27/01/2017

Trabajadores rechazan el intento de eliminar la feria judicial

En una extensa carta, el titular de la FJA, organización
que integra la CLATE, brinda un informe acerca de las últimas medidas adoptadas
por el Gobierno macrista contra los trabajadores y enmarca la decisión de
debatir acerca del período de receso laboral del sector judicial en “una clara
visión político-empresarial que representa y defiende concretos intereses de
clase”.

 

“El gobierno de Mauricio Macri ha venido adoptando
políticas que así lo demuestran, como la eliminación de retenciones al agro y
la mega minería, aumento de tarifas, devaluación, entre las más notables”, dice
Blasco.

 

Y continúa: “Paralelamente se ha dado a la tarea de
descalificar sistemáticamente a las y los trabajadores. De arranque tratando de
“ñoquis” a los estatales que despidió el Estado en todos sus niveles o
siguiendo con la vieja práctica de presionar a la baja los aumentos salariales
discutidos en paritarias tratando de hacer cargo a las y los trabajadores de la
inflación que generan sus empresas amigas.

 

“Otros capítulos fueron el veto presidencial a la Ley
Anti-despidos y el tratamiento de la ley sobre Impuesto al salario (ganancias).
En los últimos tiempos mediante un Decreto de Necesidad Urgencia (DNU) se
modificó la ley de ART respondiendo a las aseguradoras sedientas de
mayores ganancias a expensas de la salud y de los derechos económicos de las y
los trabajadores.

 

“Capítulo aparte merece el avance que pretende el
Gobierno sobre la negociación colectiva eliminando o reduciendo derechos de los
trabajadores traducido en las modificaciones de los convenios colectivos de
trabajo de petroleros, capitanes de ultramar y otros que se están discutiendo.

 

“La excusa de Macri y los suyos es incentivar el
empleo, sobre todo joven. Y para ello recurren a viejas fórmulas ya ensayadas y
fracasadas consistentes en proyectos legislativos que contemplan la
precarización y la flexibilización laboral con sueldos miserables.

Dentro de ese paquete de medidas se incluye la ley
aprobada en 2016 que plantea graves modificaciones a los regímenes
previsionales provinciales y que ya ha comenzado a aplicarse en varias
provincias con gobiernos de diferentes colores político-partidarios.

 

“También debemos denunciar la política del Ministerio
de Trabajo de la Nación de avasallar la autonomía sindical con la complicidad
de gobiernos provinciales como ocurre con el Sindicato judicial de Mendoza. La
consigna es: “o te subordinás o sufrirás las consecuencias”. Otro tanto ocurre
con los sindicatos judiciales santacruceño y fueguino a los que no les entregan
la Certificación de cargos.

 

“Muchas de estas políticas, algunas ya consumadas,
contaron con la complacencia o el guiño de connotados dirigentes sindicales
nacionales más preocupados en defender sus privilegios que los derechos de
quienes dicen representar a la espera de poder “cerrar” algún negociado. Esta
película ya la vimos.

 

“Siguiendo el argumento del Gobierno las y los
trabajadores somos responsables de todos los males que aquejan al País.
Entonces hablan de baja productividad, de excesivos feriados, de jornadas
laborales cortas, de demasiadas vacaciones, de convenios que no contemplan el
avance tecnológico. En definitiva, “de poner palos en la rueda”. Además la
diputada Carrió fue clarita: “En este País nadie trabaja” refiriéndose al
cambio de fecha del feriado del 24 de marzo. Joyas”, resume Blasco en su
informe.

 

La feria judicial

 

Luego de desarrollar el contexto en el cual se
inscribe este intento de reformar el sistema judicial vigente en la Argentina,
Blasco explica cuáles son las intenciones del Gobierno actual.

 

“Vale recordar que la feria judicial es, sistemáticamente,
motivo de impugnación desde los sectores más conservadores y reaccionarios que
se amparan en la mala calidad de la Justicia para justificar sus ataques a un
derecho adquirido de las y los trabajadores judiciales presentándola como un
privilegio inaceptable.

 

“Este intento fue muy importante durante la década de
los 90 y aunque no desapareció nunca de la agenda de temas de la derecha más
recalcitrante relacionada a la justicia ahora ha vuelto de la mano del Ministro
de Justicia Germán Garavano como parte del paquete de reformas judiciales que
propone el Gobierno denominado “Justicia 2020”.

 

“Este funcionario es integrante de FORES,
institución creada al inicio de la última dictadura para asesorarla y ligado a
instituciones como el Banco Mundial y el Centro de Estudio de la Justicia de
las Américas (CEJA) impulsores de reformas neoliberales en el ámbito judicial.
Sin embargo hay que reconocer que el tiempo pasa, hay olvidos y pareciera ser
que siempre estamos empezando.

 

“La calidad de la Justicia no depende de la duración
de los períodos de receso que por otra parte tienen una explicación histórica y
valedera.

 

“Quienes impulsan la eliminación de la feria, que de
por sí es una ordenadora del trabajo judicial, ignoran o aceptan: que haya
insuficiencia de órganos judiciales, que las dotaciones de trabajadores sean
insuficientes, que muchas y muchos trabajadores trabajan más horas que las que
marca la jornada legal, que por ese trabajo no reciben compensación alguna (ni
dineraria ni horaria), que gran parte de los edificios judiciales son deplorables
y no resisten una inspección de Seguridad e Higiene, que las sentencias son
responsabilidad de los jueces como la investigación penal de los fiscales haya
o no feria, que los procesos se prolongan innecesariamente producto
principalmente de la combinación de la negligencia de los magistrados y las
habituales “chicanas” procesales de los abogados, que la Justicia no es
independiente de los poderes fácticos, que el Poder Judicial (tanto el nacional
como los provinciales) no han sido siquiera rozados por la democratización
constituyéndose en el único sector donde los trabajadores no disponen de
negociación colectiva, que el poder judicial sigue siendo coto de caza de los
políticos cuestión que queda palmariamente demostrada en los procesos de
designación de magistrados, que la “justicia” es elitista, verticalista,
machista, patriarcal y antidemocrática y lo padece el Pueblo en su conjunto”,
explica Blasco.

 

Finalmente, el titular de la FJA indica: “Por todo
ello, las y los trabajadores judiciales nucleados en la Federación Judicial
Argentina, rechazamos cualquier intento de los gobiernos nacional y
provinciales, de la Corte nacional y de las cortes y superiores tribunales de
justicia provinciales de modificar cualquier condición de trabajo en los
ámbitos judiciales sin debatirlo con los trabajadores y mucho menos impulsar
reformas que impliquen pérdida de derechos. Para que no queden dudas y
parafraseando a un ex presidente norteamericano: “Es la lucha de clases,
estúpido”.

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