20/04/2016

Aumenta la presión sobre el movimiento sindical y los derechos laborales

La autonomía financiera del movimiento
sindical y los derechos de los trabajadores son objeto de un ataque de los
conservadores y los neoliberales en el Congreso, a través de solicitudes de auditoría
de Comisiones Parlamentarias de Fiscalización (CPI) y mediante pedidos de
supervisión por parte del Tribunal Federal de Cuentas sobre la finanzas de las
entidades sindicales, especialmente
de
las centrales.



Lo
que antes se daba aleatoriamente ahora sucede de forma articulada.
Hay
una división del trabajo entre los conservadores y los neoliberales, que están
al servicio del poder económico.



Los
parlamentarios de las bloques conservadores, como los ruralistas y evangélicos,
procuran  limitar a las entidades
sindicales mediante la amenaza de creación de Comisiones Parlamentarias de Investigación
(CPI) para fiscalizar el uso de los ingresos de los sindicatos y a través de auditorías
del Tribunal
de
Cuentas sobre los registros de las entidades gremiales.


Los legisladores vinculados a la bancada
empresarial, a su vez, son responsables de la presentación de proyectos que
afectan a los derechos de los trabajadores. Es el caso de los relacionados a la
suspensión de normas de protección laboral y los que disponen sobre temas como la
tercerización ó priorizan la defensa a los negocios sobre las normas laborales,
entre otros.


A diferencia de los intentos anteriores,
hay un especial cuidado en el lenguaje utilizado en la defensa de estas
iniciativas, ya sea en relación con los fondos sindicales ó en relación con el
cambio de la legislación laboral.



En
el primer caso, alegan que los sindicatos, incluyendo las centrales, tienen
plena autonomía para gestionar los fondos provenientes de la contribución de
los miembros, pero deben informar a los órganos de fiscalización y control respecto
de las cuotas sindicales obligatorias, por su carácter cuasi fiscal.



Está
claro que es una maniobra para perseguir a ciertas entidades, especialmente a las
más combativas. Como el Tribunal de Cuentas no tiene suficiente estructura para
controlar el gasto público, es de imaginar la dificultad que existe para
auditar más de diez mil organizaciones de trabajadores y empleadores existentes
en Brasil.



En
el segundo caso, que refiere a los cambios en los derechos laborales, se ha
producido una sofisticación del lenguaje en los proyectos que atacan estos
derechos.
Se
pasó de hablar de  la flexibilidad de los
derechos, a señalar la necesidad de modernización de los derechos y,
finalmente, se llegó a la idea de prevalencia de los negocios sobre los
derechos laborales.



Sin
embargo, queda claro para los trabajadores que todos estos adjetivos están destinados
a la reducción o anulación de derechos. En ese sentido, comenzó a emplearse una
terminología más suave, como “el respeto de las partes será la
manifestación y el pleno cumplimiento de los acuerdos de los convenios colectivos”.
Esto
daría una connotación valorativa de la negociación colectiva, pero en la
práctica tiene exactamente otro significado, es decir, sólo permite el
cumplimiento de la legislación laboral si el acuerdo o convención no dispusiera
un sentido diferente.



Sólo
para ilustrar cómo este posible cambio en la legislación sería perjudicial para
los trabajadores, basta decir que actualmente nadie puede negociar para reducir
o suprimir derechos, sólo se puede negociar para añadir nuevos a los ya
existentes.
En
el caso de que se aprobara una ley que estipule que un acuerdo o convenio tiene
un rango superior a una ley, los empleadores podrán presionar o chantajear los sus
empleados para que acepten sus imposiciones bajo la amenaza de que, si no lo
hacen, terminará sus actividades y pasar a
otro
estado o ciudad, donde los trabajadores acepten trabajar por lo que los
empleadores están dispuestos a ofrecer.



Además,
las ideas del empresariado y los parlamentarios que defienden sus intereses en
el Congreso están presionando para que se aprueben proyectos de tercerización
laboral, incluyendo la “pejotização”.



Con
esta tercerización todos los empleados, incluyendo los de la actividad
principal, podrían ser tercerizados. Es decir, el contratista no tendría empleados
propios y la responsabilidad de contratar y pagar salarios sería externalizada.
El
contratista/empleador no tomaría ninguna responsabilidad, ni las que pudieran
surgir de una decisión judicial, o las que resultaran de la rescisión de
contratos.



En
el caso de la “pejotização”, que es la transformación del empleado en persona
jurídica, la ventaja para el contratista tendría un doble objetivo: se podría
continuar con los servicios que presta una misma persona – pudiendo despedirla
en cualquier momento – y no tener que pagar las cargas de trabajo ni días no
laborales, entre otros.



Puede parecer simplista e incluso grosera la forma en que expone esta
situación, pero eso es exactamente lo que quieren los que defienden o patrocinan
las iniciativas mencionadas.
Ellos
piensan que la crisis económica, con la recesión y el creciente desempleo,
ayuda a crear las condiciones para poner en práctica estas propuestas.
Por
lo tanto, es necesario estar atentos para evitar que este tipo de amenazas se
viabilicen en el Congreso Nacional.

8 Vistas