22/01/2016

Julio Fuentes: “Los despidos se producen gracias a la precariedad en el empleo público”

Desde que asumió el nuevo gobierno, 20.000 empleados públicos fueron
despedidos en Argentina. Un fenómeno explicado como una “limpieza” de
“militantes” de la gestión anterior, que se facilita por la precariedad laboral
en el sector, pese a los avances de formalización del empleo de la última
década.


“Hemos encontrado un Estado puesto al servicio de la militancia política”,
justificó el centroderechista Mauricio Macri, en la Presidencia desde el 10 de
diciembre, tras ocho  años de mandato de la centroizquierdista Cristina
Fernández, y cuatro de su ya fallecido marido, Néstor Kirchner, ambos del
opositor Frente para la Victoria. “Queremos un Estado sin la grasa de la
militancia”, reforzó su ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, en
alusión a supuestas contrataciones clientelares.


El Observatorio del Derecho Social, de la Central de Trabajadores de
Argentina, contabiliza como  despedidos a una mayoría de empleados de
ministerios y empresas estatales, y de gobiernos provinciales y municipales,
cuyos contratos eran temporales y finalizaban el 31 de diciembre. Pero en
muchos casos se trataba de trabajadores con entre cinco y 10 años de
antigüedad, laborando en esas condiciones.

En La Plata, capital de la occidental provincia de Buenos Aires, ahora
gobernada por Cambiemos, la coalición de Macri, fueron despedidos 4.500
trabajadores públicos, que además resultaron reprimidos cuando reclamaron por
la medida. “La forma de enterarnos de los despidos fue traumática”, relató a
IPS una de esas afectadas, Marcela López que trabajaba desde hace ocho años en
un programa municipal de asistencia a personas sin hogar, con un contrato que
se renovaba cada tres meses.


“Cuando llegué a mi lugar de trabajo me habían sacado de la planilla. Nos
mandaron a personal y  nos dijeron que estábamos despedidos, aunque ellos
no plantean despido, dicen que es contrato vencido”, lamentó López, sostén de
su familia y con un hijo discapacitado.


El gobierno argumenta que son “ñoquis”, como se llama popularmente en
Argentina a los empleados públicos que solo concurren a su puesto para cobrar
el 29 de cada mes, día tradicionalmente dedicado a comer ese tipo de pasta en
el país. Pero López y otros despedidos aseguran que tienen como demostrar su
asistencia al trabajo y su idoneidad profesional.


“Creo que el tema de los ñoquis es algo histórico que tiene que ver con un
sistema de funcionamiento de la política. A mí no me parece mal que se quiera
ordenar eso. Pero no puede ponerse a todo el mundo en esa categoría. Sobre todo
a quienes si trabajamos y que transformamos un programa en una política
pública”, aclaró.


Julio Fuentes, dirigente de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE),
consideró que si el gobierno quisiera detectar quien “cobra sin trabajar”, “nadie
va a salir a defenderlo”. “Pero eso se tiene que hacer sobre la base de un
análisis serio, con participación de la organizaciones sindicales, con
garantías para que no se cometan arbitrariedades”, dijo a IPS el también
presidente de la Confederación
Latinoamericana y del Caribe de Trabajadores Estatales
.


En las diversas dependencias estatales, trabajadores denuncian que son
interrogados para saber quien los recomendó, cual es su trayectoria y formación
profesional. Algunos denunciaron que se revisaron sus perfiles en redes
sociales para constatar su militancia política. Pese a su caída en 15 puntos
durante la última década, todavía 35 por ciento de las personas ocupadas en
Argentina trabajan en el sector informal, como Daniel Reynoso, quien mantiene a
su familia con la venta de plumeros en una arteria céntrica de Buenos Aires.
Crédito: Fabiana Frayssinet/IPS


“¿Está el Estado hoy en condiciones de hacer un relevamiento exhaustivo,
sistemático de las condiciones del empleo público cuando no existen siquiera
estadísticas oficiales, o un organismo dedicado exclusivamente a compilar y
sistematizar esta información?”, cuestionó en entrevista con IPS el docente
Gonzalo Diéguez, director del programa de gestión pública del Centro de Implementación
de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento
(CIPPEC).


Para la ATE, es una maniobra para justificar despidos indiscriminados y
reducir el Estado, en el marco del plan de ajuste emprendido. Esa
arbitrariedad, consideró Fuentes, es posible gracias a la precariedad del
trabajo público, iniciado con la flexibilización laboral neoliberal de los años
90 en Argentina. “Hace mucho que venimos denunciando en América Latina, y en
Argentina en particular, la situación de lo que se denomina, contrato basura o
empleo informal, pero que en definitiva son formas que han tomado los gobiernos
para burlarse  de la Constitución”, que garantiza la estabilidad del
empleo público, destacó.


Argentina, la tercera economía latinoamericana, cuenta con 43,4 millones de
personas y una población económicamente activa de 19 millones, con una
desocupación que según datos oficiales se situaba en el último trimestre de
2015 en seis por ciento, en una cifra considerada insuficiente por los
especialistas.


Según Fuentes, del total de 3,9 millones de empleados dependientes del
Estado,  600.000 aproximadamente son eventuales, regidos bajo diversas
formas de contrato y muchos sin protección social alguna. De estos 600.000,
90.000 corresponden a la administración nacional y 510.000 a las provincias y
municipios, sin sumar los servicios tercerizados, “otra forma de burlar los
mecanismos del empleo público”, sostuvo.


Otro argumento del gobierno para justificar las cesantías es el crecimiento
del Estado. Un estudio de CIPPEC, todavía sin publicar, indica que entre 2003 y
2015 los empleados públicos aumentaron en 55 por ciento, incluyendo la
administración central, organismos descentralizados y empresas públicas. En ese
período se crearon  seis ministerios, 14 organismos descentralizados, 15
nuevas universidades y 10 nuevas empresas estatales. “Creció el empleo público
porque también creció el Estado, y su estructura organizacional. El Estado hoy
brinda una cantidad de bienes y servicios que antes no brindaba”, rebatió
Diéguez.


Aun así, Fuentes opinó que la recuperación del empleo público fue
“absolutamente insuficiente”, después del “desmantelamiento” estatal iniciado
por el presidente Carlos Menem (1989-1999), durante un profundo proceso de
privatización. “No hay un número excesivo de empleados públicos. Faltan
empleados públicos, enfermeros, profesionales en todas las áreas”, aseguró el
dirigente sindical.


Pero, a su juicio, el nuevo gobierno argentino considera que hay exceso de
empleo público porque “cree en un discurso en el que ya nadie cree, que el
mercado va a regular las actividades y administrar un país”. Para Fuentes, lo
que se recuperó en la década pasada fue “el empleo de buena calidad
prestacional pero de baja calidad contractual”. El problema, expresó, es que la
gestión pública se basó crecientemente en trabajadores con contratos flexibles,
“fácilmente despedibles”, que los convierte en “rehenes políticos”.


En la última década, se crearon unos seis millones de puestos de trabajo,
19 por ciento de ellos en el sector público y el resto en el área privada,
donde desde diciembre también se han producido unos 10.000 despidos, según
fuentes sindicales. También cayó el empleo informal, no registrado o negro,
como se le llama en Argentina, que pasó de 50 por ciento a 35 por ciento, según
los últimos datos, pero todavía afecta a unos cuatro millones de personas,
especialmente jóvenes.


“Más allá de la naturaleza de la decisión política de gobierno, de si
decide o no renovar contratos, lo que está como cuestión de fondo es la
vigencia de la informalidad en el empleo público”, destacó Diéguez. Eso, dijo,
agravado por los criterios de reclutamiento y selección de personal, no basados
en concursos públicos, y si en contratos que dependen de “cambios de color
político partidarios”. Para el especialista el gobierno anterior avanzó en la
formalización del empleo público.


Pero la gran cuenta pendiente, concluyó,  es que no se repitan casos
como los despidos masivos cuando h ay cambios en el poder y que cuando comience
una nueva gestión en Argentina, en 2019 “no se tenga que rever contratos, o que
si se hace no se asemeje a una caza de brujas”.


Editado por Estrella Gutiérrez


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