15/12/2016

Reforma del sistema penal: Menos derechos, menos democracia y más autoritarismo

“Los proyectos de ley que reforman el Código Penal (Expte.
7120-D-2016), la ley de Ejecución Penal (Expte. 4829-D-2016) y el régimen de
libertades durante el proceso —o excarcelaciones— (Expte. 7420-D-2016) son, a
todas luces, inconstitucionales, profundamente antidemocráticos y traerán
graves consecuencias sociales y el colapso al sistema penitenciario federal”,
explica el comunicado que elaboró la Comisión presidida por Víctor Mendibil,
quien además es miembro del Consejo Político Consultivo de la CLATE.



Mientras los medios de comunicación masiva en la Argentina ocupan la
mayoría de sus páginas o sus minutos de televisión con el debate parlamentario
de la ley de impuesto a las Ganancias, también controvertido y denunciado por
las organizaciones de los trabajadores, los proyectos de reforma del sistema
penal ya tienen media sanción y están cada vez más cerca de ser aprobados. “Constituyen
la consagración de normas que no sólo contrarían los pactos internacionales de
derechos humanos suscriptos por Argentina, sino que modifican radicalmente el
sistema penal, aniquilando principios constitucionales reconocidos por nuestro
país desde su independencia”, explica la CPM en su informe.

 

Según indicaron, las iniciativas “terminan con el principio
constitucional de inocencia” ya que está prevista la restricción de la excarcelación
a casos excepcionalísimos, constituyéndose la prisión preventiva en la regla. “Desde
ahora, las personas serán culpables hasta que demuestren su inocencia. Toda
persona detenida por ser sospechosa de haber infringido la ley, permanecerá
privada de su libertad hasta que la justicia determine si es culpable o
inocente, es decir, estará condenada de antemano hasta que se pruebe lo
contrario”.

 

Además, según estas iniciativas, se pasará del derecho penal del acto
(es culpable el que comete un delito) al derecho penal de autor: es culpable la
persona por su condición de peligroso o enemigo, aun antes de cometer un
delito. “La política criminal basada en el derecho penal del enemigo, se
fundamenta en la concepción de una sociedad de riesgo, donde el ciudadano es
peligroso per se y sin prueba en contrario, esto es el derecho penal de autor”,
explican.

 

En la Argentina de hoy, el sistema penal captura a los pobres, que son
quienes pueblan las cárceles hacinados y en condiciones infrahumanas. Estos
proyectos, constituyen normativamente a los “delincuentes” —en
realidad pobres en conflicto con la ley penal, por haber cometido delitos o ser
acusados de tal cosa sin demasiadas oportunidades de defenderse por su
condición social y el restrictivo acceso a la justicia—  en los enemigos del pueblo o como lo
justifica el proyecto el “peligroso para la 
comunidad o para la seguridad de la comunidad”. Esa calificación de
peligroso será otorgada arbitrariamente por los jueces que, por diferentes
circunstancias, le aplicarán esa calificación a una persona.

  

“Reclamamos a los senadores de la República que no convaliden con su
voto estas propuestas y permitan el debate en las comisiones para que participe
la sociedad y sus organizaciones”, pidió la CPM. Víctor Mendibil resumió: “Estos
proyectos son altamente regresivos para la sociedad, la libertad y la
democracia. No hay que confundirse, la mano firme de un gobierno para resolver
los problemas de la sociedad no pasa por profundizar la represión y el castigo
sino por ofrecer oportunidades y políticas que promuevan más derechos. Nunca la
restricción de las libertades ha traído mayor bienestar, sino que ha sido el
camino hacia las peores catástrofes de la historia”.

 

El documento completo elaborado por la Comisión Provincial de la
Memoria (CPM) puede ser consultado y analizado en la página web de la
Federación Judicial Argentina (www.fja.org.ar),
organización miembro de la CLATE.

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