Por un nuevo sistema judicial independiente y al servicio de los intereses populares

12/08/2020

Por un nuevo sistema judicial independiente y al servicio de los intereses populares

La Federación Judicial Argentina (FJA), miembro de la CLATE, respecto de la reforma judicial que se discute en el país, expresó que “el inicio del debate legislativo promovido por el Poder Ejecutivo Nacional abre la oportunidad histórica de empezar a saldar una de las grandes deudas de la democracia en la Argentina”. La Federación Judicial Argentina “viene sosteniendo desde hace décadas que el sistema judicial en su conjunto debe ser reformado de manera integral, modificando de raíz sus prioridades, la composición de sus integrantes y adaptando su rol a las necesidades actuales del conjunto de la población”.

El comunicado de la federación que nuclea a trabajadoras y trabajadores del sistema judicial en Argentina, cuyo secretario general es el compañero Hugo Blasco (actual Secretario de Administración y Finanzas del Comité Ejecutivo CLATE)  planteó que “este debate debe ser abordado con seriedad y profundidad a través de un proceso democrático con amplia participación popular, en el que la voz de lxs trabajadorxs judiciales y de los actores sociales comprometidos en una verdadera transformación de la justicia tenga un rol protagónico. Para evitar a nuestro pueblo una nueva frustración, resulta imprescindible que este debate estratégico para el futuro de la Argentina no quede limitado a la mirada de los expertos, tecnócratas o corporaciones que a lo largo de la historia han monopolizando el diseño de reformas que fracasaron sistemáticamente”.

Hugo Blasco, secretario general de la FJA Argentina

“La crisis actual del sistema judicial -continúa el comunicado de la FJA- necesita una reforma integral. En una sociedad atravesada por la pobreza y la desigualdad en el marco de una crisis económica y social sin precedentes, los poderes judiciales deben reorientar sus prioridades y asignar las partidas presupuestarias suficientes para satisfacer los derechos económicos, sociales y culturales vulnerados de gran parte de la población. En esa dirección, la garantía de efectivo acceso a la justicia de los sectores vulnerables, la construcción consciente de la perspectiva de género y la asignación de recursos suficientes en los fueros que deben garantizar aquellos derechos deben ser una prioridad en los debates de reforma”.

 

“Por su parte, compartimos plenamente la necesidad de producir reformas en el fuero federal que permitan desandar la dinámica histórica de subordinación a las necesidades del poder político y de los intereses de los grupos económicos concentrados. Una práctica que sin lugar a dudas fue llevada a extremos alarmantes durante la gestión que terminó su mandato el pasado 10 de diciembre”.

 

“Sin embargo, también entendemos que para lograr esto no resulta suficiente la designación de más jueces y juezas o la unificación de fueros con el objetivo de licuar el poder de decisión concentrado de un reducido de magistrados y magistradas. En efecto, se requiere desarticular las relaciones de subordinación a los poderes fácticos modificando los mecanismos institucionales y las condiciones materiales que las generan y sostienen en el tiempo”.

 

“Por lo tanto, un nuevo sistema judicial independiente y al servicio de los intereses populares sólo es concebible mediante un proceso profundo de democratización de las estructuras de decisión en los sistemas judiciales, comenzando por transformar de raíz los mecanismos de selección y destitución de magistrados y magistradas en base a modelos de ampliación de la participación popular, con la integración a los mismos de las y los trabajadores judiciales”.

 

“Ese proceso de democratización debe atravesar también las relaciones laborales al interior de los poderes judiciales, garantizando el derecho a la negociación colectiva de las condiciones laborales de quienes sostienen su funcionamiento”

 

“El debate en ciernes también deberá abordar la creación de procedimientos transparentes para garantizar la igualdad en las condiciones de ingreso y de carrera judicial, con el objetivo de revertir una tendencia histórica en la que el acceso a los cargos jerárquicos se encuentra hegemonizado por ciertos sectores de la sociedad. Un nuevo modelo de justicia tiene como elemento central un perfil de magistradx, funcionarix y empleadx comprometido con las necesidades y la suerte de su pueblo”.

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