30/12/2014

PERÚ: Consecuencias del nuevo régimen laboral especial juvenil

El 16 de diciembre fue publicada en el país la Ley N° 30288,
llamado a promover el acceso de los jóvenes al mercado laboral y estableciendo
las condiciones mínimas del nuevo
régimen laboral especial juvenil en planillas por un plazo de 5 años.

 

Si bien señala que este nuevo régimen no invalida al régimen
general y solo se puede aplicar a los jóvenes entre los 18 y 24 años, solo por
3 años consecutivos, el mismo no les garantiza el derecho a la remuneración
mínima, a las gratificaciones legales de fiestas patrias y navidad, a la
asignación familiar, a la compensación por tiempo de servicios, a las
utilidades anuales, al seguro de vida, a los permisos por fallecimiento de
familiar, a las horas de lactancia para las jóvenes mujeres trabajadoras, entre
otros, a la vez que les reduce  las
vacaciones a 15 días anuales y la indemnización por despido arbitrario a 20
remuneraciones diarias por cada mes dejado de laborar con un máximo de 120
remuneraciones diarias. Los jóvenes bajo este régimen no pueden superar el 25%
de los trabajadores de la planilla de la empresa.

 

La dureza del nuevo régimen no ha valorado el difícil
escenario laboral por el que vienen atravesando los jóvenes y la viabilidad de
su aplicación. No cabe duda que el régimen es inviable, pues en el país existe
más de un millón de jóvenes peruanos de entre 14 a 25 años, de los cerca de
seis millones que viven en el país, que viven en una situación de desempleo,
según estimaciones de la propia OIT. La tasa de desempleo juvenil bordea  aproximadamente el 18%, una de las más alta en el país y según la estadística
sectorial anual del MTPE, cada año se incorporan más de 400 mil jóvenes mayores
de 18 años a la Población Económicamente Activa PEA.

 

Sin duda, no puede promoverse el acceso de los jóvenes al
mercado laboral, desincentivando a los jóvenes mediante más desprotección y sin
tomar en cuenta su condición de población vulnerable.

 

Asimismo no se puede construir democracia, destruyendo
derechos sociales y económicos que ya gozaban los jóvenes trabajadores, sino
por el contrario, promoviéndolos y ampliándolos.

 

Es claro que la norma colisiona con el desarrollo de los
principios de pisos mínimos de protección social que debe promover el Estado
peruano, de acuerdo a los compromisos asumidos por el Estado peruano con la
OIT, en virtud de recientes acuerdos a los que nos hemos obligado y que nos son
vinculantes y en ese sentido, la norma contraviene la cuarta disposición
complementaria de la Constitución Política del Peru, que señala que los
tratados y acuerdos internaciones sobre derechos humanos se encuentran
incorporados a nuestra la normativa interna.

 

Más aun la norma propicia e introduce una nueva realidad de
discriminación social y laboral en contra los jóvenes, y viola el principio
constitucional de no discriminación de los trabajadores, por cuanto asfixia las
contraprestaciones que deben recibir los jóvenes,  pese a que desarrollan la misma labor de los
otros trabajadores del régimen general, quienes a cambio reciben más
beneficios.

 

Si bien la Ley propone considerar como gasto deducible
contra el impuesto a la renta, la capacitación efectuada a favor de los
jóvenes, siempre que no supere el 2% de la planilla de la empresa, estudios
como los realizados por Juan Chacaltana (Capacitación Laboral proporcionada por
las empresas peruanas: El caso peruano. CEDEP, 2005), nos demuestran que las
empresas no capacitan lo suficiente, desde el punto de vista social en el país,
lo que haría prácticamente inviable el beneficio tributario ofrecido a las
empresas.

 

La sub inversión en capacitación es precisamente la norma en
los modelos explicativos actuales desde el punto de vista teórico. La teoría
del capital humano original, elaborada para condiciones de competencia perfecta
en el capitalismo, predice que no hay sub inversión en capacitación. Sin
embargo, versiones más modernas de esta teoría modelan la competencia
imperfecta y llegan a la conclusión de que estas imperfecciones originan que
tanto empleadores como trabajadores no inviertan lo suficiente.

 

Debemos finalmente confirmar que este nuevo régimen laboral,
antes de ser aprobado, no fue consultado con ninguno de los espacios nacionales
llamados a opinar sobre el empleo y trabajo en los jóvenes. No fue consultado
con el Consejo Nacional del Trabajo, tampoco con el Consejo Nacional de Trabajo
Juvenil del CNTPE, ni con el Consejo Nacional de la Juventud. Ninguno de los
líderes de los gremios empresariales y laborales, ni los líderes juveniles
fueron consultados al respecto.

 

No cabe duda que la norma carece de legitimidad social, más
aun después de la reacción en masa generada en los jóvenes principalmente
universitarios luego de su promulgación y que amenaza con el desarrollo de
nuevo conflicto social.

 

Esperemos que el Congreso de la Republica pueda encarar a tiempo
esta difícil situación y aprobar la derogación de la Ley 30288 y restaurarles a
los jóvenes los derechos laborales ahora conculcados.

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