree necesario. La Ley está hecha a imagen y semejanza de la aspiración patronal.
¿Ruptura o continuidad?
Acá hay un salto muy largo. El gobierno tiene un discurso de ruptura con las políticas neoliberales de los años ’90. De allí la preocupación por este proyecto de ley que reforma la ley de ART, contradictorio con el “sentido progresista” tan mentado en el relato de gobierno. Veamos qué está en juego.
La discusión de un nuevo régimen para los accidentes laborales empezó hace años con la misma promulgación de la Ley 24.557 en 1996, es decir, en plena década menemista. Una ley que fue declarada inconstitucional en su artículo 39, que establecía que el trabajador no podía ir a un tribunal una vez cobrada la indemnización de la compañía aseguradora, para no permitir que emprenda acciones legales que busque resarcir sus derechos en busca de justicia.
Héctor Verón, ex Superintendente de Riesgos del Trabajo y funcionario del ministro de Trabajo Carlos Tomada hasta el 2008, dio en la tecla del por qué de esta situación cuando dijo en el diario El Cronista del 26 de marzo del 2006: “el artículo 39 fue siempre anticonstitucional y por eso se discutió tanto cuando se trató la ley en su momento, así que ahora sería inútil sacar una norma que diga lo mismo. No se le puede prohibir a nadie que vaya a la Justicia ante un siniestro”. Y continuó: “Después del carnaval liberal de los ’90, los empresarios se tienen que dar cuenta de que no pueden presionar para sacar una ley que va a ser anticonstitucional desde el principio”. También opinó que si la nueva norma toma ambas opciones como excluyentes, su constitucionalidad será cuestionada tal como ocurrió. Ésta era la línea del Ministerio hace tan solo unos años. Ésta es la situación en la que este proyecto de Ley va a volver a recaer. En el medio está claro que la Unión Industrial Argentina (UIA) ha obtenido ese grado de ilegalidad conseguido en los ’90 y que les permite no sólo ganar tiempo, sino también que muchos trabajadores se desalienten en la búsqueda de justicia y resignen sus garantías constitucionales.

En este último tiempo se han escuchado argumentos como que el actual es un mal escenario porque da lugar a que el trabajador cobre lo que paga la ART y después vaya siempre a la Justicia, estimulando las aventuras judiciales y la “industria del juicio”. En realidad el problema es que las Aseguradoras no gastan lo que corresponden en las indemnizaciones y que en el peor de los casos no se busca evitar la cuestión dineraria, a través de normas preventivas que garanticen las condiciones de seguridad. En ese sentido habría que recordar que el problema principal con los accidentes de trabajo no es ni el monto de la indemnizaciones, ni la cantidad de juicios llevados a cabo; sino justamente el incentivo a la prevención de los accidentes de trabajo. El mismo ministro Tomada decía hace poco tiempo que “La Ley de Riesgos del Trabajo debe estar orientada a la prevención de los accidentes”. Para decirlo claramente, los empresarios deben invertir para que los lugares de trabajo sean seguros.
No se comprende qué es lo que llevó a tener este brusco cambio de rumbo de la noche a la mañana. Este proyecto de ley tiene el mismo espíritu mercantilista que las reformas llevadas a cabo en materia laboral en todos los años ’90 . No busca aumentar la prevención sino que está hecha a medida de los empresarios para evitarles responsabilidad. Ese fue el espíritu con que en el año 1996 Menem y Cavallo impulsaron la ley 24.557, con la cual a través de las aseguradoras, las empresas se deslindaban de las responsabilidades de las condiciones de seguridad con la sola contratación de un seguro. Este proyecto ve en la vía judicial un afán de lucro del trabajador, en lugar de entender que esto es producto de la búsqueda de justicia. Por eso busca la eliminación de la doble vía mediante el solo ofrecimiento de la indemnización de la ART, con el agravante de que todos sabemos lo que implica para el trabajador la urgencia del dinero, aún a pesar de resignar lo justo frente a lo urgente. Por eso es que no hay forma de creer que esto puede beneficiar a los trabajadores, porque no busca la prevención de los accidentes de trabajo, sino generarle a los empresarios condiciones más beneficiosas en términos judiciales, para poder tener mayor margen de lucro teniendo como variable de ajuste a la salud de los trabajadores.

La forma de bajar la litigiosidad es aumentando las condiciones de seguridad, no quitándole la posibilidad a un trabajador de dirigirse a un tribunal que permite una evaluación más integral del caso del damnificado y de esta forma una mayor comprensión incluso de las problemáticas de los accidentes laborales y las enfermedades profesionales. Por esto es que desde el fallo de la Corte Suprema, la CGT promueve la conformación de comités de Seguridad e Higiene adentro de las empresas conformados por los delegados. Mayores atribuciones a los trabajadores es el camino hacia la baja de la litigiosidad y no quitarles a éstos herramientas de protección contempladas en nuestra Carta Magna, como si la víctima fuese el victimario. En lugar de ver la problemática en la falta de respuesta del Estado y de los empresarios a la hora de responsabilizarse por los accidentes de trabajo, se culpa al trabajador de haberse accidentado. Cualquier Ley de Riesgos de Trabajo debe poner el acento en la prevención primero y en la reparación integral del daño en segundo término, y no en proteger el interés del empresario sobre la salud de los trabajadores. Además, para reforzar la presión sobre las víctimas para que no salgan del sistema, se las amenaza con el hecho de tener que recurrir a la Justicia Civil, o sea que se le quita el beneficio de la duda que el trabajador tiene por ser la parte más débil en cualquier litigio. Por otra parte, las indemnizaciones que se establecen en el fuero civil son notoriamente inferiores a las que se fijan en sede laboral, y se eliminan del procedimiento los principios protectorios que rigen en la Justicia del Trabajo.Empresarios y ART agradecidos. Ello sin perjuicio de la evidente inconstitucionalidad de la norma, pues no existe la menor duda que el juez natural, en casos de accidentes de trabajo, es el juez laboral.

Es importante destacar qué significa el principio “in dubio pro operario” en el derecho laboral que es el que debe regir en toda ley que intente versar sobre el trabajo. Éste dice que el Derecho Laboral parte de una desigualdad, por lo que trata de proteger a una de las partes del contrato de trabajo para equipararla con la otra, a diferencia del principio de igualdad del Derecho Civil. Este proyecto tiene el espíritu contrario. Pese a que seguramente se convertirá en ley, está claramente armado desde la parte empresaria, que incluso se encarga de aclarar que las ART también deben abonar el proporcional de las costas del juicio en el fuero civil; pero en ningún momento hacen alguna aclaración que intente proteger al trabajador. La causa de la litigiosidad es la laxitud de las normas que evitan mayores condiciones de seguridad y no la intención del trabajador de accidentarse. Por eso este proyecto es flexibilizador e inconstitucional . Pero la prueba más contundente de que este proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional hace de la protección del victimario es que saca del fuero laboral la posibilidad del trabajador de considerar insuficiente la indemnización de la ART, llevándolo al fuero civil e incluso dictando recomendaciones procesales a las distintas jurisdicciones.
Se habló mucho de profundizar el proyecto y para esto no hay que sancionar una ley de este tipo para cuidar los intereses de los empresarios, sino afectar esos intereses para mejorar la calidad de vida de los trabajadores. Si bien no se avanzó todo lo que los trabajadores necesitan en materia de legislación laboral, hasta el momento nunca se había ido en contra de sus intereses, lo cual marca un precedente. En este sentido, antes que sancionar la “Ley De Mendiguren”, habría que regular la tercerización para evitar la precarización laboral y que se continúe con una herramienta de explotación establecida por la última dictadura cívico-militar. No hace falta más que voluntad política para solucionar la problemática de la precarización y acabar con esta injusticia, porque son los trabajadores que menos posibilidades tienen y los que desempeñan sus tareas con la mayor vulnerabilidad que existe.
Quórum
El quórum es parte de la vida parlamentaria y ha sido utilizado como herramienta política en distintos momentos de nuestra historia. Tanto oficialistas como opositores, se han valido de este instrumento para evitar que se traten proyectos con los cuales no se estaba de acuerdo. Incluso la Presidenta siempre cita el ejemplo de que ella, a pesar de pertenecer al bloque justicialista durante el menemismo, se opuso a la flexibilización laboral de Erman González, mientras varios sindicalistas (hoy oficialistas que integran la CGT Balcarce) la llamaban para que diera quórum. Sorprende, pues, que legisladores de extracción obrera no imiten este ejemplo y con su presencia avalen la “Ley De Mendiguren” . Ningún legislador, sea del bloque que sea, que diga defender los derechos de los trabajadores, puede votar este proyecto. Por ello llaman la atención algunas posiciones de representantes sindicales con respecto al proyecto de ley de ART. Porque nos encontramos con que quienes avalaron el sistema de ART ideado por Cavallo durante el neoliberalismo del cual fueron cómplices, hoy son los mismos que apoyan este proyecto impulsado por el Ejecutivo Nacional. No es casualidad que sean éstos mismos dirigentes quienes llamaban a Cristina Fernández de Kirchner en 1998 para que diera quórum y se pueda aprobar la reforma laboral que afectó profundamente a nuestro país. Por lo tanto, ninguna Central Obrera, sea oficialista u opositora, puede defender este proyecto de la UIA. Si lo hacen, la historia los juzgará.
Se acuerdan de las PYMES cuando les conviene…
Los argumentos del oficialismo que defienden esta ley son los de la UIA. Hablan de las PYMES que pueden ir a la quiebra por juicios laborales, claro que cuidándose de no mencionar un solo ejemplo de esto, pero incentivando el fantasma para justificar la quita de derechos a los trabajadores. Esos argumentos han sido los que han estado en su boca desde la inconstitucionalidad del artículo 39 de la Ley de ART. Este debate no comenzó en 2004 sino en los ’90, cuando mediante la Ley se intentó impedir el derecho a reclamar lo que le corresponde a cada trabajador. Como si la vida en juego de los trabajadores fuese una variable de ajuste. De nuevo, como en la ley ideada por Cavallo, se intenta un artilugio leguleyo para impedir una garantía constitucional y es por eso que este proyecto sólo pudo ser concebido por quien ve al trabajador como un enemigo y no como un aliado en función del desarrollo nacional. Esta iniciativa parlamentaria no va a impedir la litigiosidad, sino que nuevamente nos va a llevar a la presentación de apelación, que después de varios años volverán a la Corte Suprema para declarar la inconstitucionalidad de algo en lo que el máximo tribunal ya se ha expedido en el 2004. Los únicos perjudicados con esta argucia van a ser los trabajadores, que han sido víctimas de accidentes de trabajo a los que el Estado, la Cámara de Senadores y todos los Diputados que aprueben este proyecto estarán castigando.

Como ha declarado la Asociación de Abogados Laboralistas: “La LRT no admite parches, debe ser íntegramente reformulada, eliminando a los operadores que lucran con el sistema y haciéndolo girar sobre el único eje posible: lograr que la clase trabajadora deje de pagar ese ‘impuesto de sangre’ que le impone el ordenamiento social y económico en el que viven, que hace que cada quince segundos, mueran más de cuatro trabajadores en el mundo, por causa de siniestros laborales”.
Por ello, vale recordar que los derechos laborales son derechos humanos, y que es una grave contradicción ideológica alegar que se defienden los derechos civiles y políticos, pero se retrocede cuando se trata de derechos sociales, ya que los derechos humanos son indivisibles e interdependientes.

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