13/09/2014

PAIS VASCO: ELA y LAB acusan al gobierno vasco de querer «implantar el estatuto estatal de los funcionarios»

Gobierno autonómico y sindicatos se reúnen este jueves para debatir este anteproyecto de ley en la mesa general de la Función Pública, en la que se negocian las condiciones de los 70.000 trabajadores de la Administración autonómica y que engloba al personal de la sede de Lakua, de Educación, de la Ertzaintza, de Osakidetza y de la Justicia.

Antes de la reunión ELA y LAB se han concentrado para denunciar las «formas» en las que el Ejecutivo ha planteado una ley que, no obstante, ven necesaria.

El representante de ELA, Igor Eizagirre, ha tachado el texto de «completamente inaceptable» y ha pedido su retirada y la presentación de un nuevo borrador «que apueste por una administración propia, euskaldun, independiente, con control social y que cumpla con las necesidades de la sociedad».

En declaraciones a los medios de comunicación, Eizagirre ha criticado que en los últimos años el Gobierno de Lakua no ha negociado las condiciones laborales de los funcionarios, sino que ha «impuesto recortes» mediante decretos.

Ha asegurado que el anteproyecto del Gobierno de Iñigo Urkullu es «un corta-pega de las leyes estatales» que regulan las condiciones de los empleados públicos y ha denunciado que abre la puerta a «EREs encubiertos porque contempla bajadas salariales, reducciones de jornada y excedencias obligatorias, en definitiva, reducción del empleo público».

Por su parte, Arantza Sarasola (LAB) ha lamentado que el Gobierno autonómico les haya entregado un anteproyecto de 270 páginas apenas un día antes de citarles en la mesa general y ha abogado por «marcar las reglas del juego» en la reunión de este jueves y «abrir la negociación colectiva» tras años de «imposiciones vía decreto».

Sobre el contenido del texto, Sarasola ha censurado que plantee un modelo laboral basado en la «jerarquía», con un sistema retributivo «individualizado», lo que puede dar lugar a «competitividad, en lugar de colaboración y solidaridad».

Sarasola ha criticado asimismo que el Ejecutivo quiera «trasladar» a la CAV el Estatuto Básico del del Empleado Público del Estado español y que pretenda «imponer» las condiciones laborales en vez de negociarlas con los sindicatos.

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