09/03/2012

LAS MUJERES DE TODA LATINOAMÉRICA SE MANIFESTARON CONTRA LA DISCRIMINACIÓN Y POR LA IGUALDAD DE GÉNERO



“Esta ley es la gran deuda que tiene la democracia con las
mujeres en nuestro país”, opinó la militante de Libres del Sur
(centroizquierda) Laura Velazco, quien recordó que los abortos
clandestinos son la principal causa de mortalidad materna en
Argentina, donde una mujer muere cada dos días por esta razón.

Las mujeres de Uruguay también reclamaron la despenalización del
aborto con lazos anaranjados distribuidos en columnas de
alumbrado, esculturas y edificios. En Paraguay una cacerolada
reclamaba una mejor asistencia y atención sanitaria a las mujeres
embarazadas en las instituciones públicas y en El Salvador las
manifestantes pedía el fin de la violencia de género.

“Justicia para las mujeres, no más impunidad” fue, en cambio, la
principal consigna en Nicaragua en un 8 de marzo que para el país
“no es una efeméride para celebrar, sino para seguir luchando”,
según dijo la defensora de Derechos Humanos Vilma Núñez.

La situación no es mucho mejor en Colombia, donde 1.444 mujeres
fueron asesinadas en 2010, un 26% de ellas en su propio hogar.
Las mujeres representan el 84% de víctimas de delitos sexuales,
con 16.916 casos en ese año, 51% a cargo de familiares, según
cifras proporcionadas por la Alta Consejera para la Mujer,
Cristina Plazas.

En Perú el presidente Ollanta Humala, se comprometió a luchar
contra la discriminación y la impunidad por agresiones a las
mujeres, al tiempo que pidió a éstas denunciar “a los cobardes”
que las tratan con violencia, durante un acto en Lima.

“Tenemos que luchar junto con las mujeres contra la impunidad”,
dijo el mandatario, quien asistió acompañado de su esposa, Nadine
Heredia, al acto organizado en un coliseo cerrado, además de
ratificar el compromiso oficial “en erradicar las prácticas
discriminatorias contra la mujer”.

Brasil conmemora este año el 80 aniversario del voto femenino que
llevó a la presidencia por primera vez a una mujer, Dilma
Rousseff. Algunas mujeres han alcanzado grandes cargos en el
país, como la recién nombrada presidenta de la estatal petrolera
Petrobras, Maria das Graças Foster.

En Venezuela las mujeres marcharon en respaldo al presidente Hugo
Chávez y elevaron propuestas para ser incorporadas en la nueva
Ley Orgánica del Trabajo (LOT) próxima a ser aprobada, entre las
propuestas que entregarán están el derecho de la lactancia
materna por más tiempo (seis meses), la paridad en los sindicatos
y consejos de trabajadores, establecer un tiempo para el cuidado
para las personas mayores, el pago de las guarderías y la
colectivización del trabajo del hogar.

MÉXICO


Mujeres: discurso y realidad contrapuestos

Ayer, al conmemorarse el Día Internacional de la Mujer, los más altos
funcionarios del país y la clase política en general recurrieron a los
formulismos tradicionales para elogiar a las mujeres y expresar
indignación por la discriminación de género, la violencia y la opresión
que aún padecen millones de mexicanas. El titular del Ejecutivo federal,
Felipe Calderón, por ejemplo, encomió, en Chiapas, la fuerza
transformadora del futuro del país” que poseen las mujeres y opinó que
mientras no haya equidad de género no habrá democracia.

En realidad, la circunstancia de desigualdad y de peligro que padecen
las mexicanas no sólo invalida la pretensión de normalidad democrática
de que hacen alarde los gobernantes de los tres niveles, sino también
del pregonado estado de derecho en el país. Para no ir más lejos, basta
señalar la inequidad salarial que afecta al género femenino –al que
pertenece la mayoría de la fuerza laboral– y que contraviene diversos
ordenamientos constitucionales y legales; el hecho de que la gran
mayoría de quienes realizan trabajos no remunerados sean mujeres, o el
pavoroso incremento de los feminicidios en diversas entidades de la
república, empezando por el estado de México y Chihuahua.

Los propósitos “feministas” que expresan los gobernantes de manera
ritual cada 8 de marzo suenan huecos y demagógicos porque son ellos,
precisamente, quienes tienen a cargo el cumplimiento de las normativas
legales orientadas a erradicar la desigualdad de género y la violencia
contra las mujeres en todas sus expresiones.

Para hacerse una idea de la irresponsabilidad gubernamental es
pertinente recordar que los feminicidios en Ciudad Juárez han sido un
escándalo internacional desde hace más de 15 años, y que en ese lapso
han nacido, crecido y muerto nuevas víctimas de este delito, sin que las
autoridades municipales, estatales y federales hayan tenido la capacidad
o la voluntad para controlarlo.
Por el contrario, en ese periodo, y con particular agudeza en el pasado
lustro, la violencia de género ha sido desplazada de la atención pública
por otra violencia, mucho más generalizada, producida por la
confrontación entre las fuerzas públicas y diversos grupos de la
delincuencia organizada, en el marco de la estrategia de seguridad
impuesta por la administración calderonista.

Esa nueva violencia se ha cebado por igual contra hombres y mujeres,
pero, así como ha llevado la barbarie más allá de todo límite, ha creado
condiciones para una profundización de la saña, la crueldad y la
barbarie de las agresiones que se perpetran específicamente por causas
de género.

Si bien las mujeres de cualquier condición económica y social están más
expuestas que los hombres a la discriminación, la opresión y la
agresión, las víctimas de tales actos se ubican principalmente en los
sectores de menores recursos, y ello ocurre por una razón simple:
resulta más probable la impunidad para los agresores si la agredida es
una trabajadora de un sector urbano marginado o habitante de una
comunidad agraria que si pertenece a las clases media o alta.

Es particularmente preocupante la perpetuación, en el marco de la
“guerra contra la delincuencia organizada”, de la sempiterna pauta de
atropellos cometidos por las fuerzas del orden civiles y militares
contra mujeres de escasos recursos en diversas regiones del país.

Ante los hechos arriba expuestos, los discursos oficiales y los actos de
propaganda partidista con motivo del 8 de marzo no sólo no atenúan, sino
profundizan los agravios que el Estado mexicano tolera o comete contra
ese 51.2 por ciento de la población al que se describe como “la mitad
del cielo”, por más que la condición de mujer en el México contemporáneo
siga siendo, para muchas, un infierno.
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