07/01/2016

Luis Alpirez: “Sacar de la pobreza a los trabajadores se ha vuelto un delito”

¿Cuando comenzó el conflicto con los pactos colectivos?

En 2015, producto de la exigencia de los trabajadores para el cumplimiento de lo establecido en el pacto colectivo de convenciones de trabajo, homologado por las instancias de trabajo de nuestro país, el gobierno en un claro desafío empezó a emitir una serie de pronunciamientos en contra de los beneficios que se habían alcanzado. Terminó enviando y llevando a tribunales a nuestro Secretario General del SNTSG, el compañero Luis Lara, y al ministro de ese entonces bajo el pretexto de haber firmado un pacto que representaba lesividad a los intereses del Estado, principalmente en lo que hace al financiamiento.

Desde ahí se desarrolló una campaña que utilizó todas las argucias y los mecanismos legales posibles. Desde las dependencias afines al gobierno, porque funcionarios como  el Contralor General y el Procurador General de la República son nombrados por el Presidente, se emitieron dictámenes en contra de los pactos colectivos pidiéndole a la Corte de Constitucionalidad que los declare lesivos e ilegales.

¿Qué pasó a nivel legal?

Esto no les dio resultado. La Corte de Constitucionalidad declaró que los dictámenes de la Contraloría General de Cuentas, que tiene que ver con la probidad en el manejo de los fondos, y la Procuraduría General de la Nación, como abogado del Estado, no son vinculantes. Es decir, el pacto colectivo del sector salud fue una negociación colectiva entre el Estado y los trabajadores, homologada por las instancias que mandatan los convenios nacionales e internacionales, como los que emanan de la OIT. Ahí hay una legalidad que ellos quieren declarar ilegal, y no van a poder porque esperamos que la Comisión de Libertad Sindical, donde se interpuso la denuncia, se expida contra el Estado de Guatemala.

¿Cómo enfrentaron la campaña del gobierno?

Nosotros, por nuestro lado, seguimos movilizándonos porque entendemos que estamos defendiendo no sólo la negociación colectiva sino también la libertad sindical. Y no hemos dado un paso atrás en ningún punto. En la última reunión de Comité Ejecutivo de la CLATE en Toluca pudimos exponer este tema, lo que nos permitió avanzar finalmente en la denuncia que presentó la Presidencia ante la Comisión de Libertad Sindical de la OIT. Los trabajadores de la salud hemos socializado esto con más de 50 sindicatos estatales y la hemos distribuido en Internet para dar a conocer la acción realizada por la CLATE.

¿Cómo actuó el sector privado en este ataque a la negociación colectiva en el Estado?

El presidente de la Cámara de Comercio de Guatemala, que sirve a la oligarquía criolla de este país, le envió a la Procuradora General de la Nación una solicitud expresa para que declare lesivo e ilegal el pacto colectivo. Esto lo denunciamos en todo el país y a nivel internacional  y forma parte de la denuncia de la CLATE, porque entendemos que es una injerencia que no tiene nada con los trabajadores estatales. Esto pone en evidencia a los poderes paralelos, a los poderes fácticos, que siempre han gobernado en este país.  Y ahora descubrimos como  se comunican con instancias del gobierno para destruir la negociación colectiva y la libertad sindical.

Esto no afecta solo al sindicato de salud sino a todas la organizaciones sindicales. Ayer mismo, en una conferencia de prensa, la procuradora general de la nación a través de los medios de comunicación de este país dijo que iba a pedirle a la Corte que declarara ilegal y lesivo no sólo el pacto colectivo del sector salud sino que mencionó 10 pactos más. Es decir que hay una campaña orquestada desde el Estado, impulsada por los empresarios de este país, para anular toda negociación colectiva que conlleve al bien de los trabajadores.

Usted afirma que además de la negociación colectiva está en juego la libertad sindical ¿que puede decir al respecto?

Nosotros estamos viviendo una persecución desde el Estado, con amenazas de prisión por haber firmado esa negociación colectiva. Y son estos mismos poderes, que utilizan el aparato del Estado. Sacar de la pobreza a los trabajadores se ha convertido prácticamente en un delito en Guatemala y por ese delito estamos siendo acosados y perseguidos los dirigentes sindicales. Utilizaron los medios televisivos, radiales y escritos, que pertenecen al empresariado, y a nosotros no nos dan lugar siquiera para un espacio pago. Aparte de la campaña de desprestigio, nos judicializaron porque mandaron a los tribunales los requerimientos de enjuiciamiento a  los dirigentes sindicales que firmamos el pacto. Y ahora estamos sufriendo un acoso directo. Yo he denunciado que estoy siendo soy perseguido en la calle por carros con placas encubiertas.

¿Qué acciones tienen previsto llevar en lo inmediato?

Hemos interpuesto una denuncia en los órganos judiciales competentes de Guatemala por incumplimiento de los pactos colectivos. Eso está por resolverse en los tribunales. Pero también hemos continuado, y lo seguiremos haciendo, con las marchas en las calles hasta lograr las reivindicaciones que tenemos en los pactos colectivos que son: estabilidad laboral, reivindicaciones económicas y la cobertura que necesita el pueblo de Guatemala en materia de salud. Esos son los tres aspectos fundamentales.  Nuestra próxima acción será el 12 de enero, para exigir el cumplimiento del pacto colectivo y que el gobierno deje de criminalizarlo, de judicializarlo y que el Estado asuma la responsabilidad de los compromisos que firmó.              

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