25/01/2016

La confederación de estatales COFE rechazó aumentos de tarifas

COFE rechazó en forma contundente el incremento y lo define
como un impuesto encubierto al consumo. Sostiene que el aumento de tarifas,
inevitablemente caerá en las espaldas de los trabajadores activos y pasivos de
bajos y medianos ingresos. Afirman que el sector empresarial ha cuestionado
fuertemente este aumento de tarifas, de la misma forma que rechaza cualquier
nuevo impuesto, cualquier aumento de tasa o cualquier modificación en la forma
de liquidación que genere mayores costos y reduzca sus beneficios.

En el comunicado de la confederación uruguaya
“cuestionan que nada han dicho los dueños del capital respecto al ajuste
fiscal que desde hace varios años se aplica sobre los trabajadores públicos,
con indudables efectos negativos sobre los trabajadores privados”.

En un resumen realizado por la organización y difundido en
un comunicado, denuncian que hubo un largo collar de medidas de ajuste que
viene siendo aplicado hace varios años por el gobierno del FA. La primera es la
aplicación de una metodología de ajuste salarial basada en la inflación futura,
con en el argumento de que así se evitaría que la inflación se propagara de un
año para el otro.

“La simple descripción de la metodología muestra que el
ajuste salarial de los empleados públicos queda determinado por el gobierno a
través de la inflación futura, variable elegida discrecionalmente y que no está
sujeta a ningún tipo de negociación con los trabajadores”, continúa el
comunicado.

Denuncian que los trabajadores pierden no menos del 3% de
aumento salarial a raíz del cálculo de la inflación futura, cuyo objetivo es
evitar la actualización adecuada de los salarios.

“COFE reclama que se suba el mínimo no imponible a ocho
bases de prestaciones”, dice el artículo. Y agrega que “desde la
organización rechazamos el ajuste fiscal que se aplica sobre los trabajadores
tanto sea esto por: aumento de tarifas públicas; objetivos de inflación futura
inviables; manipulación de las tarifas como con el UTE Premia, que inciden en
la medición final del IPC.

También reclaman “que se cumpla con el compromiso
asumido en las campañas electorales de que pague más el que más tiene y que con
estas medidas lo único que se genera es la pérdida del poder adquisitivo de los
salarios y pasividades”.

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