Criminalización de la protesta: condenan a dirigente de municipales neuquinos

Argentina

20/03/2019

Criminalización de la protesta: condenan a dirigente de municipales neuquinos

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales de Neuquén (SiTraMuNe), Santiago Baudino, fue condenado por la Justicia de la provincia de Neuquén, en la Patagonia argentina, por el corte de una calle en el marco de una protesta por despidos.

Por Fabian Polizzo, desde Neuquén

Si bien el magistrado a cargo de la causa todavía no dio a conocer la pena, y por ende tampoco se encuentra firme la condena, desde la Municipalidad de Neuquén -quienes denunciaron a los dirigentes-,  festejaron el fallo y pretenden que el mismo siente un precedente para criminalizar y perseguir judicialmente a quienes protesten en todo el país.

Baudino encabezó una protesta y fue condenado

La protesta se originó por el despido de 33 contratadas que trabajaban bajo la órbita de la Secretaría de Desarrollo Humano de la Municipalidad de Neuquén. Si bien desde la comuna argumentaron que habían sido desafectadas porque se les vencía el vínculo y se decidió no renovarlo, el sindicato adujo que muchas de esas trabajadoras llevaban más de dos años de servicio en la Ciudad y que, por ende, se trataba de una relación de dependencia encubierta.

Además, las mujeres despedidas denunciaron que se las obligaba a realizar tareas de índole partidaria en horario de trabajo, además de entregar aportes que salían de sus contratos para ser destinados a Nuevo Compromiso Neuquino (NCN), el partido político del intendente de Neuquén, Horacio “Pechi” Quiroga.

Los días 8 y 11 de septiembre de 2017 los trabajadores municipales de la ciudad de Neuquén se manifestaron exigiendo la reincorporación de las 33 despedidas movilizándose hasta la intersección de las calles Roca y Avenida Argentina, esquina donde se encuentra el Palacio Municipal.

Inmediatamente la Municipalidad de Neuquén denunció al Secretario General de SiTraMuNe, Santiago Baudino y a dos miembros del sindicato, Juan Bautista Castro y Víctor Beroiza por el delito de “entorpecimiento de circulación de medios de transporte o servicios públicos”. (Artículos 45 y 194 del Código Penal).

Un año después, la Justicia resolvió elevar la causa a juicio oral, desestimando el pedido de sobreseimiento de los tres dirigentes efectuado por la Fiscalía y reconociendo a la Municipalidad de Neuquén como querellante, razón por la cual debió llevar adelante la acusación en soledad.

En ese sentido, el abogado y diputado provincial del Frente Neuquino, Mariano Mansilla, sostiene que “la idea del municipio como querellante particular habilita la persecución política”, además de evaluar como negativo que la causa haya llegado a sentencia con la sola acusación de la querella, que en este caso es la propia Municipalidad de Neuquén.

“El Municipio no es una víctima particular que puede sostener una acusación cuando el Ministerio Publico Fiscal abandona la causa. Ello está previsto para situaciones donde el afectado -una víctima particular, por ejemplo en un caso de abuso-, puede impulsar el caso, aun cuando el Fiscal entiende que no debe continuar con la acción penal. Allí, claramente la victima tiene derecho a conseguir justicia a pesar de la negativa del Ministerio Público”, señaló Mansilla.

El letrado explicó también que “el Municipio, -que es el Estado-  ya se encuentra representado por el Ministerio Publico, y no puede seguir instando la acción penal si el Fiscal entiende que no existen elementos para continuar, o como en este caso, que el hecho no constituye delito”.

El juicio oral se realizó durante tres días, y el juez sobreseyó a los dirigentes Castro y Beroiza, encontrando culpable solo a Baudino. En efecto, el juez de Garantías Mauricio Zabala condenó al dirigente sindical por “entorpecimiento del normal transporte por tierra” y determinó que “se había afectado el derecho al libre tránsito en horario complejo y en el centro de la ciudad”.

“Los trabajadores estamos en una situación peligrosa, porque con este fallo lo que pretenden hacer es que cada sindicato, cada trabajador y cada movimiento social cierre la boca y no reclame ante las injusticias laborales y sociales a las que nos someten” expresó Baudino minutos después  de conocerse el fallo.

El dirigente instó a “enfrentar todos en unidad este fallo peligroso para toda la familia trabajadora argentina” y adelantó que si bien apelarán el fallo en los estrados judiciales, aseguró que “este fallo lo damos vuelta en las calles”.

No es la primera vez  y seguramente no será la última, que la protesta y el reclamo, cualquiera sea su forma, es judicializada. En Neuquén durante los años 90 los dirigentes estatales de ATE, los docentes de ATEN y los judiciales de SEJUN ostentaron el triste récord de “procesamientos” judiciales en la Argentina, solo por el hecho de reclamar por los derechos de sus representados e incluso se llegó a la detención y encarcelamiento de Julio Fuentes y Horacio Fernández, ambos dirigentes estatales y miembros de la CLATE, en el año 2002.

Con estas acciones, la justicia responde al designio del poder político de disciplinar, acallar y temer el simple e inalienable derecho de reclamar y peticionar consagrado en la Constitución Nacional, porque como señala el abogado constitucionalista Roberto Gargarella, “el derecho a la protesta resulta ser un derecho fundamental, que al contrario de ser criminalizado debiera ser protegido por el Estado y respetado por los funcionarios judiciales” porque “el derecho debe dar especial protección a quienes reclaman por ser tratados como iguales, es decir, debe proteger en lugar de acallar a la protesta. El derecho a protestar aparece así, como ‘el primer derecho’: el derecho a exigir la recuperación de los demás derechos”.   

 

40 Vistas