22/09/2013

PERÚ: CGTP: Las razones del Paro Nacional Cívico del 26 de setiembre

 
Esta medida ha sido respaldada por diversas organizaciones sociales y
políticas, muchas de ellas congregadas en el Comité Unitario de Lucha
(CNUL), quienes han asegurado su participación en esta medida de lucha.

A dos años de iniciado el régimen, más
de tres mil trabajadores han sido despedidos por razones sindicales, el
congelamiento de los salarios ha impedido la recuperación de la
capacidad adquisitiva de las familias que, como señalan los indicadores
económicos, pese al crecimiento, los sueldos y las pensiones siguen
siendo los más bajos de la región.

Asimismo, se mantiene la
estructura laboral fujimorista que se basa en el incremento de las
ganancias empresariales a través del abaratamiento de la mano de obra.
Esto se visualiza más en los sectores textiles, agroexportador, mypes,
trabajadoras del hogar, contratas, services, y otras modalidades
contractuales que vejan la dignidad de las familias trabajadoras.
Tampoco se ha tomado en consideración la dación de una Ley del Trabajo
que regule las relaciones laborales de los trabajadores públicos,
privados y autónomos.

En el plano social, se ha dejado de lado la
recuperación del Gas de Camisea y su masificación en el mercado
nacional, además de incumplirse la promesa de la construcción del
Gaseoducto Surandino. Esto tiene incidencia en el costo de la energía
para las familias, tanto para el uso doméstico y transporte, las cuales
tienen que pagar por el combustible que consumen un alto precio.

También
se ofreció una lucha frontal contra la corrupción, la inseguridad
ciudadana y la violencia. La debilidad en la toma de decisiones
políticas viene provocando el fortalecimiento de la delincuencia, que
viene impactando social y económicamente en la tranquilidad de las
familias

Por estos motivos, el Paro tiene por objeto exigir al
gobierno la solución de los problemas laborales y sociales. Esto implica
principalmente el incremento de las remuneraciones y pensiones; la
derogatoria de la Ley del Servicio Civil, la modificación de la Ley
MYPES, la no aprobación de la Ley Universitaria, sin el previo consenso
con las fuerzas sociales; defensa de las Leyes de Seguridad y Salud en
el Trabajo y la que crea el Sistema de Fiscalización Laboral, entre
otros.

Demandamos al gobierno un cambio de rumbo en la política
económica y la renuncia del ministro de Economía Luis Miguel Castilla,
por ser el responsable de estas medidas lesivas a los intereses de los
trabajadores.

Asimismo, urge que las reformas que se pretenden
aplicar en el sector estatal se efectúen con la participación de los
trabajadores. En el plano político se necesita reestructurar los poderes
del Estado con la finalidad de ponerlos verdaderamente al servicio de
la ciudadanía, lo que se debería iniciar con la discusión de una nueva
constitución.

Finalmente, expresamos nuestra solidaridad con el
dirigente de construcción civil de Huacho por las amenazas de muerte que
ha recibido de la delincuencia y solicitamos a las autoridades
brindarle las garantías necesarias para su vida y la de sus familiares.
También respaldamos la lucha de los mineros de Shougang Hierro Perú y de
los trabajadores independientes.

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