04/05/2016

Default y ajuste a medida de los acreedores

Se trata del mayor
default en la historia de la isla. El domingo pasado, el gobernador Alejandro
García Padilla anunció el incumplimiento de un vencimiento de u$S 420 millones
de dólares que debía pagar a los acreedores del Banco Gubernamental de Fomento
(BGF). De este modo, la deuda pública de la isla demostró su condición de impagable.
Todo hace prever que tampoco se podrá cumplir con el próximo vencimiento
previsto para el mes de julio por u$s 2.000 millones.  Desde el poder ejecutivo reclaman al Congreso
de los EE.UU. que apruebe un mecanismo para la reestructuración de deuda “de
manera ordenada y obligatoria”.


A pesar de que el
gobernador expresó públicamente haber optado por garantizar la prestación de
servicios básicos por sobre el pago a los acreedores, desde la
Oficina de Gerencia y Presupuesto (OGP) ya anunciaron una recorte en
las cuentas públicas de u$s 500 millones. Por su parte desde la Coordinadora
Unitaria de Trabajadores del Estado (CUTE) y la Central Puertorriqueña de
Trabajadores (CPT) respondieron a los intentos de ajuste con una masiva
movilización por las calles de San Juan, el pasado 1 de Mayo, Día Internacional
de los Trabajadores.



Federico Torres, Secretario General de
CUTE, señaló: “estamos viviendo una
gran
incertidumbre, porque el gobierno aprobó una ley que otorga al gobernador poder
para tomar decisiones mediante orden ejecutiva que no están claras. Se trata de
facultades que lo habilitan a decidir a quién paga y a quién no. La situación
se va a complicar cuando no se pueda pagar el próximo vencimiento de deuda en
julio, que va a afectar a las agencias y corporaciones públicas si los acreedores
deciden realizar demandas en los tribunales”.


Asimismo desde CUTE y la
CTP destacaron que lo peor que puede traer el default es la creación de una
Junta de Control Fiscal manejada desde Washington. “Es lo que están
pretendiendo hacer los republicanos en el Congreso de los EE.UU., armar una
junta mediante la cual se van a tomar las medidas que sean necesarias para garantizar
el pago a los bonistas, pero no para garantizar el servicio al pueblo, los derechos
de los trabajadores, la existencia de los convenios colectivos, la seguridad
del empleo ni la permanencia en ninguna de las agencias públicas”, advirtió
Torres.


En el mismo sentido, el
Secretario General de CUTE expresó que la junta será nombrada por el Congreso
de los EE.UU. y estará conformada por norteamericanos y ningún puertorriqueño.  “Van a tener poderes sobre el poder legislativo
y el poder ejecutivo de Puerto Rico. Es como si fuera un revocatoria del
mandato que el pueblo le dio al gobierno, pero sin ninguna participación del
pueblo de Puerto Rico”, informó Torres. En un documento conjunto elaborado por
CUTE y CPT se advierte sobre las 20 medidas que podría tomar la Junta, entre
las que se incluye: congelamiento de salarios y pensiones, reducción del
salario mínimo a trabajadores menores de 25 años, privatización de servicios
públicos, anulación de leyes votadas por el congreso local y  prohibición del derecho a huelga a los
trabajadores públicos, entre otros.


Un dato llamativo del
default puertorriqueño es que uno de sus acreedores es el Fondo Aurelius, que
obtuvo el apoyo de la justicia norteamericana para cobrar bonos de la deuda
argentina sin ingresar en la reestructuración aceptaba por el 93% de los
acreedores de ese país. Aurelius tendría más de u$s 300 millones de dólares de
la deuda puertoriqueña, que habría comprado en los últimos años al 40% de su
valor, cuando muchos inversores comenzaron a desprenderse de esos títulos
públicos ante la situación fiscal del país. Todo indica que Aurelius seguirá frente
al default de Puerto Rico la misma estrategia emprendida con la deuda
argentina, que le permitió obtener ganancias del orden del 1200%.

 

               

 

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