09/05/2014

CHILE: Fallo histórico de la Corte Suprema establece que funcionarios públicos están cubiertos por procedimientos de tutela laboral

El 30 de abril, en un fallo dividido (causa rol 10972-2013),
la Cuarta Sala
de la Corte Suprema,
integrada por los ministros Ricardo Blanco, Gloria Ana Chevesich, Carlos
Aránguiz y Andrea Muñoz; además del abogado integrante Guillermo Piedrabuena,
dictaminó que los funcionarios públicos también pueden ser objeto de los
procedimientos de tutela laboral, en el marco de los procesos que se siguen
ante los juzgados de Letras del Trabajo.

 

El pronunciamiento de los ministros se debe a que el Máximo
Tribunal acogió el recurso de unificación de jurisprudencia, presentado por la
abogada Ana Fullerton, en contra del fallo de la Corte de Apelaciones de
Santiago que rechazó una demanda de un funcionario de la Central Nacional
de Abastecimiento de Salud, CENABAST.

 

La
Corte Suprema
determinó que los funcionarios públicos no se
encuentran limitados por el Estatuto Administrativo para acceder a los
procedimientos del Código del Trabajo reformados. Entendiéndose que la tutela
laboral es un procedimiento por el cual el trabajador reclama la violación de
sus derechos fundamentales en su relación con el empleador. Como por ejemplo;
actos discriminatorios por raza, sexo, edad, religión, opinión política,
infracciones por prácticas desleales o antisindicales y negociación colectiva,
entre otras.

 

“No existe una razón jurídica valedera para excluir de su
aplicación a toda una categoría de trabajadores, como son los funcionarios
públicos, particularmente si se toma en consideración que los elementos de
subordinación y dependencia propios de la relación laboral, se dan fuertemente
en el contexto de las relaciones del Estado con sus trabajadores, siendo éste
un espacio en el cual la vigencia real de los derechos fundamentales puede
verse afectada a consecuencia del ejercicio de las potestades del Estado
empleador”.

 

“Es menester destacar que el Estatuto Administrativo ha sido
modificado por leyes recientes para consagrar la vigencia del derecho del
funcionario a no ser discriminado por el empleador -artículo 17 inciso 2°- y ha
reconocido su dignidad como persona humana, prohibiendo todo acto entre los
mismos compañeros de labores en que ésta se vea afectada. Ello confirma que la Administración del
Estado no es ajena al compromiso de velar porque los derechos fundamentales de
los funcionarios sean respetados y conduce a promover una interpretación que
permita integrar las normas del Código del Trabajo que estén orientadas a hacer
posible, en los hechos, el ejercicio de tales derechos”, concluye.”, se
concluye en el fallo.

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