22/11/2016

Hugo Blasco: “Necesitamos un piso de derechos para todos”

¿En qué consiste el
proyecto que se presentará en el Congreso?

Hoy a las 18hs, en la Sala 1, Anexo A, de la Cámara de Diputados
de la Nación vamos a presentar un proyecto de ley sobre negociación colectiva,
un proyecto de ley de paritaria, para todos los trabajadores judiciales del
país. Se trata de una ley que crea un ámbito nacional de discusión, donde estarán
presentes todos los estados empleadores, cada uno con la representación que
estime corresponder (superiores tribunales de justicia, ministerio público
fiscal -si correspondiere- y poderes ejecutivos provinciales); del otro lado
los trabajadores judiciales representados en los sindicatos que conforman la
Federación Judicial Argentina (que son 23 sindicatos), más 4 sindicatos nucleados
en SITRAJU, e incluida la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, que
es otro sindicato que nuclea a los trabajadores federales.


¿Qué objetivo
persigue este proyecto?

El objetivo de la ley es crear justamente ese ámbito donde
serían discutidos todos los temas que sean necesarios: salarios, condiciones de
trabajo, carrera profesional, licencias, bonificaciones, acuerdos entre
provincias o distintas jurisdicciones sobre traslado de personal de una
jurisdicción a otra, etc.  El tema es que
este ámbito nacional tenga como objetivo prioritario establecer un piso de
derechos.

Es decir, hoy tenemos tantas escalas salariales, tantas
condiciones de trabajo, tantos nomencladores de cargos, como jurisdicciones
existen. Lo que pretendemos es que, habida cuenta de que se trata de un gremio
presente nacionalmente, donde sus trabajadores hacen la misma tarea en todos
lados, que haya una correspondencia, a igual tarea igual salario, y que existan
condiciones de trabajo similares, inclusive con un mismo escalafón. Hoy eso no
existe.


Esta diferencia de
realidades laborales ¿cómo repercute en el salario?

En la actualidad hay una gran dispersión salarial. Hay jurisdicciones
donde el ingresante cobra, 15, 18, o 20.000 pesos y hay jurisdicciones donde
cobra 5.000 pesos. Es decir que está un 40% por debajo, incluso, del salario
mínimo vital y móvil. Y en algunos lugares la cantidad de trabajadores
contratados supera a la mitad de la planta de trabajadores permanentes. En fin,
hay un universo muy heterogéneo de realidades. Por eso necesitamos crear un ámbito,
que incluya a la Corte Suprema de Justicia la Nación, donde podamos discutir
estas cuestiones.


¿Hubo antecedentes de
iniciativas como es esta?

Se trata de una vieja reivindicación de los judiciales. Años
atrás, en 2009, estuvimos a punto de poder avanzar en una ley, que tuvo media
sanción en diputados pero en el senado naufragó, fue archivada, nunca se trató.

Ahora hemos vuelto a la carga nuevamente, en un marco muy
unitario entre los trabajadores judiciales, a punto tal que este proyecto está
firmado y presentado por un número importante de legisladores de los más
diversos partidos, salvo el partido del actual gobierno, el PRO, y algún otro
partido. Pero lo importante es que es un proyecto elaborado por los
trabajadores, y los diputados lo que hicieron fue hacerlo suyo.


La OIT se ha
expresado favorablemente sobre lo que ustedes demandan ¿verdad?

Hay un respaldo importante a nivel internacional. En 2012,
en el caso 2881, la Organización Internacional del Trabajo elaboró un dictamen
donde recomendó al Estado argentino avanzar en las gestiones que fueran
necesarias para hacer realidad la negociación colectiva en el ámbito de los poderes
judiciales en todo el país. Después hubo un dictamen del Comité de Libertad
Sindical y otro de la Comisión de Expertos, este año entendemos que se va a dar
la misma situación. Pero el Estado argentino, tanto con el gobierno anterior de
Cristina Kirchner, como en el actual de Mauricio Macri, hizo oídos sordos al
reclamo. La Corte Suprema tampoco hizo lugar a la recomendación de OIT.


¿Qué expectativas
tienen desde la FJA con este proyecto?

Nuestra máxima aspiración es llegar a un salario único en
todo el país y recuperar lo que teníamos hace 40 años, que era un fondo
compensador donde la nación aportaba recursos para aquellas provincias que no
estaban en condiciones de garantizar el salario establecido a nivel federal.
Sin embargo, hoy estamos mucho más atrás de ese planteo. Sabemos que  primero tenemos que lograr la aprobación de la
ley para que exista un ámbito de negociación. En diputados tenemos confianza en
que puede lograrse, en senadores es más difícil. Allí la relación con las provincias
es más fuerte y es un cuerpo más conservador. Pero aun hecha la ley, hay que
lograr que se sienten las provincias, la corte nacional y la justicia de la Ciudad
de Buenos Aires. Vamos detrás de ese objetivo.

 

 

 

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