28/04/2016

Un nuevo plan de ajuste fiscal amenaza a los estatales

Bajo la propuesta de un plan de
renegociación de deudas para los estados, los municipios y el Distrito Federal,
el Congreso de Brasil discute un programa de ajuste fiscal que recorta
drásticamente los derechos de los
trabajadores del Estado y establece fuertes restricciones al gasto público. Se
trata del Proyecto de Ley Complementaria conocido como “PLP 257/16”. Esta
iniciativa modifica la Ley de Responsabilidad Fiscal e impone una serie de exigencias
para la refinanciación de la deuda pública.

 

Desde la Confederación de Servidores
Públicos de Brasil (CSPB) vienen resistiendo este proyecto y reclaman que sea
retirado del parlamento. El lunes 25 de abril, en una Audiencia Pública
realizada en la Asamblea Legislativa de Santa Catarina, en Florianópolis, el Presidente
de la CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, manifestó que el rechazo al
proyecto no es una cuestión corporativa de los servidores públicos sino que se
trata de un problema que afecta a toda la ciudadanía. En el mismo sentido
agregó: “Vamos a repetir la misma estrategia que mantuvimos contra el Proyecto
de Ley de Tercerización (PLP 30), con audiencias públicas en todo el país. La posición
de la CSPB es de mucha responsabilidad, las propuestas fueron analizadas con atención.
Pero acá no hay otro camino que la retirada del proyecto. Tenemos que avanzar
en la reestructuración de la deuda de los estados, pero a partir de la premisa
de que se trata de una deuda ilegal, que no existe, porque la deuda se ha
pagado tres veces y este proyecto no la resuelve, empuja el problema para más adelante”.

 

Para lograr el apoyo de los
gobernadores y sus legisladores, la PLP 257 ofrece una ampliación de los plazos
de refinanciación de deudas 360 meses y hasta un 40% de reducción en los gastos
financieros. Pero para adherir al este programa los estados y municipios
deberán, en un plazo de 180 días, sancionar leyes que impliquen la adopción de
medidas como: reducción del 10% del gasto público, suspensión de aumentos a
servidores públicos, suspensión de contratación ó incorporación de nuevo
personal a la planta del Estado, suspensión de incentivos, subsidios o
exenciones financiera o tributarias y aumento de las contribuciones a la
seguridad social de los trabajadores del Estado, entre otros requisitos.

 

En nombre de la responsabilidad
fiscal también se exige a los entes públicos estaduales y municipales reformar
el régimen jurídico que reglamenta el empleo estatal para evitar cualquier
beneficio por encima de lo establecido a nivel federal. Los estados deberán,
además, limitar los aumentos presupuestarios anuales al 80% del crecimiento
nominal de los ingresos corrientes netos del año anterior.

 

Asimismo, y en un claro impulso de
las privatizaciones, los estados, el Distrito Federal y los municipios, deberán
transferir a la Unión todos sus derechos y participaciones accionarias en
empresas comerciales. De este modo, el Estado Federal se convertirá en un
agente que impulsara la privatización de empresas estatales en áreas como
saneamiento, transporte, gas, tecnología de la información, puertos y suministro
de energía, entre otras.

 

El PLC 257-16 está previsto para
implementarse en tres etapas, cada una de las cuales implica un ajuste
progresivo y más profundo si en la etapa anterior no se alcanzaron las metas de
superávit fiscal. A la suspensión de creación de nuevos empleos en el sector
público y de aumentos por encima del Índice de Precios al Consumidor Ampliado
(IPCA) que establece la primera etapa, la segunda etapa incorpora la suspensión
de aumentos nominales de los salarios del sector público y, la tercera etapa, la
suspensión del aumento al salario mínimo, la reducción del 30% del gasto en
indemnizaciones y beneficios eventuales y la ejecución de programas de retiro
voluntario y jubilación anticipada.

 

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