16/04/2015

BRASIL: La CSPB rechaza todo tipo de tercerización y privatización en el sector público

La CSPB, a través de un comunicado, rechazó la tercerización generalizada contenida en el proyecto y convocó al conjunto de las Federaciones vinculadas a la confederación a movilizar sus bases en apoyo al Día Nacional de Luchas contra el PL 4330/04, con PARALIZACIÓN, este miércoles 15 de abril.

Durante la
audiencia, el presidente de la CSPB, João Domingos Gomes dos Santos, reafirmó
que la confederación está en contra de todo tipo de tercerización y
privatización en el servicio público. El líder sindical argumentó que, además
de atacar derechos laborales consagrados en la Constitución Federal, la
tercerización, en los moldes del PL 4330, sólo interesa a aquellos que, por
motivos personales ajenos a los intereses colectivos, intentan beneficiarse de
la explotación del trabajo o generar oportunidades para desvíos con objetivos
ilícitos. “La tercerización es la puerta más cómoda, por ende la más usual,
para la entrada de la corrupción en el sector público”, afirmó Domingos.

Encabezada
por el senador Paulo Paim (PT-RS), la Audiencia Pública para debatir el
Proyecto de Ley que reglamenta la tercerización fue exitosa, ya que reunió magistrados,
expertos en derecho laboral y sindicalistas. Durante el debate, Paulo Paim
sugirió crear una Comisión General en el plenario del Senado Federal para debatir
el PL 4330 antes que el texto sea sometido a votación. Según el congresista, la
falta de discusión en la Cámara de Diputados sobre el tema llevó a muchos
parlamentarios a una votación apresurada, debido al régimen de urgencia, y a un
análisis equivocado del punto de vista del interés social. “Esta discusión debe
ser realizada en esta casa legislativa antes de votar un tema tan importante”,
dijo el senador.


El
presidente del Senado Federal, Renan Calheiros, se comunicó telefónicamente con
la asesoría de la Comisión de Derechos Humanos y afirmó que, luego ver los
debates, no quedan dudas sobre la importancia de no atropellar las discusiones
sobre el tema. Confirmó, asimismo, la reunión temática que se realizará antes
de la votación del texto en el plenario. Afirmación que fue celebrada por los
participantes de la Audiencia.


Durante la
Audiencia Pública se exhibió también un video patrocinado por la Asociación
Nacional de los Magistrados de la Justicia del Trabajo (Anamatra), donde reconocidos
actores exponen una serie de argumentos que demuestran las graves consecuencias
que tendría el PL 4330 para los trabajadores brasileños, de ser aprobado y
reglamentado (*).

Para la secretaria
general de Anamatra, la jueza Noemeia Porto, la defensa del PL 4330 sólo
atiende a los intereses del poder económico que, con la máxima explotación de
la mano de obra precarizada y desprotegida de derechos, pretende multiplicar
sus ganancias con el sacrificio “máximo” de los trabajadores. Según ella, el
avance de la tercerización revela un escenario de “bajos salarios, aumento de
los accidentes laborales y burla al derecho de vacaciones”. Para la jueza, los
argumentos de que la adopción de la tercerización generará más empleo no tiene
el “menor” fundamento en la realidad. “Escuchamos a siguiente frase: la
tercerización creará nuevos puestos de trabajo. La primera cuestión importante
que hay que decir es: una ley no crea empleos, ninguna ley es capaz de crear
empleos. Lo que sí puede pasar efectivamente es que una ley contribuya para la
pésima calidad del empleo brasileño”, afirmó.


El
presidente del Tribunal Superior del Trabajo (TST), Antonio José de Barros
Levenhagem, destacó: “Si tenemos por un lado la necesidad de que las empresas
tengan más productividad, eso no les da el derecho a los empleadores a aumentar
la productividad sustrayendo derechos de los trabajadores. “Hay que encontrar
un término, un consenso, que pueda atender a la expectativa de las empresas,
así como la expectativa de los trabajadores”.


Para el
procurador del Ministerio Público del Trabajo, Hélder Santos Amorim, tercerizar
la actividad principal es inconstitucional. Además, Amorim advirtió que, en
pleno período de ajuste fiscal, la tercerización irrestricta puede reducir “dramáticamente”
la recaudación del Estado. “La empresa que terceriza su mano de obra no
recauda, por ejemplo, para la Previsión Social. “Una empresa que terceriza
todas sus actividades está vacía de su función social, sólo persigue la
ganancia por la ganancia. Es importante recordar que la función social de la
propiedad está prevista en el texto constitucional”, advirtió el procurador.


Por su
parte, el presidente de la Comisión del Derecho del Trabajo de la Orden de
Abogados de Brasil/Distrito Federal (OAB/DF), Dino Andrade, defendió que en la
imposibilidad de vínculo laboral con la empresa contratante, la igualdad
salarial para los trabajadores tercerizados que actúan en el mismo segmento queda
invibilizada. “Eso perjudica a todo el gremio que, al ofrecer sus servicios a
una empresa tercerizada, está sometida a los salarios establecidos,
individualmente, por cada una de esas empresas. El trabajador puede, con eso,
recibir salarios muy distintos a sus pares profesionales”.


Para el
presidente de la Asociación Nacional de los Procuradores del Trabajo (ANPT),
Carlos Eduardo Azevedo, incluso del punto de vista económico, la tercerización
no se justifica por la lógica. “Cualquier negocio que tenga un intermediario en
el medio termina siendo más caro. Eso no tiene lógica, a menos que alguien
pague la cuenta. En este caso, es evidente que el trabajador tercerizado es el
que va a pagar la cuenta”, defendió.


Durante las
presentaciones, la asesora de la Dirección Técnica del Departamento
Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (Dieese), Lílian Arruda
Marques, presentó diversos datos para confirmar cómo se ve afectada la clase
trabajadora tercerizada en el país. Entre ellos, algunos sorprendieron a los
presentes con constataciones alarmantes, tales como: de los 3.553 trabajadores
rescatados en condición análoga al trabajo esclavo, 2.998 eran tercerizados;
cerca de 84% de los accidentes laborales afectan a trabajadores contratados por
el mecanismo de tercerización y, de cada diez decesos ocurridos durante la actividad
laboral, 8 son de trabajadores tercerizados.

 

Participación
sindical


Prácticamente
todas las cen
trales sindicales participaron de la audiencia. Con muchos puntos
de convergencia, los sindicalistas presentes rechazaron unánimemente el texto
del proyecto que reglamenta la tercerización. Todas las organizaciones se
comprometieron a participar de la movilización programada para este miércoles
15 de abril.

João
Domingos, presidente de la CSPB, reafirmó que la confederación está en contra de
todo tipo de tercerización y privatización en el servicio público. El líder
sindical argumentó que, además de atacar derechos laborales consagrados en la
Constitución Federal, la tercerización, en los moldes del PL 4330, sólo
interesa a aquellos que, por motivos personales ajenos a los intereses
colectivos, intentan beneficiarse de la explotación del trabajo o generar
oportunidades para desvíos con objetivos ilícitos. “La tercerización es la
puerta más cómoda, por ende la más usual, para la entrada de la corrupción en
el sector público”, afirmó Domingos.


Para la
representante de la Unión General de los Trabajadores (UGT), Telma Maria
Cárdia, el 4330 es nocivo para la economía del país. “El proyecto permite que
todas las empresas se liberen de sus cargas tributarias afectando,
directamente, la recaudación del Estado brasileño, quebrando la seguridad social y sometiendo a los trabajadores a todo tipo de humillación”, defendió.


El director
Nacional de la Organización Sindical de la Nueva Central Sindical de
Trabajadores (NCST), Geraldo Ramthun, argumentó que las centrales sindicales
nunca le huyeron al debate con las patronales. El sindicalista advirtió, también,
que, por el texto del proyecto, el PL 4330 permite la “cuarterización”, una vez
que la empresa contratada podrá contratar otra empresa. “Esta aberración ocurre
por la pérdida, en el parlamento brasileño, de la correlación de fuerzas. Sin
el equilibrio entre el capital y el trabajo, serán inevitables los conflictos
sociales de dimensiones incalculables”, afirmó.


Para el
representante de la Central Única de los Trabajadores (CUT), Graça Costa, lo
que está en juego es el modelo de desarrollo nacional brasileño. La
sindicalista destacó la importancia de modificar el sistema que permite el financiamiento
empresarial de las campañas políticas en el país, como medio de mejorar la
representación de los trabajadores en el Congreso nacional. Graça defendió que,
sin ese esfuerzo, los trabajadores lamentarán, en cada nueva elección, la
pérdida de representación política. “Lo que los empresario desean es la libertad
total para actuar, sin frenos ni restricciones, para atender únicamente a sus
intereses privados y multiplicar sus ganancias”.


La
presidenta del Sindicato Nacional de Auditores Fiscales del Trabajo (Sinait), Rosa
Maria Campos Jorge, recordó que este no es el primer intento –ni será el
último- de reglamentar la tercerización en detrimento de los trabajadores
brasileños. “Estos intentos fueron frenados, en otras oportunidades, por la
heróica bancada de parlamentarios que, con mayor representación, defendieron el
movimiento sindical. Bancada que desafortunadamente fue dramáticamente reducida
en estas últimas elecciones”, dijo.


Para el
vicepresidente de la Central Sindical de Trabajadores y Tr
abajadoras de Brasil
(CTB), Joilson Cardoso, el discurso de los defensores de la tercerización es
vacío. “Nosotros no podemos aceptar la afirmación falsa de que el PL 4330 vino
para ampliar los derechos de los trabajadores tercerizados que aún carecen de
legislación específica. No se amplió nada. Sólo se amplió la libertad de las
empresas para contratar a trabajadores tercerizados en todos los sectores”,
alegó.

Según el
representante de la CSP Conlutas, Luis Carlos Prates, el principal motivo para
este ataque a los derechos de los trabajadores es la ganancia. “Por lo tanto,
debemos afectar su ganancia, con huelgas y paralizaciones, para que el
enfrentamiento sea en condiciones ecuánimes. Este es el mayor ataque a los
derechos laborales desde la redemocratización del país. Debemos reaccionar o
seremos arrastrados por la ganancia de aquellos que quieren lucrar con la
explotación del trabajador”, defendió.


* Fotos de Júlio Fernandes

Secom/CSPB

(*) Haga click en la imagen a continuación para ver el video presentado en la Audiencia:


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