Corte Suprema de EE.UU. ataca derechos sindicales de trabajadores públicos

Mundo

29/06/2018

Corte Suprema de EE.UU. ataca derechos sindicales de trabajadores públicos

El Tribunal Supremo de Justicia estadounidense emitió un fallo antigremial al decidir que los empleados públicos no pueden ser obligados a contribuir con cuotas a las organizaciones que los representan en las negociaciones colectivas. “Es el caso más importante en materia de relaciones laborales en las últimas décadas y le apunta a la línea de flotación de los sindicatos”, denunció el abogado laboralista Luis Campos.

Prensa CLATE

La mayoría conservadora en el tribunal anuló por cinco votos contra cuatro una medida que tenía de 41 años de antigüedad. La Corte Suprema consideró que las cuotas gremiales obligatorias para los no afiliados son inconstitucionales. Este ataque a los sindicatos del sector público fue celebrado en su cuenta de twitter por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump: “¡Es una enorme pérdida para la caja de los demócratas!”, celebró.

El fallo anula las llamadas “disposiciones de cuotas sindicales justas” y ocasionará pérdidas millonarias a las organizaciones del sector público. La medida recibió el apoyo entusiasta de grupos conservadores, empresariales y del Partido Republicano.

La Federación Estadounidense de Empleados Estatales, Condales y Municipales (AFSCME, por su sigla en inglés) emitió un comunicado de repudio: “Es vergonzoso que los directores ejecutivos multimillonarios y los intereses corporativos que están detrás de este caso hayan logrado manipular al máximo tribunal de justicia para cumplir su voluntad. Este caso no fue más que un descarado ataque político para amañar aún más nuestra economía y democracia en favor de los ricos y poderosos y en contra de los estadounidenses de clase media”.

Este fallo, denunciaron desde la central obrera estadounidense AFL-CIO, “intenta robarnos la habilidad de poder negociar un salario justo, seguro médico y buenos beneficios”. Y advirtieron que “los millonarios detrás de esta decisión no saben que las uniones van a organizarse más que nunca para poder vencerlos”.

Asimismo, los Servidores Públicos Unidos de Puerto Rico (filial de AFSCME en esepaís que tiene un estatus de Estado Libre y Asociado de los Estados Unidos) calificaron el fallo como “un ataque de la mayoría conservadora a los derechos de las familias trabajadoras en beneficio de los intereses de las grandes empresas y corporaciones multimillonarias.Nuestros miembros se han reiterado en su compromiso con su organización, y con la defensa colectiva de sus derechos y beneficios. Esta determinación antiobrera lo que hace es beneficiar a los grandes intereses, pero a la misma vez fortalece el espíritu de lucha de las uniones”.

La sentencia implica que unos cinco millones de trabajadores del sector público no sindicalizados dejarán de pagar cuotas.

Con la decisión, la corte estadounidense reconfirma su clara inclinación conservadora, después de estar al borde de un cambio tras la súbita muerte del juez AntoninScalia en febrero de 2016. El entonces presidente del país, Barack Obama, había llegado a indicar al moderado magistrado Merrick Garland para ocupar esa plaza, pero los republicanos en el Senado se negaron a analizar o votar ese nombramiento alegando que era año electoral. Después de ganar las elecciones presidenciales en noviembre de ese año, Trump desechó a Garland y nombró a Neil Gorsuch, de apenas 50 años, en un gesto que mantuvo la mayoría conservadora en el tribunal.

El fallo

Luis Campos, coordinador del Observatorio del Derecho Social de la CTA-Autónoma, subrayó que es “el caso más importante en materia de relaciones laborales en las últimas décadas y le apunta a la línea de flotación de los sindicatos”.

“En el caso ´Janus v. AFSCME´ la Suprema Corte de Estados Unidos señaló que el establecimiento de aportes obligatorios en favor de los sindicatos de trabajadores del sector público que firman el convenio colectivo a cargo de no afiliados (“agencyfees”) es contrario a la primera enmienda (“libertad de expresión”) y por ende inconstitucional. La Suprema Corte revirtió así un precedente dictado hace 40 años donde había avalado este tipo de contribuciones obligatorias”, describió Campos.

En relación al impacto de esta sentencia sobre los sindicatos del sector público aseguró que “va a ser muy significativo ya queapunta a promover la desafiliación de los sindicatos, a pesar de que ellos van a seguir estando obligados a negociar colectivamente en representación de afiliados y no afiliados”.

Los sindicatos denuncian que este caso no responde a la decisión individual de un trabajador, sino que es parte de una estrategia de litigio financiada por organizaciones conservadoras para debilitar a las organizaciones sindicales fomentando los “free-riders”, es decir, los trabajadores que se benefician del convenio sin aportar al sindicato.

Finalmente, el especialista en derecho laboral aseveró que este afectará “a la AFL-CIO dado que en las últimas décadas el sector público ha tenido una creciente importancia, algo que también resulta aplicable a la mayoría de los países de la región”.

Advirtió Campos que “no hay que considerar este fallo como un caso aislado, sino como parte de una ofensiva sobre los trabajadores y las organizaciones sindicales de mucho más largo alcance. Teniendo en cuenta el impacto que suelen tener los fallos de la Suprema Corte de Estados Unidos sobre los tribunales de otros países de la región, no sería extraño que estas discusiones se planteen prontamente en países donde existen este tipo de sistemas”.

 

 

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