30/10/2013

Sindicatos y organizaciones sociales de Paraguay analizan paro general

Sindicatos y organizaciones sociales paraguayas informaron este miércoles que están analizando la convocatoria a un paro nacional para protestar por la aprobación de la Ley de Alianza Público-Privada por considerar entrega el país a capitales extranjeros.

Los 11 sindicatos de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil declararon también que estudian sumarse al llamado de esta huelga nacional, ante el peligro del paso de los aeropuertos de la nación a manos privadas.

Las organizaciones componentes del Frente en Defensa de los Bienes Públicos y el Patrimonio Nacional también plantearon sumarse a la paralización si la presidencia de la República promulga la controvertida ley.

Asimismo, la Organización de Trabajadores de la Educación Pública, la Central Corriente Sindical Clasista, la Federación Nacional Campesina y el Partido Paraguay Pyahura, junto con la Coordinadora de Organizaciones Campesinas e Indígenas, participarán de aplicarse la medida.

Por su parte, el Frente Guasú señaló que “todo hace indicar que los próximos días serán escenario de numerosas asambleas generales de las instancias mencionadas y de otros sectores de la sociedad paraguaya en busca de la mayor unidad posible” de manera que puedan enfrentar la ley aprobada.

Punto aparte, este martes se clausuró en la Asunción (capital) una reunión de empresarios extranjeros, fundamentalmente estadounidenses, que saludó la aprobación de la legislación y mostraron entusiasmo en aprovecharla para invertir en el país.

La ley de promoción de la inversión en infraestructura pública y ampliación y mejoramiento de los bienes y servicios a cargo del Estado, conocida como Alianza Público Privada, fue aprobada este lunes por la Cámara de Diputados y abre las puertas a la intervención de multinacionales y empresas privadas en forma de concesiones o privatizaciones en sectores hasta ahora destinados a su operación por el Estado.

Debido a ello, miles de personas protestaron este lunes por las calles de la capital, para expresar su rechazo a dicha ley. Una norma que la opinión pública califica de “privatizadora”, ya que busca beneficiar “a la reducida clase política y no al pueblo”.

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