Servidores públicos brasileños firman comunicado en defensa de la libertad de expresión

04/08/2020

Servidores públicos brasileños firman comunicado en defensa de la libertad de expresión

La Confederación de Servidores Públicos de Brasil (CSPB), integrante de CLATE, firmó este lunes junto a otras organizaciones, un comunicado en rechazo a los recientes intentos de limitar la libertad de expresión de los trabajadores del sector público por parte del gobierno brasileño. También repudian el dossier de inteligencia abierto contra casi 600 servidores públicos críticos a las políticas de Jair Bolsonaro.

Las organizaciones que forman parte del Movimento Acorda Sociedade [Movimiento Despierta Sociedad] – MAS, integrado por 149 entidades, junto a las Confederaciones representativas de los servidores públicos de todos los niveles, expresan su “contrariedad por las iniciativas de limitación de la manifestación del pensamiento y la libertad de expresión de los servidores públicos”.

El movimiento “reafirma su compromiso con la libertad de pensamiento, no solo de los miembros de los distintos sectores que lo integran, sino de todos los ciudadanos brasileños”.

Las organizaciones expresan su “preocupación por algunas situaciones y hechos recientemente difundidos por la prensa y ocurridos en órganos del Poder Ejecutivo Federal, que constituyen una afrenta a la libertad de expresión y que ponen en riesgo este derecho fundamental”.

La semana pasada, la Controlaría General de la Unión defendió la posibilidad de que se apliquen sanciones a los servidores públicos que expresen en sus redes sociales opiniones críticas a las políticas o decisiones del gobierno federal. Además, dio a conocer que el Gabinete de Seguridad Nacional propone crear una norma que permita procesar a los servidores por sus posteos en redes sociales.

Asimismo, fuentes periodísticas revelaron que el Ministerio de Justicia elaboró un dossier con nombres, fotos y perfiles de redes sociales de 597 servidores públicos, tanto en actividad como jubilados, clasificados como integrantes del “movimiento antifascista”. Esta operación fue realizada a través de la Secretaría de Operaciones Integradas (SEOPI), un servicio de inteligencia paralelo a los previstos por la Constitución y la legislación vigente.

Entre los ciudadanos “monitoreados” por la SEOPI, también se encuentran tres profesores universitarios. Uno de ellos, Paulo Sergio Pinheiro, fue secretario nacional de Derechos Humanos durante el gobierno de Fernando Henrique Cardoso, integró la Comisión de la Verdad instituida durante el mandato de la ex presidenta Dilma Rousseff y actualmente es relator de la ONU, sobre derechos humanos en Siria.

También aparece el nombre de Luis Eduardo Soares, quien ocupó el puesto de secretario nacional de Seguridad Pública en el primer gobierno de Luiz Inacio Lula da Silva (2003-2006).

Ante estas revelaciones, el Movimiento Acorda Sociedade y las organizaciones de servidores públicos informan que “seguirán atentos y esperan que el Supremo Tribunal Federal, el Congreso Nacional y las instituciones democráticas consolidadas actúen para evitar retrocesos” y solicitan una inmediata investigación de los hechos.

Además de João Domingos Gomes dos Santos, presidente de la CSPB y vicepresidente 1º de la CLATE, firman este documento representantes de la Confederación Nacional de las Carreras y Actividades Típicas del Estado (CONACATE), de la Confederación Nacional de Servidores Municipales (CSPM), de la Confederación Nacional de Servidores Públicos (CNSP), de la Confederación Brasileña de Trabajadores Policiales Civiles (COBRAPOL), de la Confederación Brasileña de Jubilados, Pensionados y Tercera Edad (COBAP), del Movimiento Nacional de Servidores Públicos Jubilados y Pensionados (MOSAP), del Foro Sindical de Trabajadores (FST).

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