16/01/2015

BRASIL: Nota de las Centrales Sindicales en defensa de los derechos y el empleo

Reunidas en la sede nacional de la CUT en San Pablo, las centrales
sindicales brasileñas – CUT, Fuerza Sindical, UGT, CTB, Nueva Central y CSB –
manifiestan públicamente su rechazo a los dos Decretos de Necesidad y Urgencia (MP
664 y MP 665) editados por el Gobierno Federal a fin de año sin consultar o
discutir previamente con la representación sindical de los trabajadores y
trabajadoras, y que, en nombre de “corregir distorsiones y fraudes”, atacan y
reducen derechos referentes al seguro-desempleo, bono salarial (PIS-Pasep), “seguro-veda”
(para pescadores profesionales en período de veda), seguro-reclusión,
pensiones, asignación-enfermedad y establecen, además, la tercerización de la
pericia médica en el ámbito de las empresas privadas.

 

Las medidas incluidas en los dos decretos mencionados afectan a los
trabajadores en la medida en que dificultan el acceso al seguro-desempleo con
la exigencia de 18 meses de trabajo en los 24 meses anteriores al despido, en
un país en el que la rotatividad de la mano de obra es alta, impidiendo en
particular el acceso de los trabajadores jóvenes a este beneficio social. Las
nuevas exigencias para la pensión por muerte penalizan igualmente a los
trabajadores: mientras, por un lado, no toca las pensiones de algunos “privilegiados”,
por otro, restringe el valor del beneficio en hasta un 50% para los
trabajadores de bajos ingresos.

 

Las Centrales Sindicales condenan no sólo el método utilizado por el
Gobierno Federal, que antes se había comprometido a dialogar previamente sobre
eventuales medidas que afectaran a la clase trabajadora, de anunciar de forma
unilateral los decretos 664 y 665, así como el contenido de esas medidas, que
contradicen el compromiso con el mantenimiento de los derechos laborales.

 

De forma unánime, las Centrales Sindicales reivindican la revocación/retirada
de estos decretos, de tal modo que se abra una verdadera discusión sobre la
corrección de distorsiones y eventuales fraudes, discusión para la cual las Centrales
siempre estuvieron abiertas, reafirmando su defensa de los derechos laborales,
los cuales no aceptamos que sean reducidos o tengan su acceso dificultado.

 

Las medidas, además de afectar a los trabajadores y trabajadoras, van en
contra de la estructuración del sistema de seguridad social, con la reducción
de derechos y sin el combate efectivo a las irregularidades que habrían sido la
motivación del gobierno para adoptarlas. De esta manera, las Centrales
Sindicales entienden que los cambios propuestos por los decretos tendrán un
efecto negativo en la política de reducción de las desigualdades sociales,
bandera histórica de la clase trabajadora.


Las Centrales Sindicales mantendrán una reunión con el Ministro de la
Secretaría General de la Presidencia de la República el 19 de enero, en San
Pablo, en la cual solicitarán formalmente la retirada de las medidas por parte
del Poder Ejecutivo y presentarán sus propuestas.

 

Las Centrales Sindicales también expresaron su total solidaridad con los
trabajadores de Volkswagen y Merceder Benz despedidos también a fin de año y
consideran que la restitución de sus puestos de trabajo es una cuestión de
honor para el conjunto del movimiento sindical brasileño. Las Centrales Sindicales
consideran inaceptable que las ensambladoras, empresas multinacionales que
recibieron enormes beneficios fiscales del gobierno y remitieron miles de
millones de ganancias a sus matrices en el exterior, a la primera señal de
dificultad, hagan despidos masivos.

 

Las Centrales Sindicales también exigen una solución inmediata para la
situación de los trabajadores y trabajadoras de las empresas contratistas
contratadas por Petrobras; defienden el combate a la corrupción y que los
desvíos de los recursos de la empresa sean investigados y los criminales
juzgados y punidos ejemplarmente. Sin embargo, no podemos aceptar que el hecho
sea usado para debilitar a Petrobras, patrimonio del pueblo brasileño,
contestar su explotación petrolera basada en el régimen de participación, ni su
política industrial fundamentada en el contenido nacional y, mucho menos, para
inviabilizar la explotación del Pré-sal. Las Centrales también no aceptan que
los trabajadores de la cadena productiva de la empresa vean sus derechos
afectados o pierdan sus empleos en función de este proceso.

 

Por último, las Centrales Sindicales convocan toda su militancia a movilizar
sus bases y salir a las calles de todo el país el próximo 28 de enero para el
Día Nacional de Luchas por empleo y derechos. Invitan, asimismo, a todas sus
entidades orgánicas y afiliadas, de todos los gremios y sectores que conforman
las seis centrales, a participar activamente de la 9ª Marcha de la Clase
Trabajadora, prevista para el 26 de febrero, en San Pablo, con el objetivo de
visibilizar nuestras principales reivindicaciones y propuestas.

 

San Pablo, 13 de enero de 2014

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