Brasil atraviesa un momento económico y político turbulento.
La crisis de desestabilización que enfrentó la presidenta Dilma Rousseff con la
amenaza de juicio político y los escándalos de corrupción que salpicaron a
destacados miembro del PT, que han permitido ganar posiciones a la derecha
conservadora, se complementan con medidas de ajuste que el propio gobierno del
PT lleva adelante con el argumento de combatir la inflación y equilibrar las
cuentas públicas. A su vez, la violenta represión a las protestas por la suba
del transporte en San Pablo (ciudad gobernada por el PT) han venido erosionando
el apoyo social al gobierno y despertado fuertes críticas del movimiento
sindical. Compartimos aquí algunas apreciaciones del presidente de la
Federación Sindical de Servidores Públicos del Estado de Río Grande do Sul
(FESSERGS), Sergio Arnoud. 

El ajuste fiscal como
estrategia

“Antes de la crisis económica y el contexto político en el que vivimos,
el gobierno de Dilma adoptó la opción por las políticas neo-liberales. Con la creación de nuevos
impuestos y la  reforma del sistema de pensiones ha optado por medidas que
profundizarán la recesión económica”, declaró Arnoud a
la CLATE”.  Así el presidente de FESSERGS
tomó distancia de las políticas de ajuste fiscal y se refirió a la reforma
previsional a través de la cual el gobierno intenta elevar la edad jubilatoria
que hoy es de 55 años.  

El país enfrenta una grave recesión y, según las últimas
proyecciones, terminó 2015 con una contracción económica del 3,71 %, una
inflación del 10,72 % y un déficit récord en sus cuentas públicas. Al respecto Arnoud
manifestó: “la Fessergs y CSPB se suman a los
movimientos sociales que se oponen a las
políticas neoliberales y apoyamos la reanudación del desarrollo
y la lucha contra el desempleo,
que alcanzó 2,5 millones de trabajadores en 2015”.

Ante las protestas, represión

La
violenta represión efectuada por la policía militar en San Pablo ante las
protestas contra el reajuste de las tarifas del transporte público, que
movilizaron cerca de 30.000 personas, también fueron objeto de repudio del
líder de FESSERGS. Arnoud sostuvo: “denunciamos la criminalización de los movimientos sociales,
la violencia y el acoso de los
dirigentes sindicales.
Estamos ante un escenario preocupante
debido a que, a raíz del debilitamiento
político de la presidenta Dilma frente
al intento de juicio político, están avanzando las
políticas represivas, liberales y
conservadoras”.