29/12/2015

ATE: Carta Abierta al Presidente de la Nación

Hay tres cuestiones que expresan la urgencia de los trabajadores del Estado Nacional que tienen que ser resueltas en lo inmediato:

Estabilidad laboral, reapertura de paritaria y Bono de fin de año

Ante el retraso salarial producto del aumento de precios a lo largo del año que se ha agudizado en los últimos dos meses y la devaluación de alrededor de un 40% que tiene un pacto impredecible sobre la economía y sus precios, es urgente que se reabra la paritaria porque los trabajadores del Estado Nacional no pueden esperar hasta el mes de Mayo para reordenar sus salarios. Además, es necesario que se establezca un bono de 5 mil pesos para todos los trabajadores del sector para que compense, aunque sea en parte, la enorme pérdida salarial que la transferencia de ingresos está produciendo sobre los haberes de los trabajadores.

Además, es necesario abrir un marco formal de la discusión paritaria y una mesa permanente de abordaje para la problemática de los trabajadores del Estado Nacional entre el Ministerio de Modernización, el Ministerio de Trabajo y la representación de los trabajadores, no solamente para garantizar de inmediato la continuidad laboral de los aproximadamente 95.000 trabajadores precarios, sino para empezar a discutir formulas que permitan terminar con la precarización laboral.

El Salario Mínimo está por debajo de las necesidades básicas

Considerando que el SMVM debe ser una referencia mínima que refleje en un valor normativo los elemento biológicos, subjetivos, históricos y culturales que precisa un trabajador sin carga de familia para su reproducción social, se observa que los valores homologados distan de cumplir esta objetivo: en el mes de Julio se pautó una actualización desglosada para ubicar este nivel en $5.588 a partir de  Agosto 2015 y llevarlo a $6.060 en Enero 2016. A la luz de los resultados provistos por las Encuestas Nacionales de Gastos de Hogares del año 1996/7 y la última realizada correspondiente al año 2004/5 realizada por el INDEC surge que, de manera aproximada, una  canasta para la reproducción de la vida de un trabajador sin carga de familia, a precios estimados para Enero 2016 estaría en torno a los $ 8.176,0 que en términos brutos implica un total de $9.851. Según el Art. 116 de la Ley de Contrato de Trabajo N º 20.744 el Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVM) previsto por el Art. 14 bis de la Constitución Nacional debe reunir las siguientes características para cumplir de manera adecuada con su finalidad “(…) es la menor remuneración que debe percibir en efectivo el trabajador sin cargas de familia, en su jornada legal de trabajo, de modo que le asegure alimentación adecuada, vivienda digna, educación, vestuario, asistencia sanitaria, transporte y esparcimiento, vacaciones y previsión.” Por otro lado, la Ley de Empleo contempla esta cuestión en su artículo N º 135 al considerar que será el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo el encargado de definir una “canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo, vital y móvil, …”. Por lo tanto, el incumplimiento en esta materia es por partida doble: 1) Por un lado, el Consejo de Salario no establecelos lineamientos para la definición de una canasta básica que se convierta en un elemento de referencia para la determinación del salario mínimo y 2) vulnera la ley al establecer un salario mínimo que sólo cubre el 60% de las necesidades básicas.

Los hijos de los trabajadores del Sector Público Argentino cobran distintos valores de Asignaciones Familiares por hijo

Pese a los avances que en esta materia se han verificado en los últimos años, se mantiene inmutable un esquema discriminador, injusto y heterogéneo que paga salarios familiares a los hijos de los empleados del Estado según la jurisdicción en la que se desenvuelvan. Para ejemplificar este esquema basta con comparar que cuando el Sistema Formal de ANSES establecía la AUH en los $644, la correspondiente a Catamarca era de $60, en Santa Fe de $260, en la Ciudad de Buenos Aires $270, en Misiones de $424, en Chaco $450.

Los Trabajadores Públicos Provinciales y Municipales no cobran el Salario Mínimo Vital y Móvil

El Salario Mínimo Vital y Móvil que resulta de la actividad del Consejo del Salario alcanza a los trabajadores formales del sector privado que se rigen por la Ley de Contrato de Trabajo N º 20.744 y a los empleados de la Administración Pública Nacional. Sin embargo, no contempla a los dependientes de la Administración Pública Provincial y Municipal. Esta “laguna” en la normativa laboral implica que actualmente existen 316 mil trabajadores, el 11,7% del total del empleo público, que perciben ingresos laborales por debajo del salario mínimo.

Se vulnera el principio constitucional de “igual remuneración por igual tarea

Es necesario contribuir a compensar las desigualdades y retrasos en los niveles salariales y en las condiciones laborales de los trabajadores del sector público argentino (en sus tres niveles institucionales Nacional, Provincial y Municipal) que se verifica en las distintas jurisdicciones. En efecto, los diversos servicios que brindan los Estados Provinciales y Municipales son intensivos en trabajo (es el caso de los servicios sanitarios, previsionales, asistenciales, promocionales, etc.). Si los trabajadores que deben dar soporte material a estos servicios perciben una retribución de bajo nivel, el tipo de servicio que puedan brindar a la población de su localidad será a todas luces insuficientes y deterioradas y la disparidad salarial se reflejará en la heterogeneidad en la calidad de los servicios brindados. En términos agregados tal disparidad se refleja en las divergencias salariales entre el salario medio del Sector Público Nacional de $22.388, del Provincial $12.067 (un -46% por debajo de los “nacionales”) y del Municipal $11.511 (-48,5%) correspondientes al II trimestre del 2015.

Las evoluciones salariales no compensaron la inflación

Según la información provista por INDEC en relación al Índice de Salarios para los trabajadores del Sector Público, durante el año 2014 los salarios aumentaron un 33,9% interanual mientras que paralelamente la inflación acumulada para ese período (según la Dirección de Estadísticas de la CABA) fue del +38,0%, lo que implica una caída real del salario del 4% respecto de 2013. La declinación salarial de los estatales es  incluso más antigua: al evaluar el poder adquisitivo actual surge que éste representa apenas el 57% del salario del año 2001.

La extensiva precarización laboral en el Estado

La cantidad de ocupados en el marco de la Administración Pública Nacional se incrementó en forma continua a lo largo de todo el período en análisis; entre 2002 y 2014 se registró un alza del +56,4% (+148.312 ocupados)al tiempo que los contratados registraron un alza del +325,1%: de representar el 6,3% del total de ocupados en 2002, pasaron a hacer lo propio en un 17,1% en 2014. Esta situación viola sistemáticamente el art. 9º de la Ley 25.164, y los art. 31º  y 156º  del Decreto 214/2006: una enorme masa de trabajadores se encuentra contratado, cuando sus tareas no tienen un ápice de estacionalidad o carácter transitorio, y además en el 78% de las jurisdicciones el porcentaje de contratados supera el máximo del 15% permitido. Por otro lado unos 25 mil trabajadores que pertenecen a la planta de ocupados del Estado Nacional ganan por debajo de los necesario para vivir razón ($7.800 al 2014) por la cual consideramos que este universo debe contemplarse como parte de la fuerza laboral precarizada por el Sector Público Nacional. Resulta imprescindible también agregar, que existen otras categorías de empleo público que revisten serios límites para constituirse en empleos formales, y como tal enmarcados en el conjunto de disposiciones que contemplan los diferentes regímenes jurídicos del Estado, ya que representan claros fraudes laboral llevados a cabo por la Administración Pública que en buena parte de los casos “echa mano” a figuras del derecho comercial e incorpora trabajadores a partir de contratos de locación de servicios dejando librado al monotributo la instancia de su protección social.           Según versiones extraoficiales, la cantidad de ocupados a través de contratos de locación de obra o de servicios está entre las 15.000 y 20.000 personas. En caso de comprobarse  la veracidad de estas cifras surge que el índice de precariedad de la fuerza  laboral del SPNF asciende al 26%, lo cual implica suponer que 1 de cada 4 trabajadores del estado son precarios. Como si ello fuera poco en el último tiempo se han proliferados otras figuras precarias como: Convenios con Organismos Internacionales (es el caso de los contratos realizados bajo convenio con el PNUD, BID, BM, BIRF, etc.); Contratos a través de fondos especiales (empleados trabajan en una sede administrativa del Estado, pero cobran un salario distinto al del resto de los trabajadores estatales, rigiéndose su relación contractual por la Ley de Contrato de Trabajo); Empleados de servicios tercerizados; Pasantías y asistencia técnica.

La ausencia de estadística pública sólida, coherente y confiable sobre Empleo Público Argentino en todos sus niveles

No debería ser necesario recordar que el conocimiento constituye una herramienta fundamental para la organización interna, la lucha, la búsqueda de consensos, la toma de conciencia y demás acciones que estructuran y organizan la vida colectiva de los hombres. Es, por lo tanto,  uno de los fundamentos para llevar adelante una defensa democrática y justa de la clase trabajadora. La vulneración a este derecho es una constante de los últimos años. No sólo que no es posible contar con información detallada y debidamente desagregada del empleo público sino que a su vez las diversas fuentes de información se multiplican y generalmente no coinciden (como la correspondiente al Boletín Fiscal, al Presupuesto de la Nación, en el INDEC, etc.). Por otro lado el sitio oficial que tiene la responsabilidad de proveer la información correspondiente “Dirección Nacional de Ocupación y Salario del Sector Público” está en construcción hace tiempo y previo a ello la última información publicada correspondía al año 2004. Tampoco se publica la información sobre la cantidad de empleados municipales y sus distintos regímenes jurídicos de contratación. Lo mismo sucede a nivel provincial. Tampoco se dispone datos salariales desagregados.

Persiste la deuda del 82% móvil con nuestros jubilados

El 82% móvil es una antigua reivindicación de los trabajadores argentinos que aparece, inicialmente, con la sanción de la ley 14.499 (BO 17/10/1958) de jubilaciones y se prolonga con la sanción de las leyes 18.037, 18.038 y en diversos regímenes especiales como los de las leyes 22.955, 22.929, 24.016 y 26.508. Ese porcentaje mítico, defendido en la acción, y reclamo cotidiano, por los trabajadores activos y jubilados, refleja la vigencia del principio de proporcionalidad y el carácter sustitutivo que tienen las jubilaciones en nuestro sistema constitucional y la necesidad de restablecerlo para garantizar certidumbre en las prestaciones previsionales. Muy lejos de alcanzarlo, actualmente la tasas de sustitución no llega al 35% del salario.

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