Fuerte rechazo de funcionarios del Estado ante la suba de tarifas e impuestos

Uruguay

13/03/2020

Fuerte rechazo de funcionarios del Estado ante la suba de tarifas e impuestos

La Confederación de Organizaciones de Funcionarios del Estado (COFE), organización que integra la CLATE, manifestó ayer su “preocupación y rechazo” a lo dispuesto por el Decreto del presidente Luis Lacalle Pou que aumenta tarifas y elimina importantes descuentos en el IVA. “Esto reduce significativamente el poder adquisitivo de los trabajadores activos y pasivos”, denunciaron a través de un comunicado de prensa.

Los y las funcionarias del Estado del Uruguay mostraron ayer su preocupación y rechazo a esta medida ordenada por el Presidente de la República a través de un decreto que estipula un aumento para las tarifas que supera “significativamente” el porcentaje de la inflación e impacta de forma directa en el poder adquisitivo de las trabajadoras y trabajadores. Además, la medida de Lacalle Pou presentada ayer por él mismo en conferencia de prensa abarca la eliminación del descuento de dos puntos del Impuesto al Valor Agregado (IVA) previsto para el pago electrónico, lo que impactará de forma regresiva en el consumo y el poder de compra de los salarios.

En ese marco, la COFE indicó en su comunicado, que lleva la firma de su presidente, Martín Pereira y su secretario general, José Lorenzo López, que el decreto también los “preocupa por lo dispuesto en su artículo 4º”.

Dicha norma establece la prohibición de proveer los cargos vacantes generados al 31 de diciembre de 2019 y que aquellos que se generen durante el año 2020 sólo podrán ocuparse un tercio de los mismos, con las excepciones establecidas a texto expreso.

“Esto, además de impactar en el sistema de relaciones laborales en el sector público y en la calidad de gran parte de los servicios, violenta la ley vigente Nro. 16.127, que es la que regula el procedimiento para la designación de personal presupuestado y contratado del Poder Ejecutivo, estableciendo entre sus normas el tope de una designación cada dos vacantes generadas”, explica la COFE.

Por lo tanto, “el Poder Ejecutivo mediante decreto, ha procedido a establecer criterios en transgresión de la ley vigente, en especial en relación a los cupos de vacantes a ser cubiertos”, agregaron.

Para la organización de estatales, “este hecho resulta incluso desconcertante, ya que por decreto se introducen cambios que pretendían efectuarse mediante la Ley de Urgente Consideración, cuyo Proyecto fuera evaluado por nuestra Confederación y planteado en diversos contactos políticos y parlamentarios a efectos de conocer su alcance y formular nuestras dudas”.

“La medida también da cuenta de la desprolijidad con la que se está manejando la gestión de los servicios públicos y establece una señal negativa para la construcción de ámbitos de negociación confiables”, enfatizaron.

“Manifestamos también nuestra enorme preocupación ante la decisión contenida en el decreto mencionado de no renovar los vínculos de servicios personales de carácter temporal con la Administración Central y la exhortación a los organismos descentralizados y empresas públicas. Esta decisión podría llegar a implicar la expulsión a la calle de cientos de trabajadores, que si hoy mantienen sus vínculos vigentes es porque sus servicios resultaban fundamentales para garantizar la calidad de los servicios públicos, en especial aquellos de importante impacto en aspectos sensibles para nuestro pueblo”, agrega.

Contra la reducción de gastos

La COFE también analiza en su comunicado como impactarán estas medidas en los servicios públicos del país en el marco de la pandemia mundial del coronavirus y también con otros ejemplos sobre lo que implica la falta de políticas públicas.

“La reducción de los gastos de funcionamiento e inversión en un 15% se suma a las pérdidas de recursos humanos ya señaladas, y agrava las limitaciones que tendrán los trabajadores públicos para atender las necesidades de la población frente a una crisis sanitaria mundial. Enfrentar el coronavirus no es solamente un problema de atención médica, prácticamente varios de los servicios públicos van a hacer fuertemente demandados por la población en particular por los sectores más vulnerables, pero también aquellos que ejercen funciones de control en los pasos de fronteras, aduanas, aviación civil, migraciones, transporte, entre otros”, explicaron.

También pusieron como ejemplo como lo que sucederá con la declaración de emergencia agropecuaria: “muchos de los funcionarios que cumplirían la función de responder a las inquietudes de la población rural son contratados, por lo que si no se renovaran automáticamente no se podría cumplir con esa función”. Y lo mismo podría suceder otros organismos estatales como el MIDES, donde hay más de 500 contratos, o en el MVOTMA donde casi la mitad del personal tiene contratos a término.

Por último, la organización sindical denunció que “todas estas decisiones, además de sus vicios de legalidad tal como lo hemos señalado, fueron adoptadas sin su previo sometimiento a los ámbitos de Negociación Colectiva, como lo establece la ley Nro. 18.508 lo que configura una nueva violación a la normativa que está vigente”.

 

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