09/11/2012

URUGUAY: La COFE realizó, con expertos, un debate sobre la reforma del Estado

Con la participación del periodista Miguel Nogueira como moderador, el primer panelista fue Conrado Ramos, ex subdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, investigador y profesor en el área de Reforma del Estado y Políticas Públicas de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República. Ramos destacó la apertura de este debate que demuestra que COFE y el PIT-CNT dan “señales de madurez política mayores que el gobierno”. Sobre el proyecto dijo que Uruguay es el segundo país de América con el estatuto del funcionario público más antiguo, detrás de Brasil, y agregó que es un producto muy importante que debe “ser agiornado” pero en forma consensuada, con la participación de “la sociedad civil”. El Parlamento, según dijo, “lo tiene que debatir de una forma muy madura” porque se trata de una norma para los próximos 30 o 40 años y “no hay jerarcas de gobierno que estén explicando el alcance”.

Sobre la reformulación escalafonaria de la estructura del Registro Civil, explicó que le preocupa que se trate “del mismo perro con distinto collar”, porque la estructura tiene apenas “alguna leve modificación”. En este sentido, planteó que no está claro “qué se entiende por ocupaciones”, en tanto debería especificarse si se trata de “lo que estudié o lo que hago”. Explicó que la tendencia moderna es definir una ocupación en relación a la tarea: así, por ejemplo, “un especialista en compras” puede ser un contador, un economista “o no tener título y sí las competencias reconocidas” para desempeñarse en ese cargo, tal como reivindica COFE. Es un definición fundamental que “debe estar contenida en el estatuto”, agregó y luego dijo que la exigencia del cumplimiento de las ocho horas es “un anacronismo”, un método “neotayloriano”, porque “el mundo tiende a controlar por producto”. Si bien “hay lugares donde hay atención al público” y debe cumplirse un horario, “en otros lados” no es así, agregó. Ramos concluyó que esta ley debe replantear “el pacto entre políticos y burócratas”, que está “desvirtuado” en Uruguay, por lo cual “los burócratas desconfían de los políticos y los partidos desconfían de la burocracia, entonces generan sus propias burocracias paralelas”.

El fantasma de Aparicio

El doctor Carlos Delpiazzo, director del Instituto Uruguay de Derecho Administrativo de la Universidad de la República y ex ministro de Salud Pública durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle, explicó que el Poder Ejecutivo también envió un proyecto de ley con normas que regulan a los trabajadores públicos que no son de la administración central y “los llaman trabajadores del Estado”. Delpiazzo dijo que se inclina a pensar que “son trabajadores del gobierno que van a entrar y salir” con cada administración. Cuestionó del proyecto de estatuto el concepto de funcionario público, así como el régimen de la carrera administrativa, y cree que hay un “debilitamiento de las garantías” de los funcionarios. Dijo que el período de prueba se extiende de manera insólita durante 18 meses, lo que quiere decir que “cuando se gana un concurso” no se es efectivo sino hasta la designación en un cargo, e informó que el único que sostuvo esta doctrina y la aplicó cuando fue gobernante de facto fue el doctor Aparicio Méndez, que escribió que “los funcionarios públicos son los titulares de cargos y los demás son empleados”. Delpiazzo cree que este estatuto “se encamina a la precarización de la función pública”. Mientras finalizaba este concepto, el audio de la actividad se cortó. Cuando volvió a funcionar, Delpiazzo comentó que lo que estaba diciendo “no era tan opositor como para que me apagaran el parlante”. Nogueira, el moderador, bromeó: “Es el fantasma de Aparicio”.

Delpiazzo dijo que la tendencia a la precarización comenzó en 2002 con el régimen de los contratos a término y se fue agudizando con los contratos laborales precarios. Esa tendencia “es contraria a la Constitución, a la legislación tradicional, a la doctrina histórica -con excepción de Méndez- y a la jurisprudencia”, sentenció.

El temita del Estado

Por su parte, el abogado Mario Pomatta, integrante de la Sala Jurídica del PIT-CNT y asesor de varios sindicatos, cuestionó la definición de funcionario público contenida en el proyecto y dijo que éste constituye un “retroceso desde el punto de vista ideológico y político” porque está inspirado en una “filosofía neoconservadora”. Los trabajadores públicos “han visto reguladas sus condiciones de trabajo sin negociación colectiva desde 2005” y lamentó como votante del Frente Amplio que “el gobierno no haya estado a la altura de las circunstancias en cuanto al compromiso que contrajo con los trabajadores” públicos. Relató que este hecho llevó a presentar una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo. Pomatta opinó “con dolor” que se perdieron “muchos meses en debatir” este “estatuto” que ahora “el legislador tiene la tarea de sepultar”.

Finalizó la oratoria el presidente de COFE, Pablo Cabrera. Dijo que se quería llegar a esta jornada con “la visión académica” y la del sindicato, e “invitar a los políticos porque ahora empieza el debate en el Parlamento”. Para Cabrera la discusión “debe ser de interés social”, porque “la gente tiene que saber lo que se quiere hacer con el Estado”, y agregó que “se comienza por la administración central porque ahí está el aparato inspectivo del Estado, el control que tiene el Estado sobre la sociedad”. Cuestionó que el proyecto no tiene “contenidos sobre igualdad de género” y si es un estatuto para los próximos 30 años debe “incorporar la situación de la mujer más profundamente”. En definitiva, la discusión está abierta, concluyó Cabrera, y la presencia de algunos legisladores en el auditorio parecía darle la razón.

Uno de ellos, el diputado socialista Yerú Pardiñas, explicó que la bancada de gobierno conformó un grupo de trabajo integrado por todos los sectores, que empezó a trabajar con el anteproyecto. En este grupo “hay una serie de temas que ya se ha planteado que se necesita ajustar”, dijo Pardiñas. El legislador informó que los diputados ya tienen el repartido del proyecto, pero no está claro en qué comisión de la cámara será tratado.

La Diaria

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