03/02/2016

Solidaridad de clase

A lo largo de la historia argentina los trabajadores en
general y los estatales en particular siempre hemos sido víctimas de los más
diversos ajustes con el objetivo manifiesto de distintos gobiernos de
garantizar los objetivos del poder económico.

El poder siempre tuvo una excusa para tratar de justificar
sus políticas antipopulares. Gastos improductivos, ineficiencia, demasiada
burocracia hasta persecuciones políticas- ideológicas expresas.

Ahora aparece la caracterización de “ñoqui”. Parecería ser
que todo trabajador estatal es un vago a sueldo salvo que demuestre lo
contrario.

Con la asunción de Mauricio Macri como presidente no nos
puede llamar la atención el rumbo de su gobierno. En definitiva es coherente
con su ideología, aunque niegue tenerla, y de sus antecedentes políticos y
empresariales.

El Estado no es neutro sino que responde a las clases
dominantes y lejos de constituirse en el “buen empleador” resulta ser el
“pésimo empleador”. En los tres niveles estaduales incluido el poder judicial
la precarización laboral es el común denominador, sueldos por debajo del
Salario mínimo, vital y móvil son moneda corriente.

La falta de estabilidad laboral se sucede sin solución de
continuidad y los distintos gobiernos especulan con la necesidad de los trabajadores
para fijar condiciones salariales y de trabajo alejados de la observancia de
las garantías constitucionales y legales más elementales.

Frente a esta situación que se reproduce en nuestro País
desde hace años los trabajadores judiciales nucleados en la Federación Judicial
Argentina expresamos nuestra solidaridad de clase con todos los trabajadores
víctimas de la arbitrariedad gubernamental reproducida en el Estado nacional,
provinciales y municipales exigiendo no sólo la continuidad laboral sino el
pase a planta permanente de todos ellos.

Los trabajadores no somos la variable de ajuste y como
reza el dicho popular: ”Si tocan a uno nos tocan a todos”.

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