29/11/2016

Con los salarios en la mira

La ilusión empresaria


Pensando como un empresario, el presidente Mauricio Macri
vuelve a cargar las tintas sobre los costos laborales. Concretamente, plantea
la reducción de los salarios reales -por vía de la inflación– y la eliminación
de algunas condiciones laborales –“revisando” los convenios colectivos–, para
así incrementar la rentabilidad de las empresas.


La mayoría de sus propuestas son directamente ilegales, y
contradicen garantías constitucionales. Pero pasando por alto esa barrera
legal, vale la pena recordar que las políticas de salarios dignos nacieron en
el mundo justamente para enfrentar las crisis económicas. En Estados Unidos en
los años 30, en Argentina una década más tarde.


En aquellos años, los empresarios que se oponían a esas
políticas, planteaban que la única salida a la crisis era la rebaja general de
salarios, en tanto así retornarían al sistema productivo los capitales fugados
o inactivos. Keynes les respondía que sólo era posible afirmar eso pensando
–erróneamente– que se mantendrían las mismas condiciones de mercado, pero que
obviamente ante una rebaja general de salarios se reduciría el consumo y se
retraería la demanda, modificando las condiciones que llevaban a sostener tal
medida como una solución general. Más aún, ello precipitaría su propia quiebra.


El mecanismo para uniformar los salarios son los convenios
colectivos de trabajo, ahora atacados por el presidente Macri por obsoletos. La
negociación colectiva por actividad es una característica particular de nuestro
país, conseguida y defendida por el movimiento obrero.


Desde hace más de una década, los convenios colectivos se
revisan cada año en Argentina, porque esa es la vigencia de los acuerdos
salariales. En su negociación intervienen los sindicatos y los empresarios en
forma directa, y el rol del Estado se limita a controlar, una vez firmados, si
se violentó alguna norma laboral. Es decir, se ocupa de que en esa negociación
no se hayan perforado pisos mínimos en perjuicio de los trabajadores. Las
declaraciones del Presidente entonces lo que pretenden es dejar ese rol
mediador del Estado e inclinar la balanza para el lado del más poderoso.


Una discusión seria merecería incluir en el debate algo
esencial en este tema: la tasa de ganancia empresaria. No se realizan estudios
económicos en este sentido –o no se difunden–, y en las negociaciones
colectivas, el Ministerio de Trabajo no lleva adelante una política que
implique solicitar a las empresas que presenten los balances contables, a pesar
de que es una obligación legal. A diferencia de lo que ocurre con los salarios,
es muy dificultoso conocer la tasa media de ganancia empresaria.


Lo que el enfoque presidencial oculta entonces es que la
libertad de empresa tiene la limitación de las normas laborales. Para que un
comercio sea rentable, debe ante todo dar cumplimiento a la legislación social,
especialmente la que dispone el precio de la fuerza de trabajo necesaria para
su funcionamiento.


Lo afirmó Bialet Massé en 1905: “el que no puede pagar a sus
peones lo que les necesario para vivir estrictamente, no los tiene; como el que
no puede comprar y mantener un caballo, anda a pie; y si no puede dedicarse a
una industria o a un trabajo, se dedica a otro…”. En el mismo sentido,
Roosevelt expresó en un famoso discurso mientras enfrentaba –y derrotaba– la
mayor crisis económica de Estados Unidos, que “ningún comercio, cuya existencia
dependa del pago de salarios menores que los suficientes para la vida a sus
obreros, tiene derecho a continuar en este país”. En síntesis, reducir salarios
no es una posibilidad para enfrentar la crisis de un país. Y defender la
negociación colectiva por actividad es una responsabilidad del movimiento
obrero.


* Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas (AAL)
de Argentina y miembro de la Asociación Latinoamericana de Abogados
Laboralistas (ALAL).

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