El encuentro de posiciones fue posible gracias a la intervención de la Arquidiócesis panameña, que en los últimos días había salido a respaldar las demandas indígenas.

Los recientes hechos de violencia tienen sus antecedentes en el conflicto desencadenado contra el accionar de algunas trasnacionales mineras, como  son la empresa canadiense Inmet Mining, el consorcio coreano Korea Resources, LS-Nikko Copper y Korea Export Insurance (KEIC) y la empresa estadounidense de energía AES.

Los 250 mil indígenas que integran la comunidad Ngäbe Buglé, venían exigiendo que el gobierno de Ricardo Martinelli escuchara sus demandas sobre la cancelación de las concesiones otorgadas a empresas extranjeras para la explotación de recursos naturales en sus tierras ancestrales.

En ese sentido, el gobierno, en su momento había aceptado firmar un acuerdo con los Buglé. Sin embargo, cuando todo parecía encaminar las negociaciones, imprevistamente el ministro de Comercio e Industria, modificó el texto convenido entre ambas partes. Tras cartón, la Asamblea Nacional, donde Martinelli tiene amplia mayoría,  eliminó el artículo 5 del Código de Minería que regulaba el accionar de las trasnacionales y prestaba atención a lo expuesto por los indígenas. Ese hecho fue el desencadente de las nuevas protestas y la consiguiente represión, que abarcaron los distintos pueblos de las provincias occidentales de Chiriquí y Veraguas, a lo que se sumó el bloqueo de la importante ruta Interamericana que comunica a Panamá con el resto de Centroamérica.

Previo al ataque policial, la mayoría de los medios pro gubernamentales, lanzaron una campaña de criminalización contra los indígenas acusándolos del secuestro de turistas y de “intentar arruinar el prestigio del país en el mundo”.

Después que dos indígenas, entre ellos un adolescente de 16 años, cayeran bajo las balas policiales, tanto los partidos de oposición como importantes sindicatos salieron a defender los reclamos indígenas y a exigir a Martinelli que cese la represión.

Ahora, un acuerdo de diez puntos, firmado por las partes, estipula por parte de los indígenas el levantamiento del bloqueo de carreteras. El gobierno, por su parte, se comprometió a solicitar al Parlamento que reconsidere con carácter de urgencia el proyecto de ley que regula la explotación minera e hidroeléctrica.

Si bien el gobierno ha festejado el acuerdo, que incluye el retiro de zona indígena de las fuerzas policiales, los dirigentes Buglé manifestaron su desconfianza, expresando que sólo cuando la Asamblea Nacional decida dar marcha atrás en sus concesiones a las multinacionales, creerán lo que hoy expresan los ministros de Martinelli.

El conflicto viene de mucho tiempo atrás, ya que las trasnacionales habían puesto su ojo sobre el yacimiento de cobre Cerro Colorado, que contiene en sus entrañas más de 17 millones del kilos del codiciado mineral, lo que significan ganancias por 150 mil millones de dólares. En su momento, los indígenas rechazaron que dicho emprendimiento horadara sus tierras ancestrales, y fueron reprimidos por ello.

Luego, fue la multinacional AES la que impulsó grupos parapoliciales que amenazaron y golpearon a indígenas para desalojarlos de la cuenca del Río Changuinola, donde la empresa norteamericana pretende construir represas. Una de ellas (la Chan 75) provocó la inundación de las comunidades de Guayabal y Charco de la Pava, obligando de esta forma a que los últimos moradores en resistencia abandonaran su tierra natal.

La trasnacional tuvo que reconocer, luego de varias protestas que 159 familias Buglé también fueron afectadas por la inundación de sus tierras en el denominado Partque Internacional de la Amistad, un sitio que paradójicamente fue declarado Patrimonio de la Humanidad.

La AES posee en Panamá la mayor represa del país, la central hidroeléctrica Bayano, la cual inundó parte de los territorios de los indígenas kunas de Mudungandi y Embera de Bayano, a los que nunca se les pagó la indemnización prometida.

Después de un período de constantes manifestaciones indígenas y denuncias a nivel internacional, el gobierno se vio obligado a firmar en 2011 un convenio en el que se comprometía a no desarrollar más actividades mineras en tierras de los Buglé. No obstante, rechazó de plano prohibir la construcción de hidroeléctricas, ya que asegura que ello supondría un sobrecosto de 200 millones de dólares para el Estado para suplir la demanda energética.

Ahora, Martinelli ha vuelto a insistir en que los proyectos hidroeléctricos son de vital importancia porque darán mayor independencia al país en el suministro energético, sobre todo en tiempos que los precios del petróleo han subido notoriamente.