14/10/2016

Suma rechazos la Junta de Control Fiscal

La llamada Coalición Sindical, que reúne a los gremios de Puerto Rico,
no reconoce a la llamada Junta de Control Fiscal y denuncia al Gobernador por
presentar un plan fiscal sin consulta previa con los sectores afectados.

 

“Ese plan fiscal no debe ser presentado ante la Junta, sino al pueblo
puertorriqueño. Por eso pedimos que, de manera inmediata, García Padilla haga
públicos todos los documentos y las gestiones que el gobierno lleva a cabo”,
declaró Federico Torres Montalvo, secretario general de la Coordinadora
Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE).

 

El dirigente dijo que es impropio que el primer ejecutivo tome acciones
sin antes consultar con los sectores afectados y que todas las gestiones y
documentos deben hacerse públicos en la página de Internet del gobierno.

 

“No queremos sorpresas. Los trabajadores y todo el pueblo puertorriqueño
merecemos que el gobernador sea transparente en sus acciones y que no presente escenarios
de acciones que puedan afectar al empleado público porque cada acción de
despidos o reducción de beneficios redundará en aumentar la crisis económica de
la isla”, resaltó Torres Montalvo.

 

Más rechazos

 

Por su parte, la dirigente Genoveva Valentín, de Servidores Públicos
Unidos (SPU), manifestó que el plan fiscal del Gobernador no debe contener
recomendaciones que impliquen despidos, reducción de jornada ni beneficios a
los trabajadores públicos y afirmó que “las diferentes leyes aprobadas, las ventanas
de retiro y otros mecanismos han reducido marcadamente la nómina gubernamental”.

 

También sumó su rechazo Pedro Irene, dirigente de la Central
Puertorriqueña de Trabajadores (CPT), quien expresó que “el gobernador debe ser
claro sobre los mensajes que lleva a la Junta de Control Fiscal, debe rendir
cuentas al pueblo, debe reunirse con todos los sectores de los trabajadores y
dejar clara su estrategia. Su deber no es ser cómplice de la Junta, sino
defender al pueblo puertorriqueño de una entidad que fue nombrada con la
intención de pagar a los bonistas no para mejorar la calidad de vida de nuestro
pueblo”.

 

A los distintos sectores gremiales se sumó la
Conferencia Episcopal Puertorriqueña, la cual reúne a todos los obispos
católicos de la isla. La Iglesia mostró su preocupación de que la “Junta
designada por el gobierno de Estados Unidos reduzca a Puerto Rico a ser un país
pobre, proveedor de materia prima y trabajo barato, en donde se niegue el
derecho al desarrollo integral”.

 

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